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Cinco retos educativos para Euskadi

Proponemos cinco retos para la educación vasca en la iniciada legislatura, señalándose posteriormente (en un post que pronto publicaremos) cinco condiciones imprescindibles que parecen necesarias para la consecución de los objetivos enunciados, resaltando un elemento que ha faltado en toda la historia del autogobierno de las últimas década, el Liderazgo Educativo

Las metas encadenadas que debería anunciarse desde Lehendakaritza en los  próximos días podrían ser, sugerimos, las siguientes:
  1. Disponer de una primera Ley de Educación Vasca alcanzada con un amplio acuerdo en el parlamento vasco. Esto, con seguridad, requeriría previamente el siguiente empeño.
  2. Lograr un nuevo Acuerdo Escolar, heredero del Pacto Escolar de 1992 que fructificó en la Ley de Escuela Pública Vasca y la Ley de Cuerpos Docentes, y que ha sido muy positivamente valorada por toda la comunidad educativa. A su vez, y para equilibrar las redes escolares, convendría anterior o simultáneamente la próxima meta.
  3. Establecer una nueva organización de la Red Pública de Escuela Vasca, agrupada bajo un organismo público que bien podría denominarse Hezikidetza.
  4. Todos los avances debieran socializarse bajo una amplia campaña de difusión que transmitiese y posicionase a la ciudadanía vasca en pro de la prioridad de la educación, en todos sus ámbitos y edades, con solución universal. Sólo movilizando a familias y sociedad por por la interculturalidad, el plurilingüismo, la formación y la cultura se instala un país en los niveles de felicidad y convivencia a los que hemos de aspirar.
  5. Apostar por el éxito escolar universal, (en las enseñanzas básicas y obligatorias) de todas las alumnas y alumnos. Ya no basta que una sociedad ofrezca un pupitre a cada escolar, sino que ha de asegurar que - a lo largo de su trayectoria de escolarización- cada miembro del alumnado descubrirá su talento personal y elegirá su opción vital para convertirse en una persona integralmente formada (y ello también significa, con un destino profesional factible). 
 Otros posts con Ideas para la Educación, 100i4e

Futuro educativo de Euskadi tras el 21O #100i4e

Estamos a siete semanas de la convocatoria electoral en Euskadi (y en Galicia) el 21 de octubre de 2012, y en el comienzo de un nuevo curso académico. Y corresponde hablar de futuro y de educación. Cada nuevo ejercicio, como este curso 12-13, es una gran oportunidad de reinventar la educación. El triste año 2012 , y la crisis general sentida (fuerte subida del IVA, perspectivas negras en economía, depresión laboral generalizada,...) nos estimula a responder con una escuela innovadora que ofrezca esperanzas verosímiles para toda la sociedad a corto, medio y largo plazo.

Somos muchas las personas interesadas en educación que creemos que la enseñanza formal ha de orientarse y revalorizar el aprendizaje para que se produzca dentro y fuera del entorno escolar, dentro y fuera de los limitados calendarios y horarios lectivos. Conviene que la ciudadanía aproveche esa inmensa oportunidad del período prelectoral para promover un debate abierto sobre todos los aspectos involucrados en la primera y principal inversión social: la educación.

Hemos de reflexionar y comprometer a todas las formaciones políticas, a fin de que se involucren en la educación y lo designen como un tema trascendente de primer orden, convergiendo que es necesario e imprescindible más que nunca que se genere un pacto educativo sostenible entre los principales y diferentes partidos. Todo con ánimo de concertar grandes acuerdos de país para mantener toda la inversión educativa, algo que siempre resultará fructífero, aunque tarden en percibirse algunos de sus efectos (quizá los económicos).
Para animar la reflexión general, aportamos una primera participación con algunas ideas generales y seguimos un hashtag en Twitter #100i4e (Cien Ideas para la Educación). Comenzaremos con diez sugerencias iniciales, que pueden ser o no compartidas, matizadas,... en los comentarios o en #100i4e.
  1. La educación es tan importante que no puede quedar sólo en manos de la política, o de la administración, o de patronales y sindicatos, o del profesorado, o del alumnado, o de las familias,... Es un tema clave de la totalidad de la ciudadanía, que debe ser vigilante con cuánto requiere y cómo ser gestiona, como la mejor inversión social.
  2. Todo el sistema educativo debe primar y centrarse en el alumnado (y en las familias mientras el alumnado sea menor de edad) como el núcleo de atención sobre el que articular las propuestas de aprendizaje. Toda la acción de la docencia y de la administración ha de estar al servicio del alumnado. Nuestra razón de ser y a quien servimos es el alumnado (y sus familias).
  3. Consideramos que la pluralidad de ofertas escolares (con diversidad de titularidades, modelos pedagógicos,...) es un elemento muy valioso y característico de la educación vasca. Esta peculiaridad da dinamismo a nuestro sistema e impulsa la mejora en la gestión. Esa pluralidad debe protegerse con medidas que apoyen la adecuación a las demandas del alumnado (y de sus familias), que son las que deben regir la planificación educativa.
  4. Para que la red de titularidad pública, la mayor de las actuales, actúe como una red educativa (como Kristau Eskola, Partaide,...) debe estar organizada como una “Hezikidetza”, poniendo en juego la totalidad de sus recursos humanos, de modo que la administración educativa (con alguna semejanza con la sanitaria) vele por el conjunto de la educación vasca con unos conciertos generales a sus diferentes redes escolares.
  5. Una educación del siglo XXI debiera asegurar como un nuevo derecho humano el éxito escolar (en las enseñanzas básicas y obligatorias) de todas las alumnas y alumnos, ofreciendo centros diversificados con modelos variados que sean del agrado y permitan elegir a las familias (incluso, y especialmente, en un sistema público no homogéneo). También es preciso vincular más al profesorado con el éxito académico del alumnado a su cargo.
  6. El profesorado y las direcciones escolares son las piezas esenciales para que una sociedad se dote de una correcta y eficiente educación, con una amplia capacidad de autonomía a nivel de centro, departamento, etapa,... La formación inicial y continuada, así como la carrera profesional, son aspectos a cuidar en la organización de la enseñanza.
  7. La evaluación constante, combinada (externa e interna) y contextualizada debe garantizar la equidad y la calidad de todo el alumnado, de todas las aulas, de todos los centros, de todas las redes, así como de la administración, inspección, servicios de apoyo,...
  8. Las competencias (como la de aprender a aprender), los lenguajes naturales (euskera, castellano, inglés,...) y los metalenguajes matemático, científico, tecnológico y digital son la columna vertebral del currículo de las primeras etapas educativas. Para su debida consecución deben establecerse niveles y objetivos perfectamente definidos antes de finalizar las sucesivas etapas escolares.
  9. La educación digital debe transformar y mutar la escuela que recibimos del siglo XIX, potenciando nuevas realidades de aprendizaje con una comunidad abierta por el cauce de un Internet omnipresente y accesible a través de dispositivos móviles (smatphones, tablets,...) a nuestro alcance en todo momento y lugar. Su generalización abrirá el entorno escolar a las familias y al conjunto de la sociedad, que podrá participar por nuevas vías.
  10. Es urgente un amplio "Acuerdo Escolar" que abarque a todo el sistema educativo vasco, algo no alcanzado tras 30 años de autogobierno, y que complete el "pacto escolar" de 1993 (que sólo cubría la mitad del sistema con una "Ley de la Escuela Pública Vasca" y que estaba programado durar, a lo sumo, para siete años).
¿Alguien más se suma a este decálogo? ¿Qué le falta o qué le sobra? ¿Detallamos más? Lo haremos en próximos posts. Lanzamos el debate como un meme dirigido a toda la comunidad educativa, dentro o fuera de Euskadi, buscando la innovación educativa. ¿Alguien recoge el guante?

Más entradas sobre las 100 Ideas para la Educación, también en Twitter #100i4e, y en blogs como el de Josu Sierra (antecedente del debate),... Las imágenes corresponden a centros escolares más bellos del mundo.

Cuestionario sobre la LOMCE

Extracto del cuestionario-base de nuestra entrevista (y segunda parte de la entrevista) realizada Idoia Alonso, especializada en educación en el diario DEIA,  sobre Anteproyecto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). 
La imagen es de Pablo Viñas, también de DEIA. Se tomó en el centro Askartza Claret, ante la urgencia de la publicación, y cuando íbamos a recoger a nuestro nieto. El libro, para  que nos identificase el fotógrafo una lluviosa tarde, es el último informe del Consejo Escolar de Euskadi, "La Educación en Euskadi, 2008-2010", una valiosa fuente de información.
Seguirá un post extenso con nuestras posiciones, que se remitió previamente para establecer un cuestionario. Más entradas sobre la LOMCE.
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- Desde el punto de vista técnico, ¿cómo definiría la LOMCE?
La LOMSE es, técnicamente, un anteproyecto mal redactado y socializado, carente de un diagnóstico elaborado, pobremente abierto a aportaciones, discordante entre sus objetivos y sus propuestas, desconocedor de la pluralidad educativa y lingüística del Estado, y –me temo- conducente a una regresión pedagógica. Todo apunta que habría que reabrir un clima más profesional, más abierto, menos impositivo y menos regulador para evitar la oposición total que se ha desatado. 

