Libre asociación conjugal

En 1977 mi esposa, Carmen, y yo firmamos un “proyecto de libre asociación” por mayoría absoluta de la mitad más uno.

Habíamos comenzado las negociaciones para la unión en 1973, pero necesitamos cuatro años para formalizar protocolariamente nuestras relaciones. En la década de los años ’80, la fusión originó algunas ampliaciones de nuestro mercado interno, en forma de dos nuevos miembros con clara vocación europea, como se demostró bien pronto. Todo ello produjo una notable ampliación de las lenguas oficiales, con sus correspondientes costos de aprendizaje, viajes e intercambios, pero nuestros idiomas de relación siguen creciendo notablemente.

Nuestro “proyecto libre y amistoso” es claramente asimétrico, lo que sin restar funcionalidad resulta plenamente satisfactorio para las dos partes contratantes. Hablando por mí mismo, dado que jamás asumiría que entiendo con claridad a mi esposa, sólo señalaría un inconveniente frente a las incontables ventajas en el reparto de funciones mutuas. Mi única objeción, que ya tras más de tres décadas he asumido exclusivamente con un resto de perplejidad más que de incomodidad, es que ella ha establecido cómo y cuándo repartirnos los papeles. Lo cierto es que creo que la división de poderes que instauró fue perfecta, dado que sólo me atribuye aquellas facultades poco comprometidas que mi escasa capacidad aconseja.

Dado que ella se ocupa de casi todo, para acabar antes relataré mis contadas ocupaciones. Tengo las competencias exclusivas en materias como transportista, taxista, porteador y arregla-todo, con licencia para toda la amplia familia. Lo cierto es que no sé reparar nada, pero soy ese personaje indispensable al que se llama para enseñar cualquier desperfecto tan pronto como se produzca: “¡Ven a ver lo que ha pasado…!”. Con el transcurrir de los años he aprendido a salir del paso, organizándome una completa agenda de persianeros, electricistas, fontaneros y carpinteros.

Mi consorte se ocupa de los ministerios de educación, sanidad, hacienda, turismo, comercio, agricultura, pesca y alimentación, temas sociales, vivienda y asuntos exteriores. Sólo algunas cuestiones menores de defensa, interior, cultura y economía son asunto conjunto del matrimonio. Mi rol en los asuntos económicos consiste en leer y cumplimentar todo el papeleo de impuestos, recibos y bancos, así como predicar (en el desierto) austeridad a la prole, mientras mi esposa se encarga de todo lo demás, incluido que yo no gaste en caprichos informáticos (el único vicio que se me conoce).

Lo mejor del reparto de funciones es que muy pronto alcanzamos una sintonía perfecta. Si suena el teléfono de noche, no es mi tema; pero sí lo es organizar el desayuno con el despertador matutino. Nuestros hijos son, en primera instancia, jurisdicción exclusiva de su madre, pero cuando ocasionalmente (durante su adolescencia) las cuestiones se ponían peliagudas, me tocaba torear a mí con los “miuras” hasta que volvían al redil. Mi singular método patentado era muy “sanfermineno”: corría delante (o detrás) de los díscolos hijos, nos perseguíamos furibundos hasta llevar a la plaza de toros (salón familiar) donde nos remansábamos y la señora de la casa nos daba a todos unos capotazos que la convertían en la triunfadora del festejo.

Ahora que está tan de actualidad, comenté con mi amada dueña si debíamos revisar nuestro “estatuto para la convivencia”. Con una sonrisa pícara, me pareció, zanjó la cuestión concluyendo que nuestra asociación ya nació libre y amistosa desde su origen, por lo que puede permanecer inmutable otro siglo más. A ella lo único que le preocupa son las futuras ampliaciones cosmopolitas o de comunidades culturalmente hermanables, pero de recia personalidad propia (también foral), que se vislumbran por el horizonte de nuestros retoños. ¿O no es así? Mejor sería que le preguntasen a ella, que nunca me entero demasiado bien.