Claves de la calidad educativa

El estudio de McKinsey (How the world’s best performing schools systems come out on top) concluye que los rasgos comunes a los países que encabezan el Informe PISA (Hong Kong, Finlandia, Corea del Sur, Japón, Canadá) son estos tres:
1º Contratan el mejor profesorado,
2º Aprovechan al máximo el factor docente, y
3º Intervienen en cuanto la evaluación del alumnado empieza a bajar.
Vía: ISEI-IVEI. Fuentes.

El lío de la LOE

Leo el lío lelo de la LOE, y loo a la leal aula. Allí ulula la ola de ellos y ellas. La olla de aquí, de allá y de Alá lanza el olé al óleo lila… de la vida.

Se ha repetido muy oportunamente que la Educación se parecía a la aventura de Cristóbal Colón: no sabía adónde iba, casi no alcanza su meta, nunca supo dónde había llegado, fue financiada con fondos públicos y, a pesar de o por todo ello, constituye el mayor descubrimiento de la Historia de la Humanidad.

La educación es un bien cada vez más preciado. Actualmente ya no existe ningún sector estratégico de futuro más trascendente que la educación en todas sus opciones y etapas. Por ello, unos la intentan convertir en una mercancía más sometida a las leyes del comercio, mientras otros desean que forme parte de una planificada estrategia de proselitismo social. Pero la educación, un anhelo de utopía que nunca debiera ser instrumentalizado, es mucho más: Es un derecho reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, prerrogativa reconocida por los países firmantes de todo el planeta y potestad depositada en el alumnado y en sus familias.

Este compromiso explicitado afecta a toda regulación jurídica de la educación. La Declaración de la ONU exhorta hacia un modelo educativo orientado por la demanda familiar, y no por la oferta oficial como todavía lamentablemente subsiste en pleno siglo XXI, incluso en la Unión Europea. Vale la pena recordar textualmente el Artículo 26:

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

Ojalá los políticos que debaten en el parlamento pudieran acercarse a la realidad de las aulas, especialmente en aquellos centros donde se enfrentan con los máximos desafíos de educar a los más especiales, a los más desfavorecidos y a los más recientemente llegados. Comprenderían que el debate no debe concentrarse en un pulso para acumular privilegios para unos, ni en poner trabas a la acción escolar de la competencia, sino en dotar a todos los centros de la mejor organización y de los debidos recursos para apostar por una educación de calidad y de equidad con fórmulas plurales siempre que cuenten con suficiente respaldo familiar y social.

Parafraseando a Albert Camus, quien señaló que “quien fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo”, si la educación falla en articular la calidad con la equidad, como demuestran fehacientemente las evaluaciones internacionales PISA y TIMMS, naufragará por completo. Si la educación no es transgresoramente integradora, el saber como la riqueza seguirán segregadas en nuestra sociedad. No queda más esperanza colectiva que una educación de excelencia para todos. Este objetivo escolar, garantía de supervivencia individual y general, sí merece la máxima movilización de toda la sociedad civil.

Versión final en: http://mikel.agirregabiria.net/2005/lio-loe.htm

LOE: La Olvidada Educación

Un eclipsado debate tras 8 Leyes Orgánicas educativas aprobadas en 25 años. Demasiadas reformas para seguir distanciados de la Europa más avanzada.

La educación es una tarea generacional, prolongada a lo largo de la vida, que afecta intensivamente a los más jóvenes, en un inigualable esfuerzo colectivo donde participan familias, profesorado, alumnado y el conjunto de la sociedad. Todo ello requiere un marco político y administrativo consensuado, con vocación de larga permanencia en el tiempo para garantizar el máximo aprovechamiento de tan ingentes recursos humanos y materiales.

La educación es responsabilidad de la familia, que delega en la enseñanza parte de sus funciones. La formación se estratifica en etapas, desde la educación infantil hasta la formación profesional o la universidad, y en planos de actuación abarcando desde el autoaprendizaje, el aula, el centro, la red o el sistema global. En el Estado español, con las competencias educativas transferidas a las Comunidades Autónomas, una nueva Ley Orgánica de Educación (LOE) ha despertado un doble debate, interno entre docentes y público donde se enfrentan algunas visiones opuestas (asignatura de religión, concertación de centros privados,…).