- ¿Cree que el contenido y las medidas que propone se corresponden con los objetivos de mejorar el nivel educativo y reducir el fracaso escolar? ¿Por qué? 
Por muchas de las razones que hemos expresado anteriormente, que demuestran la contradicción entre lo deseado y lo programado. Por ejemplo, se habla del alumnado como razón y eje, y de la búsqueda del éxito escolar, pero las propuestas conducen un mayor fracaso escolar, con una segregación prematura de quienes se rezaguen, en lugar de reforzar su aprendizaje. Se insiste en las pruebas normalizadas externas, pero se minusvaloran las evaluaciones del profesorado continuas y contextualizadas. Se alaba la autonomía de centro, pero se reduce el peso de la comunidad educativa (familias,…) en su gestión. 

- ¿La escuela vasca corre el riesgo de que baje el nivel? 
No y sí. Me explico: Una Ley, por muy general que sea, ni sube ni rebaja el nivel, y menos de forma automática y a corto plazo. Pero sí puede afectar, de modo grave y negativo, si se aplicase la LOMCE en sus términos actuales. Por los efectos perversos de clasificar al alumnado, generar más fracaso, centrarse superar en las “reválidas”, y unificar objetivos y estrategias. 

- ¿Las reválidas externas que plantea por parte de un órgano independiente cuenta con las suficientes garantías para el alumnado euskaldun? 
La redacción actual no ofrece detalle, ni garantiza por tanto, un correcto y justo tratamiento lingüístico de dichas pruebas. Y menos aún si, como si se confirmase el actual artículo 29.4 donde se señala: “Los criterios de evaluación –esto es lo nuevo y peor- y las características de las pruebas serán establecidas para todo el Sistema Educativo Español por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que también diseñará las pruebas y establecerá su contenido para cada convocatoria” . 

- ¿Cree factible que se aplique esta legislatura (estatal, supongo, fin de 2015)? 
Difícilmente, porque el calendario fijado, aunque se aprobase en este semestre de 2013 y con el retraso del último borrador, prevé que –sin considerar las pruebas con carácter diagnóstico- la primera prueba general sería para 2º de Bachillerato en el curso 15-16. Lo negativo es que el marco de la LOMCE, si no se renegociase, podría mediatizar y yugular un posible Acuerdo Educativo en Euskadi. Aunque, la alternativa ideal sería avanzar y materializar una Ley de Educación Vasca, con amplio consenso social y educativo.   

- Una de las principales críticas que persigue a la LOMCE es que ofrece café para todos... 
No deseamos una reforma que, con pruebas normalizadas diseñadas desde la lejanía centralizadora, aumente una selección prematura que margine a más alumnado. Por el contrario, necesitamos complementar con evaluaciones externas la evaluación continua interna y contextualizada, a fin de minimizar el fracaso escolar, actuar con refuerzo educativo inmediato y eliminar la tasa de abandono escolar de la población joven. 

- ¿Dónde quedan conceptos como la educación individualizada? 
La LOMCE amenaza convertirse en una cama de Procusto que cortará los pies, o la cabeza, a quien destaque o no se ajuste a esa norma promedio. No puede pedirse un mismo traje que se adapte a todo un inmenso universo de alumnado. ¿La polarización del debate en lo identitario es buscado? El debate generado es poco pedagógico, nada racional, se alientan descalificaciones nada educadas ni construcctivas, resulta demasiado corporativo, desperdiciando la oportunidad de aportar estrategias. ¿Quién piensa en el alumnado? 

- Y entre tanta descalificación, ¿hay algo positivo en la Ley Wert? 
El equipo de Wert acierta cuando explicita y denuncia las debilidades del sistema educativo, aunque lo haga bajo la hipótesis de que es uniforme, dado que coexisten aspectos comunes,… aunque con gravedades nada comparables. Hay que rebajar las tasas de abandono escolar escandalosas, el escaso rendimiento del uso de TIC allí donde por Escuela 2.0 se aplicaron, es inaceptable una proporción de alumnos excelentes, de apenas el 3%, lo que supone la tercera parte de la media de la OCDE. También es necesario reducir la tasa de repetición, que en el Estado supone que, a los 15 años, casi el 37% del alumnado haya repetido curso al menos una vez. 

- ¿Qué opina del apoyo explícito a los centros que segregan por sexo? 
En la LOMCE hay cabida para propuestas de educación diferenciada, con respaldo legítimo de algunas familias y que la UNESCO en su “Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza” de 1960 salvaguarda específicamente en su artículo 2a. 

- ¿Las reformas que se proponen mejorarán el nivel educativo? 
En cuando a la competencia lingüística (y otras) se entremezclan, intencionadamente, objetivos con metodologías. Establezcamos consensuadamente niveles finales y parciales mínimos, y no entremos en inmersión o no. La propuesta de la diferenciación curricular del curso 4º de ESO es un engendro, nacido de no saber cómo satisfacer, aunque sea de un modo excéntrico el compromiso electoral del PP de un Bachillerato de tres años. Y es que esta medida significaría o retrasar en un año la salida hacia Grados Superiores de FP o la Universidad –inasumible en coste- o cursar obligatoriamente todo el alumnado un curso de Bachillerato. 

- ¿La LOMCE es un señuelo político del PP no hablar de otros temas de calado como la crisis, la corrupción política o el paro? 
 Hay aspectos, como el calendario de aplicación, que ha ido cambiando en los tres borradores, pero que no tendrá efectos académicos antes del curso 16-17. Por otro lado, está el encarecimiento que puede significar el 4º de ESO con dos modalidades totalmente diferentes, que hace que un grupo actual pueda diversificarse con sólo un coste de 9 horas docentes, podría pasar a 30 o de los 3 ó 5 Bachilleratos. 

- Entonces, ¿cree que después de todo la LOMCE no se aplicará esta legislatura? 
 Este mismo calendario, válido en el caso de aprobarse la LOMCE en este semestre de 2013, parece haberse retrasado un año, y no tendrá efectos académicos (sí de diagnóstico) hasta el curso 16-17. No obstante, parece la reforma de 2º de Bachillerato sería aplicable en el 15-16 (fuera ya de la legislatura actual en el Estado). 

- Y mientras tanto, ¿qué debería hacer el Parlamento Vasco para contrarrestar los efectos de la LOMCE? 
El Parlamento Vasco, inexcusablemente, debe promulgar y proclamar en esta legislatura autonómica una primera Ley de Educación Vasca, consensuada con amplio respaldo político y social. Nuestros referentes de excelencia y equidad deben ser los máximos de la OCDE, porque nuestra inversión educativa es de las más altas del mundo (en valores absolutos, no sólo relativos al PIB, sino incluso en valores absolutos), si bien no hay que desconocer el nivel educativo-cultural de nuestros ancestros (algo que siempre pesa en los resultados comparativos). 

- A ciertos sectores la oferta lanzada por la consejera Uriarte a Wert les ha descolocado. ¿Qué opina usted? 
 Más razonable que la posición de Isabel Celaá, que junto a las CC.AA. socialistas pidió la retirada del anteproyecto, parece más política y educativa la actitud, igualmente firme, pero dialogante, que ya ha mostrado la nueva consejera Cristina Uriarte, apelando a lo establecido en el Estatuto de Gernika. 

- Desde su punto de vista, ¿cómo se debería abordar la reforma educativa en Euskadi? 
 Habría que alcanzar un acuerdo estable que transcienda la coyuntura política para el 2020, ó 2030, trabajando por décadas,… Es necesario cerrar un “pacto escolar” para superar la leyes de Escuela Pública Vasca y Cuerpos Docentes Propios están agotadas, y siguen sin cubrir el conjunto de la Educación no universitaria. Además, no son garantes de estabilidad para el futuro ni siquiera a corto plazo. 

- ¿Un pacto escolar entre quienes? 
 Un pacto no sólo entre los principales partidos políticos, ni siquiera con todos los partidos políticos, sino convenciendo a la ciudadanía, a los agente. Ya no sirve, y menos en educación, las Leyes Orgánicas, ni los Boletines Oficiales ante los riesgos ciertos de que avancen los desafíos de la desescolarización de la sociedad. 
 
Conversación en Twitter: #LOMCE.
Otros posts con Ideas para la Educación, 100i4e.

Campeonato Escolar de Ajedrez de Bizkaia

Campeonato Escolar de Ajedrez de Bizkaia 2024
Ha comenzado el Campeonato Escolar de Ajedrez de Bizkaia 2024. Hoy, día 28 de enero de 2024, de acuerdo con el calendario previsto se ha celebrado el primero de los torneos individuales. Este año los torneos clasificatorios serán zonales y hay dos zonas. Los participantes podrán participar en los torneos de la zona a la que han sido asignados sus equipos. 

Un espectáculo ha sido ver en el Santurtzi Polideportivo Mikel Trueba durante toda la mañana (de 9:30 a 14:30) de un domingo soleado de enero, todo el evento con tres categorías (Benjamín, desde 9 años), Alevín e Infantil. Toda bajo la perfecta organización de la Federación Vizcaína de Ajedrez.
Lista con algunos vídeos y álbum de imágenes. Campeonato Escolar de Ajedrez de Bizkaia 2024 Y dos semanas después, el domingo 11 de febrero de 2024 en el Polideportivo Sakoneta de Leioa,...

