Cuba: una doble vergüenza

En Cuba, el régimen de gobierno de Castro, mantenido ininterrum­pida­mente desde 1959, no es democrático, ni respeta la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La represión de los disidentes políticos, el modelo de partido único y la ausencia de pluralismo político son inadmisibles. Otro indeseable efecto ha sido la reciente reactivación de las ejecuciones, con tres fusilados el pasado 14 de abril, tras un juicio sumario. En Cuba actualmente hay, al menos, otros 50 condenados a muerte. Por último, siempre debemos diferenciar a la ciudadanía respecto a la actuación de su gobierno, y más aún si éste no ha sido democráticamente elegido. El Pueblo Cubano, como todos los Pueblos, merece nuestra solidaridad plena y todo nuestro apoyo por las difíciles circunstancias que han vivido durante décadas de ausencia democrática y de embargo norteamericano.

Simultáneamente en la misma isla, y con la misma antigüedad, se perpetúa el anacronismo colonial de la base militar de Guantánamo, convertido en un infernal “campo de concentración” y un “limbo jurídico”, donde se acumulan centenares de presos de Afganistán e Irak, incluidos algunos menores de 16 años. Según la Corte de Apelaciones de Washington, de acuerdo con el Departamento de Justicia de la administración de Bush, estos prisioneros no tienen derechos bajo el sistema legal de Estados Unidos, ni pueden denunciar las condiciones de su detención.

La inhumana pena capital de la que se tuvo noticia, se concentra en el 81% en China, Estados Unidos e Irán, según datos de AI en 2002. Ese año, EE.UU. ejecutó a 71 personas, incluidos tres delincuentes juveniles (hace unos días otro menor ha sido ajusticiado en EE.UU., país de mayor número de ejecuciones juveniles, 13 desde 1990). El 1 de enero del 2003, había más de 3.700 presos norteamericanos condenados a muerte.

Todos pedimos el respeto de todos los Derechos Humanos, pero algunos sólo los exigen para determinada gente y en determinados países. Amnistía Internacional ha denunciado reiteradamente la irrelevancia dada por el gobierno español de Aznar a la situación de los Derechos Humanos en sus relaciones con países como la Federación Rusa o China (menos aún en EE.UU.), con la única excepción de la insistente denuncia a la dictadura castrista en Cuba (sin mención alguna a Guantánamo).