Han transcurrido muchos años desde el "Pacto Escolar" de 1992, plasmado en dos leyes de "Escuela Pública Vasca" y "Cuerpos Docentes Propios" en 1993. Aquel acuerdo se planificó, y parecía demasiado entonces, para prolongarse durante siete años, hasta 1999. Quienes participamos en aquellas gestiones internas, aún conservamos las hojas de cálculo (en FrameWork III) con aquellas proyecciones, donde se establecían aportes macroeconómicos.
El Pacto Escolar de 1992 fue inicialmente suscrito únicamente por EAJ-PNV y el PSE-EE, sumándose como tercer apoyo la red de Kristau Eskola. Las motivaciones y los protocolos fueron los propios del momento, con un equilibrio gubernamental inédito, y algunos problemas acuciantes en las redes escolares. Aquel pacto, del que se puede aprender algo aún cuando el contexto es radicalmente diferente, pivotó sobre varias temáticas: la convergencia entre redes para su enmarque en dos formatos de titularidad (pública y concertada, aparte de la anecdótica privada), el ajuste a la implantación de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE, que comenzó a implantarse en 1992), la necesidad de regular los cuerpos docentes transferidos, así como la puesta en marcha del sistema de los tres modelos lingüísticos, actualmente en vigor.
El devenir de los años conformó un extraño meandro en la historia de la educación vasca, que jamás ha dispuesto de una "Ley de Educación Vasca", a diferencia de todas las demás comunidades autónomas del Estado, la mayoría de las cuales recibió las competencias educativas mucho más tarde.
El Pacto Escolar de 1992 fue inicialmente suscrito únicamente por EAJ-PNV y el PSE-EE, sumándose como tercer apoyo la red de Kristau Eskola. Las motivaciones y los protocolos fueron los propios del momento, con un equilibrio gubernamental inédito, y algunos problemas acuciantes en las redes escolares. Aquel pacto, del que se puede aprender algo aún cuando el contexto es radicalmente diferente, pivotó sobre varias temáticas: la convergencia entre redes para su enmarque en dos formatos de titularidad (pública y concertada, aparte de la anecdótica privada), el ajuste a la implantación de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE, que comenzó a implantarse en 1992), la necesidad de regular los cuerpos docentes transferidos, así como la puesta en marcha del sistema de los tres modelos lingüísticos, actualmente en vigor.
El devenir de los años conformó un extraño meandro en la historia de la educación vasca, que jamás ha dispuesto de una "Ley de Educación Vasca", a diferencia de todas las demás comunidades autónomas del Estado, la mayoría de las cuales recibió las competencias educativas mucho más tarde.
Desde 1993 ha habido tímidas peticiones, de retomar la búsqueda de un nuevo y amplio Acuerdo Escolar en Euskadi. También figuró en varios Pactos de Legislatura de gobiernos mixtos presididos por EAJ-PNV con gestión departamental de EA, pero donde fue evidente que nunca interesó a este partido minoritario promover este debate, ni le fue demandado por nadie.
Durante la última década, comenzando hacia 2003 se escucharon periódicamente algunas peticiones de retomar la búsqueda de una convergencia en un tema tan estratégico como susceptible de sufrir retrocesos en materia de autogobierno educativo. Por ejemplo, en septiembre del año 2006 el PSE pedía un nuevo "Pacto escolar" a EAJ-PNV, y a EA que gestionaba el Departamento de Educación. En septiembre de 2011 son las ikastolas de Ikastolen Elkartea quienes solicitaban al PSE, a la sazón gestionando educación un acuerdo escolar.
Deben darse las condiciones precisas, en una conjunción no producida ni sentida en los veinte años durante los cuales si ha habido pactos globales, ni se han sentado nuevas bases de marco legislativo para relanzar la educación en la CAPV. Podríamos enumerar algunas premisas necesarias, quizá no suficientes, para que se inicie en 2013 alguna negociación en este ámbito:
- Un liderazgo directo desde Lehendakaritza que fije este objetivo para la actual legislatura.
- Una dedicación continua desde la titular del Departamento de Educación, Política Lingüística Cultura y Cultura.
- Un ámbito de encuentro con los principales partidos políticos, aceptando el marco de debate y los temas a incluir en el acuerdo.
- Un foro profesional con patronales educativas, sindicales, profesorado y representantes de las familias.
- Un calendario acordado del proceso que establezcan hitos intermedios para ir acotando acuerdos que sumen agentes e instancias escolares.
- Una fórmula de comunicación que vaya socializando el debate y la progresión, acorde con las tendencias de transparencia propias del siglo XXI.
Completamente de acuerdo.
ResponderEliminarAdemás, yo añadiría un compromiso por parte de partidos, sindicatos y colectivos a ,una vez de acordadas las reglas de juego, comrpometerse públicamente a aceptar el resultado y ayudar a su desarrollo.
Oportuna puntualización, Xabier.
ResponderEliminarVeamos si se avanza en esta coyuntura,..., porque son premisas difíciles de cumplir.
¡Ojalá nos lo creamos y así lo crearemos!