Diez medidas educativas en pro del alumnado

Continuando con las 100 Ideas para la Educación, en Twitter #100i4e, abrimos un debate sobre propuestas específicas para motivar y animar a la consecución de un alumnado responsable y que apueste con su propia educación. Podríamos haberlo titulado como medidas que contrariarán a "determinado alumnado" (luego seguirán decálogos destinados a familias, profesorado, sindicatos y patronales, editoriales,... y anteriormente hubo 10 medidas generales y 10 sugerencias disruptivas), algo que llamaría más la atención, pero preferimos un tratamiento en positivo.

En el decálogo del alumnado, protagonista de la educación, más proyectado en las etapas desde infantil hasta educación terciaria (FP o universitaria recomendable para la totalidad), sugeriríamos los siguientes enunciados:

1. Cada alumna y cada alumno debe saber, con la consciencia que su edad les permita, que el factor más decisivo de su éxito escolar es ella o él mismo (cada miembro del propio alumnado). Así como es en primera persona el beneficio que se logre de por vida como resultado de su proceso educativo.

2. En el denominado "'éxito escolar" (debidamente entendido como se explicaba en el post inicial de la serie), la actitud hacia el aprendizaje y el esfuerzo dedicado del alumnado es más determinante que sus aptitudes teóricas. La "cultura del esfuerzo" y la perseverancia en la tarea educativa serán emblemas del alumnado que hemos de promover, y aspectos a valorar en una "evaluación continua por créditos".

3. El alumnado conocerá sus derechos y deberes vigentes en cada momento, así como proponer modificaciones y mejoras para actualizar la normativa vigente. Fórmulas como los "contratos educativos de aprendizaje" permitirían visualizar el compromiso recíproco que el alumnado contrae con la sociedad, a través del sistema educativo.

4. Se reconocerá socialmente el estatus de estudiante (y, en su caso, el de becario) a través de un carnet individual a partir de una edad mínima. Estar estudiando de modo reglado es un estado personal que debe disfrutar de algunas ventajas en el seno de la sociedad, por el beneficio que redundará de ello al conjunto de la ciudadanía.

5. El alumnado asumirá responsabilidades crecientes, acordes con su edad y formación, en las aulas, los centros y otros ámbitos escolares. Estas tareas incluirán la atención hacia sus condiscípulos y condiscípulas, de edad semejante o inferior, así como alcanzar su propia y máxima autonomía personal tan precozmente como sea posible, siempre con la seguridad de no asumir riesgo innecesario alguno.

6. El alumnado participará en las decisiones de la Comunidad Escolar de modo directo tan pronto como su edad lo permita, con todo el peso propio que corresponde para quien es el centro y la razón educativa, asumiendo las responsabilidades que conlleve las resoluciones adoptadas. Se revalorizará de la figura discente de Delegado de Grupo, y de la Comisión Escolar de Representantes del Alumnado, dotando detrascendencia las elecciones anuales de Representación del Alumnado en los centros escolares, con campaña de presentación de candidaturas y como inicio a la participación democrática.

7. El alumnado garantizará, como el primer interesado, el clima de orden u disciplina del aula y del centro y el trato respetuoso general, de modo que el entorno facilite el aprendizaje conjunto con una estructura de roles diferenciados entre menores y mayores de edad.

8. El alumnado comprenderá el valor de contribuir, cooperar y beneficiarse del grupo de condiscípulos y condiscípulas del que forma parte (presencial o no), reconociendo que su influencia es crucial a corto, medio y largo plazo.

9. El alumnado, alcanzada la edad legal, podrá compatibilizar sus estudios con el trabajo (además, por supuesto, de las prácticas establecidas y de otras meritorias fórmulas de voluntariado a promover). El sistema educativo favorecerá, al máximo, esa formación dual, a fin de minimizar el paro juvenil y eliminar el porcentaje de personas que ni estudian ni trabajan.

10. El alumnado, de acuerdo con su edad, conocerá la inversión social que se destina a su propio crecimiento y a su preparación personal, social y profesional, correspondiendo con su actitud definida y su voluntad decidida al esfuerzo que la sociedad le dedica.

Acuerdo educativo vasco: Debate con parlamentarios

De acuerdo con la convocatoria de Kristau Eskola en pro de un acuerdo educativo vasco, hemos podido acercarnos sólo una hora a la Mesa final, de los portavoces parlamentarios de la Comisión de Educación en el Parlamento Vasco: Arantza Aurrekoetxea (Euzko Abertzaleak-Nacionalistas Vascos), Vicente Reyes (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak), Iñaki Oyarzábal (Popular Vasco-Euskal Talde Popularra), Mikel Basabe (Aralar), Juanjo Agirrezabala (Eusko Alkartasuna), Mikel Arana (Ezker Anitza-IU) y Gorka Maneiro (UPyD).

Entre periodistas parlamentarios se suele decir, y lo sabemos de buena fuente, que no seas tan profuso y difuso como los portavoces educativos. Y esto ha parecido corroborarse hoy. Se les ha pedido una ronda de tres minutos, y sólo los cinco primeros que han intervenido han necesitado el triple para decir lo que hemos recogido en el vídeo superior (en euskera y castellano).

Hace tres años, otra Mesa redonda sobre la Educación Vasca convocada por Partaide (la segunda gran patronal de la enseñanza concertada vasca), tuvo lugar muy cerca con los mismos o parecidos portavoces. Los de EAJ-PNV, PSE-EE y PP eran exactamente los mismos. Incluso en el PP, el mismo Juan Carlos Castaño hubo de sustituir al inicialmente programado Iñaki Oyarzábal. Puede verse el vídeo de aquella anterior ocasión, donde los partidos intervinieron de menor a mayor representación.

Han pasado demasiados años desde el "Pacto Escolar" de 1992, y la educación vasca sigue sin una Ley que la regule en su totalidad (sólo queda la Ley de Escuela Pública Vasca de 19 de febrero de 1993). Parece que sólo Kristau Eskola y Partaide, en los últimos años han animado a un debate macro-educativo que no parece recibir el interés de los principales partidos políticos. Las razones pueden ser múltiples, pero probablemente una de los principales obstáculos sea la incapacidad de llegar a unos mínimos acuerdos (incluso en una materia tan estratégica).
Acuerdo educativo vasco: Debate con parlamentarios
Ante lo que parecía, y es una humilde opinión, cubrir el expediente y pasar página, hemos grabado los primeros 40' y seguido con nuestras cotidianas obligaciones que nos reclamaban en otro lugar. En la única foto, anexada sobre estas líneas, aparece el último de los portavoces a quien no hemos podido grabar.

[Actualización: Conclusiones de esta Mesa por partido en la web oficial del Simposio.]

La religión en la escuela

Mikel Agirregabiria / Pedro Pablo Arrinda [1]

La enseñanza de la Religión ha cambiado de estatuto y de orientación con la nueva Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE). Este artículo, basado en los datos recopilados por el profesor Rafael Artacho, analiza esos cambios y propone un camino para configurar una enseñanza de la Religión dentro del Sistema Educativo Vasco. La Religión en la escuela ha sido una de esas asignaturas pendientes, irresuelta después de 25 años de transición política en el Estado español. Durante los años del régimen del General Franco la enseñanza de la Religión Católica en la escuela fue una asignatura obligatoria para todos. El Estado era confesional y la escuela era confesional. La Constitución de 1978 consagró la libertad religiosa como un derecho fundamental, así como el derecho de los padres a elegir libremente la educación religiosa y moral de los hijos; un derecho del cual la Constitución hace garantes a los poderes públicos (Art. 27,3).

En este contexto tuvo lugar el 3 de enero de 1979 la firma de los Acuerdos sobre enseñanza y asuntos culturales entre el Estado español y la Santa Sede, introduciendo en la legislación tres novedades fundamentales: Primera, que esta enseñanza sería obligatoria en todos los Centros escolares, aunque de voluntaria elección por parte del alumnado (o de sus familias), sin que ello supusiera discriminación académica, ni para los que elegían seguir la asignatura ni para los que la dejaban. La segunda novedad era el profesorado no sería obligado a impartir la asignatura de religión. Y la tercera, la que se reconocía a la jerarquía episcopal el derecho de seleccionar y conceder o denegar la missio canonica para nombrar profesores de Religión, a fin de cubrir las plazas docentes de Religión Católica. Estas tres novedades de los Acuerdos dieron lugar a dos efectos prácticos, asentados durante años en la indefinición. El primer efecto fue la creación de una asignatura alternativa a la Religión Católica. Y el segundo, la creación de una plantilla de profesores de Religión en la escuela, nombrados directamente por el Ordinario de las diócesis. En principio, éstos tuvieron carácter de voluntarios, reclutados sobre todo entre catequistas parroquiales, independientes de cualquier titulación académica. Poco a poco, este grupo de “voluntarios suplentes” fue dando paso a un cuerpo de profesorado con un estatuto contractual y retributivo extraño y ajeno en lo previsto en las leyes de Función Pública.

Con la llegada de la LOGSE, ni el tema del currículo de Religión, ni el tema del profesorado lograron una solución adecuada. Fueron tres las objeciones que, repetidamente, se formularon contra la enseñanza de la Religión en la escuela y contra su estatuto como asignatura curricular. La primera impugnación aducía que se trataba básicamente de una situación de privilegio que los Acuerdos Santa Sede-Estado otorgaban a un grupo religioso determinado, en un Estado constitucionalmente no confesional. La segunda discrepancia radicaba en que para mantener este privilegio propio de algunos alumnos (los católicos), se obligaba a todos a mantener una asignatura adicional en el currículo (Religión o su Alternativa). El tercer reparo señalaba que la Religión es fundamentalmente una vivencia que no puede reducir su estatuto a lo exclusivamente académico.