El proyecto de LOE presentado por el Ministerio de Educación y Ciencia para su tramitación en el Congreso ha sido calificado de muchas formas, según la perspectiva de los analistas. Puede definirse como un texto reducido, no excesivamente pormenorizado ni intervencionista, que busca soslayar los mayores escollos con los sectores más influyentes sin negar su inspiración “socialista”. Quizá la LOE sea una concreción del “talante Zapatero”, que -con paradojas y contradicciones- busca la máxima mayoría parlamentaria.

Repasemos algunas inconsistencias. En la exposición de motivos, declara que las evaluaciones internacionales recientes, como PISA (trianual) y TIMMS (cuatrianual), ponen de manifiesto que es posible combinar calidad educativa con equidad en su acceso, pero la LOE ni propone mecanismos urgentes de mejora (que obligarían a una mayor inversión), ni menciona las “devastadoras conclusiones del Informe Pisa” que denuncia el Consejo de Estado de Educación, máximo órgano consultivo que en su preceptivo dictamen proclama: “Parece como si el anteproyecto tratara sólo de modernizar el sistema educativo y no de corregir tendencias a la baja calidad que son de dominio público y preocupan a la sociedad…”.

Entre las incoherencias, sobresalen algunas. Propone el carácter “complementario” de las redes escolares pública y concertada, porque reconocer la “subsidiariedad” sería impresentable en nuestra realidad educativa continental, aunque luego en el articulado separe tajantemente entre centros públicos y centros sostenidos con “fondos públicos” (que incluiría a los privados concertados). Igualmente se pregona la autonomía de los centros docentes, pero no se facilitan instrumentos para ello en la escuela pública. Presume como gran novedad un área de “educación para la ciudadanía”, sin que se sepa quién impartirá tan difuso y discutible contenido.

En su última redacción ha incorporado el “esfuerzo individual de los alumnos”, como uno de los principios de la educación y como uno de sus fines “el mérito y el esfuerzo personal”. Este eslogan de la LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Educación) era uno de los aspectos más rescatables de la ley del PP, y aunque el PSOE se negaba a destacar su presencia, al final la obviedad se ha impuesto. Afortunadamente en la disposición final primera se pregona que el primer deber básico de los alumnos es… estudiar (lo que lamentablemente parece pertinente por un inexplicable olvido muy extendido).

El porcentaje de contenidos básicos de las enseñanzas básicas, 55% en las Comunidades Autónomas con lengua cooficial y 65% para las restantes, ha sido otro punto de polémica política artificial en prensa. Los educadores sabemos que la realidad escolar del siglo XXI exige un núcleo planetario absolutamente común (no en el Estado, ni en Europa siquiera), que es lo que se mide en las evaluaciones internacionales (matemáticas, ciencias, primera lengua,…). Igualmente sólo alguien ajeno a la práctica docente puede negar la indispensable adecuación curricular que desde la escala no sólo autonómica, sino de centro, de profesorado, de aula y de cada miembro del alumnado ha de programarse.

Otra espinosa controversia se centra en la enseñanza de la religión. La disposición adicional segunda comienza desacertadamente: “La enseñanza de la religión se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre el Estado español y la Santa Sede,…”. Pareciera que la enseñanza religiosa no fuese una frecuente demanda familiar, de un alto porcentaje de madres y padres que la consideran esencial. Su deseo legítimo, al igual que el de quienes prefieren que sus hijos e hijas no reciban enseñanza confesional alguna, debe ser garantizado, al igual que los derechos de los docentes de estas materias. La opción más aceptable sería una materia de oferta obligatoria en todos los centros en sus versiones confesional (de todas las iglesias con representación significativa) y no confesional, para la aceptación voluntaria por parte de las familias. Debiera ser evaluada didácticamente para su notificación familiar, aunque no computable a ningún efecto académico (becas, promoción,…). El apartado 3º, que otorga a la entidad religiosa la condición de empleador y establece el pago delegado, no parece satisfacer ni al profesorado implicado, ni a las jerarquías eclesiásticas, por lo que parece inviable semejante variación unilateral de empleador cuando ni el receptor ni los trasferidos lo asumen. También sería de justicia la equiparación académica y salarial de este colectivo que reúne a más de 17.000 docentes en el Estado.

