Lo peor de los impuestos es, precisamente, su nombre

Los impuestos son el precio justo de convivir juntos, no son un castigo, son una conquista histórica. Pagar impuestos es el acto más solidario que existe, pero esta palabra maldita es precisamente la que sostiene nuestra civilización. Existe una paradoja lingüística de enorme consecuencia política: la palabra impuesto lleva inscrita, en su propia etimología, una carga de imposición, de coacción, de algo que se nos hace contra nuestra voluntad. 

Y esa trampa semántica ha sido el mayor regalo que la historia le ha dado a quienes desean desmantelar el Estado del bienestar. Porque si logramos convencer a la ciudadanía de que los impuestos son una agresión, habremos ganado la batalla ideológica sin necesidad de argumentos. Hay que decirlo con claridad: lo peor de los impuestos es su nombre. Todo lo demás son virtudes.

La contribución como fundamento civilizatorio. Las grandes civilizaciones no se construyeron sobre la caridad individual ni sobre la benevolencia espontánea del mercado. Se construyeron sobre acuerdos colectivos para financiar lo que ningún individuo puede costear solo: carreteras, ejércitos, hospitales, escuelas, sistemas judiciales, redes de agua potable. Lo que hoy llamamos impuestos fue, durante milenios, la condición de posibilidad de cualquier vida organizada en común. 

John Rawls nos enseñó que una sociedad justa es aquella que elegiríamos diseñar sin saber qué posición ocuparíamos en ella. Nadie, bajo ese velo de ignorancia, elegiría un mundo sin sanidad pública, sin educación universal, sin pensiones dignas. Y sin embargo, ese mundo sin impuestos es exactamente lo que nos promete el populismo de derechas cuando agita el fantasma del "robo fiscal". 

El asedio al contrato social. En la última década, hemos asistido a un resurgimiento de discursos que, bajo una pátina de libertad individual, agitan la impopularidad del tributo para erosionar los pilares del Estado del bienestar. Estas corrientes, a menudo situadas en la ultraderecha o el libertarismo radical, presentan al Estado como un ente extractivo y al ciudadano como una víctima de "expolio".

Sin embargo, como estudiosos y ciudadanos, debemos ser claros: la fiscalidad no es un robo, es el precio de la libertad. No existe mercado libre sin seguridad jurídica, ni innovación privada sin una base de educación pública, ni paz social sin una red de seguridad que amortigüe la caída de los más vulnerables. La retórica anti-impuestos no busca "liberar" al ciudadano, sino desmantelar el mecanismo de redistribución que garantiza la igualdad de oportunidades.

Ética, justicia y el valor de lo público. Desde una perspectiva ética, los impuestos representan la materialización de la solidaridad orgánica. Los impuestos son la herramienta técnica que hace posible esa visión ética. Permiten que: • La sanidad no sea un privilegio de cuenta corriente, sino un derecho humano. • La educación actúe como ascensor social, rompiendo el determinismo de la herencia. • La infraestructura común facilite el desarrollo económico de las regiones periféricas. Sin una base fiscal sólida, la meritocracia es un mito; se convierte simplemente en la perpetuación de la ventaja de quienes ya lo tienen todo.

El rentismo moral de la ultraderecha, que odia los impuestos porque odia lo común. La retórica ultraliberal y ultraderechista sobre los impuestos descansa en una ficción antropológica: la del individuo soberano que ha generado su riqueza en soledad, sin infraestructuras públicas, sin trabajadores formados por escuelas financiadas colectivamente, sin contratos protegidos por jueces pagados con fondos comunes. Esa ficción es, intelectualmente, insostenible. Toda fortuna privada es, en parte, una deuda con lo público.

Adam Smith —ese clásico liberal que los neoliberales citan sin haberlo leído— fue perfectamente consciente de que los mercados requieren instituciones sólidas para no degenerar en monopolios, fraudes y depredación. Los impuestos no son el enemigo del mercado; son su condición de supervivencia.

Hay una dimensión ética que con frecuencia se olvida en el debate fiscal. Pagar impuestos progresivos —más quien más tiene— no es solo una política redistributiva eficiente: es un acto moral. Es reconocer que la suerte, la herencia y el capital acumulado no confieren títulos absolutos sobre la riqueza, sino que esta está social y políticamente mediada desde su origen.

Y hay, también, una dimensión democrática irrenunciable. Las democracias liberales necesitan Estados capaces de actuar con autonomía frente a los poderes privados. Un Estado sin recursos fiscales suficientes es un Estado capturado: por las corporaciones, por los mercados financieros, por los donantes de campaña. La evasión fiscal masiva y la competencia fiscal entre países no son sólo problemas económicos; son amenazas directas a la soberanía popular.

Recuperar las palabras. Quizá la tarea más urgente sea, paradójicamente, lingüística. Necesitamos rescatar la dignidad semántica de lo fiscal. Hablar de contribución solidaria, de inversión común, de pacto de civilización. No porque las palabras cambien la realidad, sino porque la realidad que queremos construir necesita palabras que la hagan deseable.

Los países con mayor bienestar, menor desigualdad y democracias más robustas —los escandinavos a la cabeza, pero no solo ellos— son también los que tienen presiones fiscales más elevadas y ciudadanías más convencidas de su legitimidad. No es una coincidencia. Es una lección que podríamos aprender, si dejáramos de escuchar a quienes confunden el precio de la civilización con un robo. Los impuestos son lo que pagamos por no vivir solos.

Lo peor de los impuestos quizá sea su nombre. Sin ellos no habría sanidad pública, educación, pensiones, justicia ni democracia sólida. https://t.co/oSrm3XOPVX Quienes demonizan los impuestos suelen olvidar que los derechos colectivos también se financian colectivamente. Pagar… pic.twitter.com/MP2f3COyUr

— Mikel Agirregabiria (@agirregabiria) May 11, 2026