Todo este cúmulo de hechos e interpretaciones hizo que la cuestión de la Religión en la escuela se presentara a la opinión pública como un asunto pendiente solamente entre la Iglesia y el Estado y no como una cuestión irresuelta de resolver dentro del propio sistema educativo. Este es el contexto en el que hay que situar la nueva regulación de la enseñanza de la Religión en la escuela, que realiza la LOCE, en su disposición Adicional Segunda, y que configura un nuevo modelo de enseñanza de la Religión. Se crea un área denominada Sociedad, Cultura y Religión, obligatoria para todo el alumnado, pero con dos modalidades: Enseñanza Religiosa Confesional o Enseñanza No Confesional de la Religión. En el primer caso (Enseñanza Confesional), el alumnado sigue cursos de Religión y Moral de cualquiera de las Confesiones religiosas, frente a quienes eligen la Enseñanza No Confesional, con un programa que les llevará al conocimiento tanto de los sustratos religiosos de la cultura actual de Occidente, como de las religiones que sustentaron las grandes culturas de la Humanidad.

¿Cuáles son las diferencias que la nueva situación presenta respecto de la LOGSE? En primer lugar, está en la estructura del área. La LOCE establece un área curricular de Sociedad, Cultura y Religión, universal y obligatoria para todos, creyentes y no creyentes. Confesional o No Confesional son pura y simplemente diferentes modalidades de un único currículo. En la LOGSE mientras unos alumnos seguían el currículo de Religión, otros realizaban alguna actividad alternativa. Otra diferencia estructural es que el seguimiento del currículo de Sociedad, Cultura y Religión en cualquiera de sus formas, queda reflejado con esta denominación en el expediente académico del alumno y consignados los resultados de su evaluación.

La innovación de la estructura curricular en la enseñanza de la Religión es consecuencia de una innovación de mucho mayor alcance: la configuración jurídica. En la LOGSE -también en la Disposición Adicional Segunda- la enseñanza de la Religión en la escuela se sustentaba, como base jurídica, en la referencia a los Acuerdos sobre enseñanza y asuntos culturales firmados entre el Estado español y la Santa Sede. Naturalmente, estos Acuerdos sólo eran válidos para la enseñanza de la Religión católica por lo que el texto de la LOGSE se hacía extensible a otros posibles Acuerdos que se pudieran establecer entre el Estado español y otras confesiones religiosas que vinieron después. La LOCE, por su parte supone una configuración jurídica de la enseñanza de la Religión: La existencia de un Área de Religión se establece en cumplimiento del precepto constitucional que obliga a los poderes públicos a garantizar la libre educación religiosa y moral de los ciudadanos. La base jurídica no está, pues, en los Acuerdos sino en la propia Constitución.

Pero hay dos puntos débiles en la ordenación legal de la enseñanza de la Religión diseñado en la LOCE. Se trata, en concreto, de la Evaluación de la asignatura, y del profesorado responsable de impartir los programas de Religión Confesional como No Confesional. Los Decretos sobre el currículo de la LOGSE convirtieron la Religión en una asignatura no evaluable. Se argüía que una vivencia no debía ser objeto de evaluación académica. Quien así argumentaba entonces, desconocía que la naturaleza de la enseñanza escolar de la religión, se diferenciaba -al menos oficial y teóricamente- de la catequesis desde 1979. Para evitar la discriminación académica se estableció que la nota de religión no concurriese a la hora de establecer la nota media a efectos supra-curriculares.

Creemos que suprimir la evaluación es desnaturalizar el carácter de disciplina escolar de un área de conocimiento. La valoración con notas ofrece una función reguladora y orientadora en la propuesta y en el logro del aprendizaje. Eliminar la evaluación equivaldría a hacer inoperantes las metas del aprendizaje. Cualquier menoscabo de la evaluación de la nueva área de Sociedad, Cultura y Religión llevaría irremediablemente a convertirla en una asignatura ‘maría’, reducto de mojigaterías bienintencionadas más propias de beaterio que de la institución escolar. Por ello, nuestra opinión es que esta área curricular debe ser evaluable, con informe a las familias como en cualquier otra asignatura, pero no computable a efectos extraacadémicos de expediente escolar, tales como la obtención de Becas o de Selectividad (o Prueba General de Bachillerato), como en la etapa LOGSE, dado que las diferentes opciones no confesional o confesionales en sus distintas religiones ofrecen variantes que no pueden asegurar un criterio equitativo, más aún por la procedencia múltiple de su respectivo profesorado.

Éste es el segundo problema que afecta al área de Sociedad, Cultura y Religión en la escuela: la cuestión del profesorado. El profesorado actual que imparte Religión Confesional se rige ante todo por los Acuerdos establecidos entre el Estado español y las diferentes Confesiones religiosas. Pero la situación legal es distinta según se trate de los profesores de la Religión Católica, o de los profesores de Religiones pertenecientes a las Confesiones judía, islámica o evangélica, que son las que en este momento tienen un concierto con el Estado. Los profesores de Religión católica son propuestos cada año por la jerarquía católica y establecen una relación contractual con las administraciones educativas. En general, en estos Acuerdos la enseñanza de la Religión en la escuela no se considera como parte del currículo, y en consecuencia no existen ni requisitos, ni derechos en el régimen de este profesorado. Es evidente, a la vista de los datos que la normalización de la situación del profesorado de Religión Confesional constituye un requisito indispensable para la normalización real y efectiva de la asignatura.

Parece legítimo, por una parte, que los responsables de las diferentes confesiones religiosas mantengan competencias en la gestión del currículo y el nombramiento, valoración y seguimiento de los profesores que imparten la enseñanza de su confesión religiosa. Pero, desde la nueva situación de la enseñanza de la Religión y desde los fines de la escuela es igualmente exigible que se trata de una responsabilidad compartida con el Estado, o mejor con los Gobiernos autonómicos que ya disponen de plenas competencias educativas, en una situación de trasferencias escolares muy diferente de la que regía en 1979. Por tanto, la Administración Educativa no puede inhibirse de su responsabilidad en un especie de subcontrata acordada con las jerarquías religiosas. Una de las fórmulas para compartir esta responsabilidad entre el Estado y las Confesiones Religiosas podría ser el modelo vigente en Italia. Allí los profesores de Religión deben de acreditar su preparación en materia de Religión y Moral y su Didáctica específica, ante las autoridades religiosas; y deben de probar su competencia pedagógica escolar ante las autoridades educativas. Sólo en el caso de demostrar su competencia ante las dos instancias una candidatura puede tener acceso a la función pública como profesorado de Religión. Así mismo, la Administración Educativa debe asegurar por su parte que este profesorado debidamente homologado disponga de unas condiciones laborales y salariales similares a las del resto de los componentes de los claustros docentes.

En cuanto al profesorado de Religión No Confesional, encomendar, sin más esta asignatura, al profesorado de Ciencias Sociales o Filosofía sin haber recibido una preparación específica sería un acto de irresponsabilidad. Por tanto, consideramos conveniente que se estableciesen unos mínimos de competencia profesional para que los profesores de estas áreas se responsabilicen de la Religión No Confesional. Para ello se articularían cursos de habilitación específica para el profesorado en ejercicio, y un área propia en la formación inicial impartida en las Facultades Universitarias o en los Centros de Formación del Profesorado, definiendo los estudios conducentes a la obtención de un “Certificado en Ciencias de la Religión No Confesional”.
A modo de síntesis final, concluiríamos que la presencia de la religión en la escuela es un caso paradigmático de problemática educativa, que sobre la base de una realidad asentada en décadas anteriores obliga a un esfuerzo de innovación para prestar un óptimo servicio a la sociedad y a las familias de cada etapa histórica. Son condicionantes de peso la presencia curricular en formato de una asignatura confesional optativa y un núcleo significativo de profesorado especializado en condición precaria e inestable. En un sistema educativo que se re-escribiese desde cero, quizá fuera preferible una única área curricular troncal, común, no confesional, obligatoria, evaluable y computable que persiguiese objetivos cognitivos, actitudinales y afectivos de educación en valores éticos, impartida por especialistas en “Sociedad, Cultura y Religiones”, que se complementarse por voluntarias catequesis externas o incluso internas, pero optativas y en horario extraescolar, aunque fuesen programadas regularmente por centros escolares con ideario religioso.

Por último, la enseñanza de la(s) Religión(es) posee entre otras, una función de integración social, sobre todo en una sociedad multi-religiosa. Para ello serían necesarios unos pactos básicos de las Confesiones entre sí y con la Administración Educativa, orientados a la aceptación de principios comunes que garanticen la contribución de estas enseñanzas a la función integradora de la sociedad intercultural. El primer acuerdo iría orientado a garantizar dos objetivos: Primero, que todos los alumnos tengan la posibilidad de adquirir unos conocimientos mínimos de las religiones diferentes a la opción confesional cuyo currículo está siguiendo. Y, segundo, garantizar el ejercicio del diálogo y el intercambio entre alumnos de diferentes confesiones, y su participación en proyectos sociales comunes. Ello supondría, evidentemente, una renuncia expresa a cualquier planteamiento proselitista o apologético, aunque no excluye, naturalmente, la adecuada justificación racional de las propias opciones de fe. Cada Religión debe ser plenamente consciente de que la escuela es un espacio público compartido con el resto de las confesiones religiosas y con opciones agnósticas, donde se forma conjuntamente una comunidad escolar con creyentes de distintos credos y con quienes no profesan ninguna Religión.