Entre sus cualidades, la LOE se destaca porque simplifica la proliferación de leyes educativas y de sus correspondientes reglamentos emitidos desde 1990, derogando -además de otras leyes menores- la LOGSE (Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990), la LOPEG (Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes de 1995), y la LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Educación de 2002). La litigada LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación de 1985), corrigiendo algunos de sus excesos, queda drásticamente reducida a una cincuentena de artículos (de sus 63 artículos iniciales), e incluso también son abolidos o reformulados muchos apartados de los artículos vigentes por la disposición final primera del anteproyecto. Desafortunadamente, el anteproyecto delira cuando, en su apartado 5º de la citada disposición, introduce un disparatado y encubierto derecho a la huelga del alumnado menor de edad, que ni respeta las responsabilidades, derechos y deberes de los padres, ni mejora la participación discente en la organización escolar. Debería suprimirse este enunciado, sin perjuicio de recoger adecuadamente el derecho de reunión en el centro escolar, respetando los horarios de actividad y los derechos de cuantos constituyen la comunidad educativa, previa comunicación a la dirección o de acuerdo con ella.

Las preconizadas “evaluaciones de diagnóstico”, al finalizar el segundo ciclo de Primaria (10 años) y al concluir el segundo curso de la Secundaria obligatoria (14 años), pueden ser reconocidas como puntos positivos por su carácter formativo y orientador, sin la estricta connotación de reválida (que la LOCE promulgaba) y que al medir currículos (y no competencias) podría condicionar y uniformar excesivamente la necesaria autonomía docente para atender a la diversidad discente. De este modo, queda una medición objetiva de la Primaria, antes de su tercer ciclo, y otra graduación en la crítica edad intermedia de la ESO, cuando en 3º parece que muchos de nuestros estudiantes encuentran súbitamente todos los obstáculos en lo que parecía un generalizado progreso modélico. Más dudosa es la supresión de la PGB (Prueba General de Bachillerato), prevista en la LOCE y común en toda la Unión Europea (salvo en Grecia y Portugal).

El retardo de los itinerarios hasta 4º de la ESO es oportuno y paneuropeo, cuando aparecen tres materias de modalidad y algunas optativas, retrasando el prematuro adelanto de la LOCE. Igualmente resulta conveniente la suavización en el número de asignaturas no superadas para promocionar de curso, porque nuestro retardo medio no mejora ni la calidad ni la equidad, y porque son más efectivas las medidas de refuerzo dirigidas hacia la superación final. El clamor contra la “promoción automática” ni es exacta, ni se corresponde con la reglamentación de los países de referencia educativa.

El reagrupamiento en tres bachilleratos de Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales, y Artes es acertado. La fusión en el primero de ellos de los antiguos Bachilleratos de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud junto al de Tecnología era necesaria, y debería servir para incrementar el flujo hacia esta modalidad. Únicamente entre las materias comunes del Bachillerato, previstas en el artículo 34, debería incorporarse el metalenguaje omnipresente de una “Matemática Aplicada”.

Las insuficiencias de la LOE son variadas. El avance que supone la declaración de carácter educativo de los dos ciclos de Educación Infantil (superando el anacrónico nombre de Preescolar que reitera el PP), queda desdibujado por no abordar este período en tres ciclos bianuales (como todo el resto de la educación hasta el diseñado en el Espacio Europeo de Educación Superior). La espuria razón para este lastre es la inercia anterior y la insuficiente financiación dedicada a esta etapa, que da lugar a discrepancias totales entre Administraciones Educativas donde se retarda Andalucía (única con tasas de escolarización menor del 90% de la población de 3 años), mientras el País Vasco supera el 90% incluso de la infancia de 2 años. La gratuidad promulgada por la LOE del segundo ciclo de Infantil (3-6 años) es una mejora sólo para las Comunidades más retrasadas, mientras que las demandas sociales en edades más precoces ya se desbordan en las Comunidades mejor financiadas. En esta etapa, la subsidiariedad de la concertada se manifiesta en el artículo 15, en donde se garantizan una oferta suficiente en los centros públicos (además sólo con un incremento progresivo desde la situación actual), mientras que apenas se esboza que “podrán establecerse conciertos con centros privados”.

