El apagón de las encuestas y el poder de los indecisos

¿De verdad decidimos mejor nuestro voto cuando nos apagan los sondeos? La respuesta es menos sencilla de lo que sugiere la ley. Hoy, domingo 22 de noviembre de 2026, falta exactamente una semana para que abran los colegios electorales del 29N (posts). A la medianoche de mañana entra en vigor la prohibición del artículo 69.7 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General (BOE). Durante cinco días ningún medio podrá publicar encuestas, y la Junta Electoral Central extiende ese silencio hasta el cierre de las urnas, a las 20:00 en la península.

Quienes, como nosotros, ya hemos votado por correo porque el domingo no estaremos en casa, miramos esta recta final con cierta serenidad. Por eso conviene preguntarse, antes del silencio, qué miden de verdad los barómetros que hoy llenan las portadas y qué papel juegan quienes aún no han elegido papeleta. 

Tres cautelas antes de que calle la demoscopia. Una encuesta no es una urna en miniatura, sino una fotografía con grano y en movimiento. Estos días conviven retratos casi opuestos de un mismo país. El CIS atribuía ventaja al PSOE el 12 de noviembre, con 45.074 entrevistas realizadas entre el 7 y el 30 de octubre. Firmas privadas como 40dB, Sondaxe o NC Report han dibujado en la última semana distancias más estrechas, o mayorías alternativas. La diferencia rara vez está en los datos en bruto. Casi siempre nace de tres cosas.

La primera es la «cocina». Entrevistar a mil o a cuarenta mil personas conlleva incertidumbre, y después cada instituto pondera el recuerdo de voto, corrige el voto oculto y calcula quién acudirá de verdad. Cuando dos sondeos se separan varios puntos, solemos ver dos hipótesis sobre la participación, más que dos países distintos.

La segunda es el efecto arrastre (post sobre el bandwagon) y su reverso, el voto útil. La ley parte de la sospecha de que conocer el pronóstico altera la conducta: unos se suman a quien parece ganar y otros votan para frenar a un rival. Donde el último escaño depende de un puñado de papeletas, un gráfico se convierte en argumento de campaña. El análisis de RTVE, análisis provincial del 29N del 18 de noviembre aún dejaba nueve escaños en el aire, entre ellos el segundo de Álava.

La tercera es que la veda nació en 1985, con prensa en papel y telediarios únicos. Hoy, según el estudio preelectoral del CIS, el 71,7 % del electorado se informa por televisión, el 45,5 % por redes sociales y el 35,8 % por prensa escrita y digital. Si los sondeos circulan por medios extranjeros, chats o perfiles anónimos mientras los partidos siguen encargando rastreos internos, quizá toque debatir una pregunta. ¿Protegería mejor al votante la transparencia total, con fichas técnicas, cuestionarios y microdatos a la vista, que una prohibición fácil de sortear?

Quienes aún dudan: una mayoría que escucha. Hemos dedicado varias entradas de la etiqueta 29N a imaginar qué aprenderíamos si votasen quienes quedan fuera del censo, desde robots y animales hasta la infancia. Hoy miramos a otro grupo, este sí con derecho a depositar su sobre: quienes dudan entre una sigla y otra, o entre votar y abstenerse. Según el CIS, el 49,1 % decide en cada ocasión según lo que más le convence, incluso si vota o no. El 23,5 % elige siempre la misma sigla y el 22,4 % suele hacerlo. Es decir, el resultado no lo marcan las parroquias más convencidas, sino una amplia mayoría crítica que escucha, compara y duda hasta el final.

Una tregua para pensar. Podemos tomar este apagón no como una molestia, sino como una pequeña tregua. Quedan siete días para cambiar la ansiedad por el pronóstico por la lectura sosegada de programas, trayectorias y coherencia. Votar no es una quiniela sobre quién gana, sino un acto que condiciona la convivencia de los próximos cuatro años. Lo recordaba John Dewey en Democracia y educación (1916): «La democracia es más que una forma de gobierno».

Catorce millones de personas sin papeleta. El domingo 29, 35.958.711 residentes en España, y otros 2.769.645 electores en el exterior, estamos llamados a las urnas. Pero en un país de 49.935.642 habitantes, cerca de catorce millones de vecinos que comparten nuestras calles, aulas y hospitales no podrán votar. 

Pensemos primero en los 7.960.945 menores que cargarán durante décadas con lo que decidamos hoy. Uno de cada tres (33,2 %), unos 2,6 millones, vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Heredarán la educación pública, la salud mental juvenil, la vivienda y una deuda que en agosto rondaba el 99,7 % del PIB.

Pensemos también en más de siete millones de personas de nacionalidad extranjera que trabajan, cuidan de nuestros mayores, residen y pagan impuestos sin voz en estas elecciones. Y en quienes sufren enfermedad, soledad o pobreza extrema, o ni siquiera logran inscribirse en el censo. La reforma de 2018 devolvió el voto a más de cien mil personas con discapacidad intelectual, y eso demuestra que la democracia puede ensancharse.

No pueden firmar una papeleta, así que nos confían tácitamente la suya. Votemos también por ellos, con solidaridad y con justicia. Que el criterio de nuestra elección sea uno que podamos explicar, sin vergüenza, a un niño, a una vecina migrante y a quien más depende de lo público.

0 comments:

Publicar un comentario