Miembros de la Asociación de Profesorado http://www.irakasten.org/
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Eskola eta erlijioa

Mikel Agirregabiria / Pedro Pablo Arrinda
Erlijioaren irakaskuntzak bestelako estatutu eta helburuak ditu orain, LOCE Hezkuntza Kalitatearen Lege Organiko berria dela medio. Artikulu honetan, Rafael Artatxo irakasleak bildutako datuetan oinarriturik, aldaketa horiek aztertu ditugu eta Euskal Hezkuntza Sisteman erlijioaren irakaskuntza berritzeko bidea proposatzen dugu. Espainiako Estatuan, 25 urteko trantsizio politikoaren ondoren, erlijioaren irakasgaia konpondu gabeko kontu bat da. Francoren agintaldian, erlijio katolikoa guztiei nahi eta nahi ez erakutsi beharreko irakasgai bat izan zen. 1978ko Konstituzioak, aldiz, erlijio askatasuna funtsezko eskubidetzat jo zuen eta gurasoei seme-alaben heziketa erlijioso eta morala aukeratzeko askatasuna eman zien; Konstituzioak dio, gainera, eskubide horiek botere publikoek babestu behar dituztela (27.3 artikulua). Egoera hori zela, 1979ko urtarrilaren 3an, Estatuak eta Vatikanoak irakaskuntzari buruzko akordioak egin zituzten. Eta hiru kontu berri ekarri zituzten: 1.) Ikastetxe guztietan irakasgaia derrigorrezkoa izatea erabaki zuten, baina hautazkoa izan behar zuen ikasleentzat (edo haien familientzat), eta eskolan inor ez zen baztertu behar irakasgaiari heltzea edo muzin egitea erabakitzeagatik. 2.) Irakasleek ez zuten zertan erlijioa irakatsi. 3.) Eskolan erlijioa irakatsi beharreko irakasleak aukeratzeko eskubidea Elizari aitortu zitzaion. Akordio horiek, beraz, Erlijio katolikoaren ordezko irakasgai bat ekarri zuten, batetik, eta Elizak zuzenean aukeratutako irakasle sail bat, bestetik. Irakasleok, ustez, boluntarioak ziren, zeukaten titulazioa zeukatela katekisten artetik aukeratutakoak. Gerora, «boluntario» sail horretatik, kontratu berezia zuen irakasle talde bat sortu zen, Funtzio Publikoaren legeek ziotenaz bestera.

LOGSE legea etorri zen gero, baina ez zuen konpondu, ez modu itxurosoan behintzat, ez irakasleen kontua, ez erlijioa ikasketa planetan sartzekoa. Ikasketa planetan ez sartzeko, hiru argudio erabili ziren erlijioaren kontra: batetik, pribilegiozko egoera bat sortuko zen, Vatikanoaren eta Estatuaren arteko akordioek beste talde erlijiosoei aitortzen ez zietena aitortuko ziotelako talde jakin bati, Estatua ez baitzen konfesionala; bestetik, zenbait ikaslek (katolikoek) pribilegio hori izateko, gainerako ikasleak irakasgai bat gehiago izatera behartuko zituzten, Erlijioa edo haren ordezkoa izatera alegia, eta, azkenik, erlijioa ezin bide zen eskolako irakasgai hutsera ekarri, funtsean hori baino gehiago zelakoan. Hala, bada, LOCE legeak, bigarren xedapen gehigarrian, Gizartea, Kultura eta Erlijioa irakasgaia sortu du ikasle guztientzat, nahitaezkoa. Bi aukera daude, hala ere, horren barruan: irakaskuntza erlijioso konfesionala eta konfesionalaz besteko irakaskuntza erlijiosoa. Lehenengoan, sineste guztien erlijio eta moral ikastaroak ematen dituzte; bigarrenean, munduko kultura handien oinarri erlijiosoari buruzko programa bat lantzen dute.

Zer alde dago, beraz, oraingo legearean (LOCE) eta LOGSEren artean? Bateko, irakasgaiaren egitura bestelakoa da. LOCEk Gizartea, Kultura eta Erlijioa esparrua sortu du ikasketa planetan, eta sinestunak izan, sinesgabeak izan, guztientzat da nahitaezkoa irakasgaia. Konfesionala izan, konfesionalaz bestekoa izan, biak ikasketa plan beraren bi aukera dira. LOGSErekin, ikasle batzuek Erlijioa ikasten zuten; gainerakoek, aldiz, haren ordezko zerbait lantzen zuten. Besteko, Gizartea, Kultura eta Erlijioa irakasgaian ateratako notak ikaslearen eskola dosierrean ageri dira orain, izen horrekin. LOGSErekin, arestian aipatutako akordioei esker lantzen zen erlijioa; akordio horiek, ordea, erlijio katolikoari buruzkoak ziren bakarrik, baina LOGSEk beste erlijioak irakasteko ere baliatu zituen. LOCEren arabera, aldiz, erlijioarentzako tartea nahitaezkoa da, Konstituzioak hala aginduta; hala, herritarrek nahi duten heziketa erlijioso eta morala izateko modua egitera behartzen ditu Konstituzioak botere publikoak. Oinarri juridikoa, beraz, ez dago akordioetan, Konstituzioan bertan baizik.

Gure ustez, LOCEren arau sailak bi ahulgune ditu: irakasgaiaren ebaluazioa eta eskolak eman behar dituzten irakasleak, hain zuzen ere.

LOGSErekin, Erlijioa irakasgaitik kendu egin zituzten azterketak, 1979tik erlijioaren eskolako irakaskuntza mota eta kristau ikasbidea teorian, behintzat bat ez zirela jakin gabe. Azterketak kentzean, gure ustez, jakintza arlo horren irakasgai izaera ezabatu zuten, nolabait. Notak banatzeak irakaskuntzan jarraibideak eta arauak ezartzen laguntzen du. Horregatik, guk uste dugu irakasgai honen bi aukeretan azterketak egin behar direla eta gurasoei txostena bidali behar zaiela, gainerako irakasgaietan egin ohi den moduan. Baina, gure ustez, ez litzateke kontuan hartu behar eskola dosierrean sartzeko, bekak lortzeko eta Selektibitatearen ordezko Batxilergoko Proba Orokorra egiteko; izan ere, aukera konfesionala eta konfesionalaz bestekoa izanik eta konfesionalaren barruan hainbat erlijio izanik, ez da ziurtatzen irizpide zuzena erabiliko denik.
Horixe da Gizartea, Kultura eta Erlijioa irakasgaiak duen bigarren arazoa, irakasleena. Gaur egun horiek Espainiako Estatuaren eta erlijioen arteko akordioek diotenari jarraitzen diete, batez ere. Haien egoera juridikoa ez da bat; erlijio bakoitzaren baitan dago. Hala, ez da bera erlijio katolikoko irakasleen egoera eta judaismokoena, islamekoena eta ebanjelismokoena. Erlijio katolikoko irakasleak Eliza katolikoak proposatzen ditu urtero, eta haiek kontratu bidezko lotura izaten dute hezkuntza arloko administrazioarekin. Ondo iruditzen zaigu erlijioetako arduradunek ikasketa planean eskua sartzeko aukera izatea eta beren erlijioa irakatsi behar dutenak hautatzean eta haiei azterketak egitean zer esana izatea. Baina, eskolaren helburuak kontuan hartuta, aldi berean, exijitu egin beharra dago Estatuaren edo, zehatzago, hezkuntza alorreko eskumenak dituzten erkidego autonomoetako gobernuen ardura ere badela; ez alferrik, 1979koaren aldean, eskumen aldetik oso bestelakoa da hezkuntza arloko egoera. Beraz, Hezkuntza Administrazioak ezin dio muzin egin duen ardurari erlijio bakoitzeko buruekin azpikontratu modukoak eginez. Italian indarrean duten ereduari erreparatu eta hona ekartzea litzateke ardura hori partekatzeko modua: han, Erlijioa eta Morala irakasgaia emateko jantzita daudela erakutsi behar diete Erlijio irakasleek buru erlijiosoei; baina, aldi berean, eskolak emateko gai direla frogatu behar diete hezkuntza arloko buruei. Bi horiek frogatzen badituzte lor dezakete bakarrik irakasle postua. Era berean, Hezkuntza Administrazioak ziurtatu behar du irakasleok, behar bezala homologaturik, gainerako irakasleen pareko soldatak eta lan baldintzak dituztela.

Konfesionalaz besteko irakaskuntza erlijiosoko irakasleei dagokienez, arduragabekeria galanta da gaia erakusteko lana Gizarte Zientzietako eta Filosofiako irakasleen esku uztea prestakuntza berezia jaso ez badute. Hala, gure ustez, beharrezkoa da dagoeneko eskolak ematen dituzten eta irakasgaia eman nahi duten irakasleentzat propio ikastaro bereziak antolatzea, eta uste dugu, batetik, atal berezi bat sortu beharko litzatekeela irakasle eskoletan eta fakultateetan, ikasketak hasi bezain pronto irakasgaia lantzeko, eta, bestetik, konfesionalaz besteko irakaskuntza erlijiosoko nolabaiteko irakasle agiria ateratzeko aukera eman beharko litzatekeela, horretarako zen ikasi behar den zehaztuz.