Son meramente declarativas y sin previsiones las apuestas por la mejora de los idiomas (foráneos y oficiales), que la LOE sigue sin apoyar más decididamente, o el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación, donde nuestro retraso pedagógico comparado es deprimente. Igualmente las bibliotecas escolares quedan simplemente citadas y no incentivadas.

La participación de las familias podría acrecentarse asegurando, en función de la edad del alumnado, porcentajes no inferiores a un tercio de padres adicionalmente a un sexto de alumnos, en el artículo 126 sobre la composición del Consejo Escolar, para mostrar quiénes son los destinatarios que justifican todo el servicio educativo.

Respecto a la equidad escolar, el creciente alumnado (propio y extranjero) con necesidad específica de apoyo educativo por origen o minusvalía (sensorial, síquica o motora), e incluso el de altas capacidades intelectuales, sigue en la ambigüedad o en la inseguridad al asegurarse que las dotaciones para centros públicos y concertados serán las mismas (artículo 72), mientras que simultánea y posteriormente en el artículo 112, de medios materiales y humanos, se distinga sutilmente entre sus apartados primero y siguientes. Inicialmente se menciona expresamente a los “centros públicos” como aquéllos que deben ser dotados por las Administraciones Educativas, mientras en los restantes párrafos sean los “centros” genéricos los que atiendan a alumnado de educación especial,… Este artículo debiera incorporar el detalle de referirse en todo momento a los “centros sostenidos con fondos públicos”.

Preocupante resulta el matiz establecido en el artículo 84, relativo a la admisión de alumnos, donde se cita que “las Administraciones educativas realizarán una programación adecuada de los puestos escolares gratuitos que garantice el derecho a la educación”, pero sin mencionar la libertad de elección que corresponde a las familias. En ese mismo artículo, falta la inclusión de un criterio que facilite la continuidad pedagógica en un mismo centro, tanto en el caso de titularidad pública como no pública. En el artículo 88, sobre garantías de gratuidad, sigue sin aparecer el coste de los servicios complementarios de transporte y comedor, que debieran recibir un tratamiento similar en todos los centros sostenidos con fondos públicos.

Tampoco se acomete en esta oportunidad un refuerzo de la formación inicial del profesorado de enseñanza infantil, primaria y secundaria. La convergencia de las condiciones laborales, profesionales y económicas del profesorado y del personal no docente, tanto de centros públicos como concertados, queda en el limbo de los deseos, con una confusa cita en el apartado 117.4 donde turbiamente se sugiere “posibilitar la equiparación gradual de la remuneración (del profesorado concertado) con la del profesorado estatal (sic)”. Como si no existiesen diferencias salariales, incluso entre funcionarios docentes (respecto al “profesorado estatal”, sólo el redactor sabrá a qué se refiere en niveles no universitarios). Por último, en el capítulo del profesorado, la disposición transitoria segunda podría extenderse más allá del 4-10-2010 el régimen de jubilación voluntaria de los mayores de 60 años, a fin de rejuvenecer las plantillas docentes.

Lo peor es el mantenimiento de un sistema educativo basado en la oferta, y no en la demanda familiar (artículo 109. 2). La misma consideración de la educación como “servicio público”, quedaría mejor expresada como “servicio esencial” o de “interés general”, con independencia de la titularidad pública o concertada del centro elegido por los progenitores (situación a la que más se acerca en el Estado la Comunidad Autónoma Vasca, por tradición y financiación). El progreso hacia un sistema cooperativo, prestado por centros públicos y otros de iniciativa social, se entorpece cuando se desiguala por titularidad, como en el artículo 122.3 donde se concede que sólo los centros públicos podrán obtener recursos complementarios. Esto es apropiado y novedoso, pero debiera abrirse en las mismas condiciones a todos los centros “sostenidos con fondos públicos”.

