Excusen estas palabras propias de profanos en materia de Derecho, hablando únicamente como legos ciudadanos en nombre de la Justicia que también es patrimonio nuestro. Queremos expresarles primeramente todo nuestro respeto y admiración por su trabajo, que entendemos es especializado (como el de otros) y que a la mayoría de los mortales nos parece indescifrable y, a veces, alejado de la vida cotidiana. Este distanciamiento confiamos sea atribuible a complejidad de la materia en sí, y no a una deliberada voluntad de apartamiento, porque la Justicia (entendida como la verdad en acción) debe ser inteligible para servir al pueblo llano.
Ante la abundancia de pronunciamientos sobre diversas materias políticas, con una creciente presencia en los medios de comunicación escritos y audiovisuales, quisiéramos solicitar al aglutinado colectivo de juristas-divulgadores un especial énfasis en disociar su conocimiento jurídico especializado de su particular opinión política. Tomemos un caso concreto, a nuestro juicio paradigmático de un manifiesto abuso en nombre de supuestas leyes eternas y sacrosantas. En la Propuesta para la Convivencia del Lehendakari Ibarretxe, se están arguyendo motivos jurídicos espurios para NO DEBATIR UNA PROPUESTA POLÍTICA concreta, planteada pacífica y democráticamente y destinada a ser sometida a una consulta popular. Esto es tan ridículo como sería crear una barrera de especulaciones científicas o artísticas para declarar la invalidez de un planteamiento político, porque las ideas políticas son legítimas siempre que lo sean sus formas de difusión y convencimiento.
En una democracia, “cualquiera puede proponer libremente cualquier opinión política respetuosa con todos los derechos humanos, buscando su extensión y aceptación por la sociedad por medios pacíficos”. Y si esto no fuera posible, en ese lamentable caso, sobrarían todos los juristas. No pueden existir sino razones políticas para estar a favor o en contra de una oferta política, y queremos oír a unos y otros, sin que nos hurten el debate por extraños procedimientos en nombre de una “justicia con minúscula”, o en nombre de un texto legal por importante que sea. Las ideas políticas posibles caben o no en la Constitución, que es una ley marco revisable, mejorable y cuya modificación es tan aceptable como su mantenimiento o su derogación. O, ¿es que ahora lo que se interprete como anticonstitucional, no se puede ni plantear? ¿Ya no se puede predicar el republicanismo o la independencia? ¿Ni siquiera la adhesión sin es libre? ¿Dónde quedó aquello de que todas las ideas son defendibles por caminos de paz? Pronúnciense al respecto y dígannos algo claro.
Ustedes serán abogados, pero nosotros no somos abobados. Y perdonen el chiste fácil, pero corporativamente deben actuar para evitar el desprestigio de que algunos de sus miembros se aparten de su ámbito competencial. No permitan que se manipule y especule con fraudulentos argumentos jurídicos en materias puramente políticas. En democracia, el voto político de un jurista vale exactamente lo mismo que el de cualquier otra persona. Para refutar ideas políticas hacen falta argumentos políticos en un debate político que se dilucide democráticamente en las urnas, y sobran presiones de grupos o fuerzas armadas, así como falsas argumentaciones incluidas las pseudo-jurídicas. La justicia elimina los obstáculos para la paz, decía Tomás de Aquino. ¿Estamos de acuerdo, ilustres juristas?