Hezkuntza arloan arazo asko daude eta Erlijioaren kontua horren adibide argia da. Urteetan irakatsi izan da erlijioa, baina berritzeko ahaleginak egin beharra dago, unean uneko gizarteari, ikasleei eta gurasoei zerbitzu onena emango badie. Bi oztopo ditu, baina: bata, ikasketa planetan irakasgai konfesional bat izatea eta hori hautazkoa izatea; bestea, irakasle taldea nabarmena eta oso espezializatua izatea eta lan egoera kaskarrean egotea. Beharbada, hobe izango litzateke ikasle guztientzat irakasgai bakarra jartzea eta hura konfesionala ez izatea, nahitaezkoa izatea, azterketak egitea eta eskola dosierrean kontuan hartzea, baina ikasitakoa balio etikoetan oinarritua egotea, eskolak Gizarteak, Kulturak eta Erlijioak sailean jantzitako irakasleek ematea eta, hala nahi dutenentzat, eskola horiek eskolaz kanpoko orduetan kristau ikasbideko kanpoko edo barruko boluntarioek osatzea.

Erlijio(ar)en irakaskuntzak herritarrak erlijio anitzeko gizartean integratzeko zeregina dauka, besteak beste. Horretarako, ezinbestekoa da erlijioek beren artean eta Hezkuntza Administrazioarekin oinarrizko itun bat egitea, eta itun horrek kultura anitzeko gizartearen funtzio integratzailea bermatuko duen irakaskuntza ekarriko duten oinarri komunak onartzeko behar luke izan. Hala, ikasle guztiek beste erlijioei buruz oinarrizkoa ikasiko lukete eta erlijioen arteko hartu-emanak ziurtatuko lirateke. Noski, horrek eskolako guztien ikasketa planean proposamen proselitistak egiteari uztea ekarriko luke. Erlijio bakoitzak jakin behar du eskola denontzako lekua dela eta gainerako erlijioekin eta aukera agnostikoekin partekatu beharrekoa dela, hau da, bertan elkarrekin eskola komunitatea osatzen dutela suerte guztietako sinestunek eta inolako erlijiori jarraitzen ez diotenek.

LOE: La Olvidada Educación

Un eclipsado debate tras 8 Leyes Orgánicas educativas aprobadas en 25 años. Demasiadas reformas para seguir distanciados de la Europa más avanzada.

La educación es una tarea generacional, prolongada a lo largo de la vida, que afecta intensivamente a los más jóvenes, en un inigualable esfuerzo colectivo donde participan familias, profesorado, alumnado y el conjunto de la sociedad. Todo ello requiere un marco político y administrativo consensuado, con vocación de larga permanencia en el tiempo para garantizar el máximo aprovechamiento de tan ingentes recursos humanos y materiales.

La educación es responsabilidad de la familia, que delega en la enseñanza parte de sus funciones. La formación se estratifica en etapas, desde la educación infantil hasta la formación profesional o la universidad, y en planos de actuación abarcando desde el autoaprendizaje, el aula, el centro, la red o el sistema global. En el Estado español, con las competencias educativas transferidas a las Comunidades Autónomas, una nueva Ley Orgánica de Educación (LOE) ha despertado un doble debate, interno entre docentes y público donde se enfrentan algunas visiones opuestas (asignatura de religión, concertación de centros privados,…).

El proyecto de LOE presentado por el Ministerio de Educación y Ciencia para su tramitación en el Congreso ha sido calificado de muchas formas, según la perspectiva de los analistas. Puede definirse como un texto reducido, no excesivamente pormenorizado ni intervencionista, que busca soslayar los mayores escollos con los sectores más influyentes sin negar su inspiración “socialista”. Quizá la LOE sea una concreción del “talante Zapatero”, que -con paradojas y contradicciones- busca la máxima mayoría parlamentaria.

Repasemos algunas inconsistencias. En la exposición de motivos, declara que las evaluaciones internacionales recientes, como PISA (trianual) y TIMMS (cuatrianual), ponen de manifiesto que es posible combinar calidad educativa con equidad en su acceso, pero la LOE ni propone mecanismos urgentes de mejora (que obligarían a una mayor inversión), ni menciona las “devastadoras conclusiones del Informe Pisa” que denuncia el Consejo de Estado de Educación, máximo órgano consultivo que en su preceptivo dictamen proclama: “Parece como si el anteproyecto tratara sólo de modernizar el sistema educativo y no de corregir tendencias a la baja calidad que son de dominio público y preocupan a la sociedad…”.

Entre las incoherencias, sobresalen algunas. Propone el carácter “complementario” de las redes escolares pública y concertada, porque reconocer la “subsidiariedad” sería impresentable en nuestra realidad educativa continental, aunque luego en el articulado separe tajantemente entre centros públicos y centros sostenidos con “fondos públicos” (que incluiría a los privados concertados). Igualmente se pregona la autonomía de los centros docentes, pero no se facilitan instrumentos para ello en la escuela pública. Presume como gran novedad un área de “educación para la ciudadanía”, sin que se sepa quién impartirá tan difuso y discutible contenido.

En su última redacción ha incorporado el “esfuerzo individual de los alumnos”, como uno de los principios de la educación y como uno de sus fines “el mérito y el esfuerzo personal”. Este eslogan de la LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Educación) era uno de los aspectos más rescatables de la ley del PP, y aunque el PSOE se negaba a destacar su presencia, al final la obviedad se ha impuesto. Afortunadamente en la disposición final primera se pregona que el primer deber básico de los alumnos es… estudiar (lo que lamentablemente parece pertinente por un inexplicable olvido muy extendido).

El porcentaje de contenidos básicos de las enseñanzas básicas, 55% en las Comunidades Autónomas con lengua cooficial y 65% para las restantes, ha sido otro punto de polémica política artificial en prensa. Los educadores sabemos que la realidad escolar del siglo XXI exige un núcleo planetario absolutamente común (no en el Estado, ni en Europa siquiera), que es lo que se mide en las evaluaciones internacionales (matemáticas, ciencias, primera lengua,…). Igualmente sólo alguien ajeno a la práctica docente puede negar la indispensable adecuación curricular que desde la escala no sólo autonómica, sino de centro, de profesorado, de aula y de cada miembro del alumnado ha de programarse.

Otra espinosa controversia se centra en la enseñanza de la religión. La disposición adicional segunda comienza desacertadamente: “La enseñanza de la religión se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre el Estado español y la Santa Sede,…”. Pareciera que la enseñanza religiosa no fuese una frecuente demanda familiar, de un alto porcentaje de madres y padres que la consideran esencial. Su deseo legítimo, al igual que el de quienes prefieren que sus hijos e hijas no reciban enseñanza confesional alguna, debe ser garantizado, al igual que los derechos de los docentes de estas materias. La opción más aceptable sería una materia de oferta obligatoria en todos los centros en sus versiones confesional (de todas las iglesias con representación significativa) y no confesional, para la aceptación voluntaria por parte de las familias. Debiera ser evaluada didácticamente para su notificación familiar, aunque no computable a ningún efecto académico (becas, promoción,…). El apartado 3º, que otorga a la entidad religiosa la condición de empleador y establece el pago delegado, no parece satisfacer ni al profesorado implicado, ni a las jerarquías eclesiásticas, por lo que parece inviable semejante variación unilateral de empleador cuando ni el receptor ni los trasferidos lo asumen. También sería de justicia la equiparación académica y salarial de este colectivo que reúne a más de 17.000 docentes en el Estado.

Entre sus cualidades, la LOE se destaca porque simplifica la proliferación de leyes educativas y de sus correspondientes reglamentos emitidos desde 1990, derogando -además de otras leyes menores- la LOGSE (Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990), la LOPEG (Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes de 1995), y la LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Educación de 2002). La litigada LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación de 1985), corrigiendo algunos de sus excesos, queda drásticamente reducida a una cincuentena de artículos (de sus 63 artículos iniciales), e incluso también son abolidos o reformulados muchos apartados de los artículos vigentes por la disposición final primera del anteproyecto. Desafortunadamente, el anteproyecto delira cuando, en su apartado 5º de la citada disposición, introduce un disparatado y encubierto derecho a la huelga del alumnado menor de edad, que ni respeta las responsabilidades, derechos y deberes de los padres, ni mejora la participación discente en la organización escolar. Debería suprimirse este enunciado, sin perjuicio de recoger adecuadamente el derecho de reunión en el centro escolar, respetando los horarios de actividad y los derechos de cuantos constituyen la comunidad educativa, previa comunicación a la dirección o de acuerdo con ella.

Las preconizadas “evaluaciones de diagnóstico”, al finalizar el segundo ciclo de Primaria (10 años) y al concluir el segundo curso de la Secundaria obligatoria (14 años), pueden ser reconocidas como puntos positivos por su carácter formativo y orientador, sin la estricta connotación de reválida (que la LOCE promulgaba) y que al medir currículos (y no competencias) podría condicionar y uniformar excesivamente la necesaria autonomía docente para atender a la diversidad discente. De este modo, queda una medición objetiva de la Primaria, antes de su tercer ciclo, y otra graduación en la crítica edad intermedia de la ESO, cuando en 3º parece que muchos de nuestros estudiantes encuentran súbitamente todos los obstáculos en lo que parecía un generalizado progreso modélico. Más dudosa es la supresión de la PGB (Prueba General de Bachillerato), prevista en la LOCE y común en toda la Unión Europea (salvo en Grecia y Portugal).