Resulta aberrante el apartado 3 del artículo 109: “En la programación de la oferta de plazas, las Administraciones educativas armonizarán (sic) las exigencias derivadas de la consideración de la educación como servicio público, con los derechos individuales de alumnos, padres y tutores. Asimismo, conciliarán (sic) la libertad de elección de centro con el principio de equidad, atendiendo a las limitaciones materiales derivadas de la capacidad de los centros y de las consignaciones presupuestarias existentes y al principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos (sic)”. Discrepamos profundamente de que la economía impida derechos fundamentales, o que éstos queden restringidos por inciertas razones de supuesta eficiencia. Nefastamente, en la redacción actual el Estado parece erigirse como único titular originario del derecho a la educación, quedando las familias y los centros educativos reducidos a concesionarios de tal derecho. A todos nos conviene que los padres defendamos nuestro derecho a escoger el tipo de educación que preferimos, incluida la formación moral y religiosa que responda a nuestras convicciones.

Nadie discute la necesidad de una reforma educativa, cuando los datos negativos se acumulan en informes internacionales o en comparativas de fracaso escolar. El optimismo para que podamos competir con los mejores debe partir del máximo realismo sobre nuestra posición de partida, así como de un amplio y comprometido enfoque comunitario. Una Pedagogía del Éxito entraña que las familias y los educadores mantengan expectativas positivas sobre las capacidades de sus hijos y alumnos, para afrontan motivada y conjuntamente tan decisiva tarea, solventando los problemas crónicos con ilusión y apoyo social.

Concluyendo: Conviven en el Estado sistemas educativos muy diferenciados que la LOE debiera impulsar y desarrollar mirando hacia lo mejor de Europa, nunca uniformar por abajo. En general, nuestras posiciones educativas son mediocres o insuficientes respecto a la Unión Europea, y entre los países de la OCDE. No es algo de extrañar, dado que socio-culturalmente, económicamente y en esfuerzo educativo (interés familiar y porcentaje del PIB) no destacamos especialmente hasta la fecha.

Sólo cuando la ciudadanía presiona electoralmente, los poderes públicos y los dirigentes políticos otorgan la merecida atención, prioridad y recursos a la educación, a la universidad y a la investigación. Es el tiempo de los hechos. Rige un lema magistral: 'Si alguien cree que la educación es cara, que pruebe con la ignorancia'. Nuestro futuro individual y colectivo, a corto, medio y largo plazo, depende básicamente de nuestra apuesta educativa. Ojalá el debate sobre la LOE nos permitiese advertir la trascendencia de lo que está en juego.

Versión final en: http://mikel.agirregabiria.net/2005/loe.htm

Estudio y estío

En verano, hasta cuando no estudiamos nada, aprendemos mucho. La conclusión es que debemos estudiar más y mejor.

Veranear 17 años en el mismo lugar, ver crecer a los hijos propios y observar anualmente su progreso y el de sus amigos de varios países, es una experiencia de gran valor pedagógico para cualquier persona, especialmente si se dedica a la educación. Quienes eran sólo unos niños y niñas se han convertido casi en adultos, algunos que ya trabajan y otros que prosiguen sus estudios.

En el grupo había quienes eran más vivaces, más sociables, más curiosos, más activos o más despiertos, pero la travesía por la enseñanza obligatoria los clasificó atendiendo fundamentalmente a una sola cualidad: su voluntad e interés por el estudio. La niña más talentosa desatendió sus estudios y hoy trabaja en un supermercado como la cajera más simpática de la localidad; el menos precoz de los niños prosiguió firmemente con el estudio y está acabando sus prácticas de ingeniería superior en Alemania. Unos apenas se manejan con la segunda lengua; otros hablan cinco idiomas y han viajado por todo el mundo. Todos ellos han sabido mantener su amistad por encima de las diferencias, pero sus futuros van divergiendo notablemente.

