Al fijarse los niveles mínimos, los típicos rígidos imponen dígitos cínicos, y los míticos líricos preferimos límites nítidos, lícitos y cívicos.El establecimiento de niveles académicos mínimos y de pruebas diagnósticas generalizadas y periódicas efectuadas por evaluadores internos y externos ha demostrado una eficacia indiscutible en todos los sistemas de enseñanza. En nuestro caso, desde la desaparición en 1970 de las pruebas de Ingreso al Bachillerato y de sus correspondientes reválidas en 4º y 6º, sólo disponemos de la Selectividad como prueba común.
Sus efectos son sumamente positivos en los dos cursos actuales de la enseñanza secundaria post-obligatoria, apremiada por la medición individual y colegial que supone. Ello, a pesar de algunas deficiencias quizás no tanto basadas en el hecho de que su corrección sea competencia exclusiva de profesorado público, sino en no asegurarse rigurosamente el anonimato del alumnado y del centro de origen, ni una doble corrección independiente y contrastada.
En este momento, el sistema educativo vasco se encuentra ante una encrucijada, donde han de reconsiderarse y resolverse dos elementos centrales de la enseñanza: el currículum escolar y los modelos lingüísticos. Las comisiones técnicas que han analizado ambos aspectos llevan muchos meses de trabajo preparatorio para la elaboración de sus opciones, y ahora serán los políticos quienes hayan de convenir las propuestas definitivas.
El nuevo Currículum Vasco es un tema de una complejidad que excede la extensión de este artículo. En lo referido a los niveles mínimos para la universalidad discente, únicamente hemos de señalar el potencial riesgo que supone la construcción parcelada por áreas temáticas, introduciéndose por separado pero aditivamente y con el doble enfoque de competencias y contenidos mínimos. La suma de todos ellos, con el doble origen de un 55% marcado por la LOE y el 45% definido desde la Comunidad Autónoma de Euskadi, podría resultar excesiva para una minoría significativa del alumnado. Especialmente si apostamos por una educación que no favorezca el fracaso, que no deje atrás a nadie, como preconizan y logran las sociedades más comprometidas y solidarias.
La revisión de los Modelos Lingüísticos puede significar, igualmente, un latente peligro si se confundiesen objetivos y/o plazos en lo relativo a los niveles mínimos exigibles. El incumplimiento de la Ley de Normalización del Euskera, de 1982, deriva –en parte- de su desmesurada meta en el Artículo 17: “El Gobierno adoptará aquellas medidas encaminadas a garantizar al alumnado la posibilidad real, en igualdad de condiciones, de poseer un conocimiento práctico suficiente de ambas lenguas oficiales al finalizar los estudios de enseñanza obligatoria”… (finalización que entonces, antes del BUP, sucedía a los 14 años).
Veinticinco años después de la Ley 10/1982, las evaluaciones del ISEI-IVEI concluyen que si se establece el nivel B2 como terminal en la actual ESO, sólo el 47,3% de nuestro alumnado de 16 años supera este nivel (el porcentaje sube al 53,7% incluyendo la expresión oral), repartido según los actuales modelos en 57,2% del D, el 27,5% del B y siendo inapreciable el porcentaje en modelo A.
Reglar el nivel B2 como mínimo en un plazo programable (planificado a 6-10 años) resulta inverosímil de alcanzar, ni siquiera para el 80% del alumnado, a pesar del éxito reconocido internacionalmente que ha significado la euskaldunización del profesorado y de las familias, y el avance sociolingüístico de nuestro entorno formativo, mediático y social. Bastaría considerar el mapa donde se concentra la tarea pendiente, áreas metropolitanas del Gran Bilbao y Vitoria-Gasteiz, para comprender que el nivel B1 universal al acabar la ESO es un reto considerable, si se desea alcanzarlo realmente y no como una declaración de principios generacional, que se logrará… pero un plazo mayor.
Concluiríamos que los niveles educativos deben escalonarse en su currículum debidamente con tres referencias: niveles mínimos exigibles, niveles recomendables medios y máximos niveles de excelencia, que serán los que se definan desde la autonomía de las redes y centros escolares, muchos de los cuales aseguran para su alumnado cotas muy altas en resultados lingüísticos y curriculares. Los niveles mínimos deben atender a una premisa de equidad que no instituya un fracaso insuperable, mientras que los niveles recomendables nos sitúen en convergencia con los países más avanzados educativamente y el porcentaje de quienes alcanzan los niveles máximos establezcan la calidad del sistema que, entre todos, hemos de apoyar e impulsar.
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