El retardo de los itinerarios hasta 4º de la ESO es oportuno y paneuropeo, cuando aparecen tres materias de modalidad y algunas optativas, retrasando el prematuro adelanto de la LOCE. Igualmente resulta conveniente la suavización en el número de asignaturas no superadas para promocionar de curso, porque nuestro retardo medio no mejora ni la calidad ni la equidad, y porque son más efectivas las medidas de refuerzo dirigidas hacia la superación final. El clamor contra la “promoción automática” ni es exacta, ni se corresponde con la reglamentación de los países de referencia educativa.

El reagrupamiento en tres bachilleratos de Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales, y Artes es acertado. La fusión en el primero de ellos de los antiguos Bachilleratos de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud junto al de Tecnología era necesaria, y debería servir para incrementar el flujo hacia esta modalidad. Únicamente entre las materias comunes del Bachillerato, previstas en el artículo 34, debería incorporarse el metalenguaje omnipresente de una “Matemática Aplicada”.

Las insuficiencias de la LOE son variadas. El avance que supone la declaración de carácter educativo de los dos ciclos de Educación Infantil (superando el anacrónico nombre de Preescolar que reitera el PP), queda desdibujado por no abordar este período en tres ciclos bianuales (como todo el resto de la educación hasta el diseñado en el Espacio Europeo de Educación Superior). La espuria razón para este lastre es la inercia anterior y la insuficiente financiación dedicada a esta etapa, que da lugar a discrepancias totales entre Administraciones Educativas donde se retarda Andalucía (única con tasas de escolarización menor del 90% de la población de 3 años), mientras el País Vasco supera el 90% incluso de la infancia de 2 años. La gratuidad promulgada por la LOE del segundo ciclo de Infantil (3-6 años) es una mejora sólo para las Comunidades más retrasadas, mientras que las demandas sociales en edades más precoces ya se desbordan en las Comunidades mejor financiadas. En esta etapa, la subsidiariedad de la concertada se manifiesta en el artículo 15, en donde se garantizan una oferta suficiente en los centros públicos (además sólo con un incremento progresivo desde la situación actual), mientras que apenas se esboza que “podrán establecerse conciertos con centros privados”.

Son meramente declarativas y sin previsiones las apuestas por la mejora de los idiomas (foráneos y oficiales), que la LOE sigue sin apoyar más decididamente, o el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación, donde nuestro retraso pedagógico comparado es deprimente. Igualmente las bibliotecas escolares quedan simplemente citadas y no incentivadas.

La participación de las familias podría acrecentarse asegurando, en función de la edad del alumnado, porcentajes no inferiores a un tercio de padres adicionalmente a un sexto de alumnos, en el artículo 126 sobre la composición del Consejo Escolar, para mostrar quiénes son los destinatarios que justifican todo el servicio educativo.

Respecto a la equidad escolar, el creciente alumnado (propio y extranjero) con necesidad específica de apoyo educativo por origen o minusvalía (sensorial, síquica o motora), e incluso el de altas capacidades intelectuales, sigue en la ambigüedad o en la inseguridad al asegurarse que las dotaciones para centros públicos y concertados serán las mismas (artículo 72), mientras que simultánea y posteriormente en el artículo 112, de medios materiales y humanos, se distinga sutilmente entre sus apartados primero y siguientes. Inicialmente se menciona expresamente a los “centros públicos” como aquéllos que deben ser dotados por las Administraciones Educativas, mientras en los restantes párrafos sean los “centros” genéricos los que atiendan a alumnado de educación especial,… Este artículo debiera incorporar el detalle de referirse en todo momento a los “centros sostenidos con fondos públicos”.

Preocupante resulta el matiz establecido en el artículo 84, relativo a la admisión de alumnos, donde se cita que “las Administraciones educativas realizarán una programación adecuada de los puestos escolares gratuitos que garantice el derecho a la educación”, pero sin mencionar la libertad de elección que corresponde a las familias. En ese mismo artículo, falta la inclusión de un criterio que facilite la continuidad pedagógica en un mismo centro, tanto en el caso de titularidad pública como no pública. En el artículo 88, sobre garantías de gratuidad, sigue sin aparecer el coste de los servicios complementarios de transporte y comedor, que debieran recibir un tratamiento similar en todos los centros sostenidos con fondos públicos.

Tampoco se acomete en esta oportunidad un refuerzo de la formación inicial del profesorado de enseñanza infantil, primaria y secundaria. La convergencia de las condiciones laborales, profesionales y económicas del profesorado y del personal no docente, tanto de centros públicos como concertados, queda en el limbo de los deseos, con una confusa cita en el apartado 117.4 donde turbiamente se sugiere “posibilitar la equiparación gradual de la remuneración (del profesorado concertado) con la del profesorado estatal (sic)”. Como si no existiesen diferencias salariales, incluso entre funcionarios docentes (respecto al “profesorado estatal”, sólo el redactor sabrá a qué se refiere en niveles no universitarios). Por último, en el capítulo del profesorado, la disposición transitoria segunda podría extenderse más allá del 4-10-2010 el régimen de jubilación voluntaria de los mayores de 60 años, a fin de rejuvenecer las plantillas docentes.

Lo peor es el mantenimiento de un sistema educativo basado en la oferta, y no en la demanda familiar (artículo 109. 2). La misma consideración de la educación como “servicio público”, quedaría mejor expresada como “servicio esencial” o de “interés general”, con independencia de la titularidad pública o concertada del centro elegido por los progenitores (situación a la que más se acerca en el Estado la Comunidad Autónoma Vasca, por tradición y financiación). El progreso hacia un sistema cooperativo, prestado por centros públicos y otros de iniciativa social, se entorpece cuando se desiguala por titularidad, como en el artículo 122.3 donde se concede que sólo los centros públicos podrán obtener recursos complementarios. Esto es apropiado y novedoso, pero debiera abrirse en las mismas condiciones a todos los centros “sostenidos con fondos públicos”.

Resulta aberrante el apartado 3 del artículo 109: “En la programación de la oferta de plazas, las Administraciones educativas armonizarán (sic) las exigencias derivadas de la consideración de la educación como servicio público, con los derechos individuales de alumnos, padres y tutores. Asimismo, conciliarán (sic) la libertad de elección de centro con el principio de equidad, atendiendo a las limitaciones materiales derivadas de la capacidad de los centros y de las consignaciones presupuestarias existentes y al principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos (sic)”. Discrepamos profundamente de que la economía impida derechos fundamentales, o que éstos queden restringidos por inciertas razones de supuesta eficiencia. Nefastamente, en la redacción actual el Estado parece erigirse como único titular originario del derecho a la educación, quedando las familias y los centros educativos reducidos a concesionarios de tal derecho. A todos nos conviene que los padres defendamos nuestro derecho a escoger el tipo de educación que preferimos, incluida la formación moral y religiosa que responda a nuestras convicciones.

Nadie discute la necesidad de una reforma educativa, cuando los datos negativos se acumulan en informes internacionales o en comparativas de fracaso escolar. El optimismo para que podamos competir con los mejores debe partir del máximo realismo sobre nuestra posición de partida, así como de un amplio y comprometido enfoque comunitario. Una Pedagogía del Éxito entraña que las familias y los educadores mantengan expectativas positivas sobre las capacidades de sus hijos y alumnos, para afrontan motivada y conjuntamente tan decisiva tarea, solventando los problemas crónicos con ilusión y apoyo social.

Concluyendo: Conviven en el Estado sistemas educativos muy diferenciados que la LOE debiera impulsar y desarrollar mirando hacia lo mejor de Europa, nunca uniformar por abajo. En general, nuestras posiciones educativas son mediocres o insuficientes respecto a la Unión Europea, y entre los países de la OCDE. No es algo de extrañar, dado que socio-culturalmente, económicamente y en esfuerzo educativo (interés familiar y porcentaje del PIB) no destacamos especialmente hasta la fecha.

Sólo cuando la ciudadanía presiona electoralmente, los poderes públicos y los dirigentes políticos otorgan la merecida atención, prioridad y recursos a la educación, a la universidad y a la investigación. Es el tiempo de los hechos. Rige un lema magistral: 'Si alguien cree que la educación es cara, que pruebe con la ignorancia'. Nuestro futuro individual y colectivo, a corto, medio y largo plazo, depende básicamente de nuestra apuesta educativa. Ojalá el debate sobre la LOE nos permitiese advertir la trascendencia de lo que está en juego.

Versión final en: http://mikel.agirregabiria.net/2005/loe.htm

Modelos lingüísticos en la educación vasca

Una reflexión ante el compromiso asumido por el Parlamento vasco para que el Gobierno estudie, junto con todos los agentes de la comunidad escolar, una reforma de los modelos lingüísticos en la enseñanza antes de febrero de 2007. Este debate debiera basarse en criterios socioeducativos más que en prejuicios ideológicos o políticos.

Situación actual.

- La "Ley Básica de Normalización del Uso del Euskara" del 24-11-1982 establecía en su artículo 17 que “El Gobierno adoptará aquellas medidas encaminadas a garantizar al alumnado la posibilidad real, en igualdad de condiciones, de poseer un conocimiento práctico suficiente de ambas lenguas oficiales al finalizar los estudios de enseñanza obligatoria,…”. Todo ello con independencia del modelo A, B ó D elegido libremente por las familias. Este mandato institucional se mantiene incumplido 23 años después, si bien es de reconocer que ha sido la Educación, la comunidad escolar, las familias, el profesorado y el alumnado quienes más se han esforzado por su consecución,… aún no alcanzada plenamente.