¡Qué lección para las familias y el profesorado! Nuestro gran reto, como señaló el maestro Vasili Sujomlinski, consiste “en enseñar a estudiar, y en consecuencia, hacer que la infancia y la juventud deseen estudiar”. En su modesta escuela de Plavísh fundó la “Escuela de la Alegría”, para que todo su alumnado aprendiera, en primer lugar, a amar el estudio. Su célebre “paradoja de Sujomlinski” dicta que “no es función de la escuela enseñar a los niños; su obligación estriba en enseñarles a estudiar, ya que deben ser ellos quienes aprendan por sí mismos”.

Unos consejos finales, dedicados respectivamente a profesores, padres e hijos. El profesorado sabe de las peculiaridades de los sistemas educativos, de los centros y recursos, o de los calendarios y horarios escolares en cada país, pero las enormes diferencias en las evaluaciones internacionales como PISA o TIMSS radican en la aplicación por el estudio que, entre todos (sociedad, escuela y familias), sepamos despertar en el alumnado.

A los padres, y a las dedicadas madres especialmente, cabe recomendarles que establezcan para sus hijos rutinas diarias de estudio y lectura. Desde niños deben entender que han de dedicar todos los días, incluido el verano, un tiempo de esfuerzo para descubrir el gusto por el estudio.

A cada alumno cabe avisarle que si no estudia, pronto se sentirá como el ladrón de su porvenir. Ya los filósofos clásicos, Catón y Séneca, nos advertían: “Amarga es la raíz del estudio, pero sus frutos son dulces” y “Acógete al estudio para escapar de todos los sinsabores de la vida”.

Versión final en: http://mikel.agirregabiria.net/2005/estudio.htm

Un alumno soñador y aventurero

Está en clase y no está. Porque no pisa baldosas sucias, pisa la arena del desierto entre dunas pupitreras. Miguel Angel Jubera Sánchez

Gauss y la Comisión del 11-M

La comisión parlamentaria del 11-M recuerda un caso histórico sobre cómo simplificar lo ilusoriamente complejo.

Se cuenta que cuando Friedrich Gauss era un escolar de 9 años, un maestro pidió a toda la clase que sumaran los números del 1 al 100. Tras plantear el ejercicio y mientras sus compañeros comenzaban las primeras adiciones 1+2+3+4 = 10,…, Gauss se adelanta exclamando: “Ligget se!” (¡Aquí está!), con la solución exacta: 5.050. Sorprendido por su celeridad, el profesor pidió a Gauss que explicara el método seguido. En vez de sumar cada número con el siguiente, Gauss hizo parejas de cada número inicial y final y acumuló los extremos: 1+100=101, 2+99=101, 3+98=101,… Como eran 50 parejas con valor constante de 101, el total sumaba 50 x 101 = 5.050.

En la comisión de investigación del 11-M, Aznar, Zaplana y Acebes insistan hasta el hastío en marearnos haciéndonos sumar lo absurdo, para que abandonemos la evidencia más patente: Que desde la tarde del 11-M fabularon un engaño masivo, cuando los expertos antiterroristas sólo sostenían abierta la hipótesis del terrorismo islamista. Basta aplicar la suma de una progresión aritmética: Desde el principio, mediante Batasuna, y hasta el final, ETA se desvinculó, cuando siempre se atribuye sus atrocidades. Desde el principio de la furgoneta de Alcalá de Henares y hasta hoy, el terrorismo islamista reivindicó el atentado que sigue sus horripilantes parámetros, en explosivos y en número de activistas, de las masacres que provoca sin preaviso.

Se sumen como se sumen los indicios, la conclusión es la misma. Señores del PP más recalcitrante: No nos mientan más, que su ridículo proceder rebasa los límites de la más burda manipulación. Definitivamente, no nos vendría mal un poco más de formación matemática (más que nada porque estructura la mente y enseña a pensar) a nuestra clase política, a nuestro alumnado (véase el PISA 2003) y a nuestra sociedad para superar esta bochornosa parodia que retrata fielmente el nivel cultural de algunos conciudadanos y de algunos medios de comunicación.

2005: Año Mundial de la Física

Así como el 2000 fue el Año Mundial de las matemáticas, celebraremos la Física en el centésimo aniversario del año milagroso de Einstein.