Comparecencia de la Consejera de Educación ante la Comisión de Educación del Parlamento Vasco

 

La Consejera de Educación del Gobierno Vasco, Cristina Uriarte, ha presentado esta mañana en el Parlamento las principales líneas de actuación de su Departamento de cara a la XI. legislatura.

Ante la Comisión de Educación, y acompañada por los viceconsejeros y viceconsejeras de Educación, Formación Profesional, Universidades e Investigación, y Administración y Servicios – Maite Alonso, Jorge Arévalo, Adolfo Morais y Olatz Garamendi- , la Consejera Uriarte ha resumido los aspectos más reseñables de la pasada legislatura junto con las líneas estratégicas de su Departamento durante el periodo 2017-2020.

Pacto por la Educación

Entre los principales retos, la Consejera ha querido subrayar la necesidad de impulsar un nuevo Pacto por la Educación, como paso previo a la aprobación de una nueva Ley Vasca de Educación: “Quiero subrayar que para nosotros, la educación es un reto de país, un reto colectivo. Si tuviera que quedarme con un titular resaltaría éste, la XI. legislatura se caracterizará por el diálogo, por el contraste de ideas, por la voluntad de aunar sensibilidades, por la búsqueda de consensos, todo ello en aras a llegar a un acuerdo que sea fiel reflejo de lo que nuestro sistema educativo entienda ha de ser pautado, todo ello pivotando sobre la idea, de lo que es compartido por todos y todas, una escuela equitativa, inclusiva, plural, de calidad, hacia la excelencia.(…) De cara a esta legislatura impulsaré la búsqueda del dialogo, del consenso para llegar al acuerdo, a un pacto que requiere la colaboración y participación de toda la comunidad educativa”.

La estabilidad del profesorado redunda directamente en la calidad de la enseñanza. Por ese motivo, la Consejera Uriarte ha adelantado que durante la nueva legislatura, convocará Ofertas Públicas de Empleo todos los cursos. De ese modo, permitirán, además de lograr una mayor estabilidad del sistema, y por ende, una mejora en la calidad educativa, un mayor bienestar en tantas familias.

Esta periodicidad, unida al número de jubilaciones que se prevén, redundará, a su vez, en el rejuvenecimiento de las plantillas. 

La formación del profesorado seguirá siendo elemento fundamental en la nueva legislatura. Adecuar y actualizar el perfil docente a las necesidades del Sistema Educativo Vasco. En esa línea, el Departamento dará inicio a la evaluación del profesorado, como herramienta de apoyo y orientación a la formación continua de maestros y profesoras. Se profundizará asimismo en el liderazgo de los equipos directivos.

Con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a la enseñanza, y como defensa del modelo vasco de protección social, Cristina Uriarte ha señalado que garantizará y facilitará el acceso a las becas a todas las familias que cumplan los requisitos. Se destinarán en torno a 55 millones de euros anuales, cifra que se incrementará si la demanda así lo requiriera. 

Dentro de las acciones dirigidas a dotar al Sistema Educativo Vasco de herramientas para mantener una escuela inclusiva, el Departamento de Educación presentará un Plan contra el acoso escolar. Un marco de referencia que sirva de guía a los centros educativos, con un abordaje integral no solo de la prevención y detección, sino también en la coherencia de la intervención ante este tipo de situaciones. Una problemática ante la que ya se han desarrollado iniciativas, como por ejemplo, el acuerdo alcanzado con el Departamento de Seguridad para informar y orientar a los centros educativos ante situaciones como el acoso o el cyberbullying.

Ley de Formación Profesional y V. Plan Vasco de FP

En relación a la Formación Profesional, la Consejera de Educación ha subrayado la necesidad de seguir adecuándose a los nuevos tiempos, con el objetivo de continuar siendo referente internacional. Para ello, remitirá al Parlamento el Proyecto de Ley de Formación Profesional, que durante la legislatura se complementará con la presentación del V. Plan Vasco de FP.

Haciendo referencia a la Formación Dual, Uriarte ha señalado que el Departamento seguirá apostando por esta fórmula, en coordinación con el sector empresarial y los agentes sociales. Y se ha marcado un reto: que en 2020, el 50% de los estudiantes de FP puedan formarse en la Formación Profesional Dual.

Seguirá reforzando el emprendimiento, la FP seguirá apostando por formar al alumnado más autónomo posible. Para ello, prevé que más de 40.000 estudiantes obtengan formación en cultura emprendedora a través del Programa “Ikasenpresa”. Además, el programa “UrratsBat” posibilitará que los centros de FP impulsen la creación de más de 350 empresas por parte de estudiantes de Formación Profesional. 

Pero además de ayudar en la creación de empresas, la Formación Profesional de Euskadi seguirá apoyando a las Pymes, en su reto por mejorar y adecuarse a los nuevos tiempos. En los próximos 4 años, cerca de 1500 Pymes contarán con el asesoramiento de centros de FP para poner en práctica aspectos innovadores siguiendo las políticas establecidas por el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, y en colaboración con otras instituciones.

Y en relación al euskera, el Departamento de Educación se compromete a seguir trabajando para que el alumnado que haya cursado sus estudios de secundaria en euskera, tenga garantizado que pueda seguir sus estudios de formación profesional también en euskera. El objetivo es que para 2020, el 50% del alumnado de formación profesional curse sus estudios en euskera.

Plan Universitario e impulso a la investigación

El impulso al Sistema Universitario Vasco seguirá siendo uno de los principales retos. Tras analizar los resultados obtenido en el Plan Universitario en vigor, durante la legislatura se elaborará el IV. Plan Universitario 2019-2022, que definirá las líneas de trabajo de los ejes fundamentales: la excelencia y la formación, la internacionalización, la transferencia del conocimiento y los resultados de la investigación.

Unos retos para los que el Gobierno Vasco seguirá avanzando en su objetivo de alcanzar el 1,5% del PIB en gasto de enseñanza superior, con financiación mixta público-privada.

La investigación seguirá contando con el impulso necesario, y en ese sentido la Consejera Uriarte ha señalado que se producirá un incremento anual del 5% de los recursos destinados a la política científica y a la investigación.

También la definición de la nueva estrategia en relación a los BERC – centros de investigación básica de referencia- para el siguiente periodo 2018-2021 será uno de los retos a destacar. Centros de reconocido prestigio que seguirán contando con el impulso del Gobierno Vasco.

Durante los próximos años, el Departamento de Educación desarrollará el modelo vasco de carrera profesional investigadora, tras la reciente aprobación del programa “Research Associate” que completa el itinerario investigador. Esta acción se desarrollará coincidiendo con la elaboración del nuevo Plan Estratégico de Ikerbasque, para el periodo 2018-2021. 

Por otra parte, la XI. legislatura acogerá el desarrollo de un modelo de estudios universitarios propio, en coordinación con las universidades del Sistema Universitario Vasco. En él, se impulsarán titulaciones en las que la internacionalización, la relación con la empresa y la calidad de la formación serán los ejes fundamentales.

Paradojas educativas

Carta docente dirigida al Olentzero, a Papá Noel y a los Reyes Magos.

Ahora que nuestro alumnado está escribiendo sus cartas para pedir regalos, el profesorado también ruega soluciones de quien corresponda para el próximo año 2005. Continuamente surgen preguntas que siguen sin respuesta. He aquí algunas:

1. ¿Por qué no ni un solo enseñante célebre entre tantos anónimos educadores que forman la profesión más numerosa en las sociedades avanzadas?
2. ¿Por qué cobra más el profesorado que no quiso ser maestro y que estudió para otra profesión?
3. ¿Por qué está tan mal distribuido el alumnado que requiere más atención y recursos?
4. ¿Por qué los horarios estudiantiles decrecen con la edad escolar?
5. ¿Por qué hay tantos interinos en los centros públicos y concertados, a pesar de acumular muchos lustros de docencia?
6. ¿Por qué los docentes que más horas imparten son los interinos y sustitutos?
7. ¿Por qué los grupos más difíciles se encomienda al profesorado provisional y, teóricamente, menos experto?
8. ¿Por qué comienza a ser difícil reclutar nuevos docentes en muchas áreas de conocimiento?
9. ¿Por qué los profesores y los centros que se creen mejores son los que más suspenden?
10. ¿Por qué cobran más los docentes que ya no dan clase en puestos administrativos o de apoyo?
11. ¿Por qué es tan difícil hallar especialistas en educación en los gobiernos o en los parlamentos, cuando hay tantos docentes?
12. ¿Por qué raramente son docentes los Consejeros de Educación? ¿Entre millares de docentes, nadie da la talla?
13. ¿Por qué se llama “fracaso escolar” a lo que ni es escolar porque no sólo es responsabilidad del alumnado, ni es fracaso porque no se ha intentado todo con la máxima colaboración entre familias, alumnado, profesorado, administración y sociedad?
14. ¿Por qué es tan difícil que la Educación sea una prioridad para los políticos?
15. ¿Por qué no declaramos al año 2005 el “Año de la Educación” y mediante un “Acuerdo Educativo” comenzamos una apuesta global por la mejor inversión que un país moderno puede elegir?