Los navarros no son vascos
Paradójicamente son los ultraconstitucionalistas del PP ó UPN quienes se niegan siquiera a considerar algo perfectamente contemplado incluso en sus idolatrados textos legales: la unión política de la Comunidad Foral Navarra con la Comunidad Autónoma Vasca, siempre que la ciudadanía navarra así lo decidiese. Tal confederación conjunta está detalladamente prevista en la disposición transitoria 4ª de la Constitución, en el artículo 2º del Estatuto de Gernika, y en la disposición adicional 2ª del Amejoramiento. Pero UPN ó PP entienden que tal posibilidad es contraria a la Historia de Navarra.
Repasemos brevemente dicha Historia, que desde los primeros testimonios escritos de Polibio, Estrabón y Ptolomeo proporcionan una información que permite localizar a los Vascones en lo que hoy es la CFN, la provincia de Huesca hasta el Gállego y el este de Alaba. Durante el Imperio romano los vascones se extendieron a ambos lados de los Pirineos y una vez desaparecido éste, los enfrentamientos fueron continuos con los consecutivos poderes emergentes de visigodos, francos y musulmanes. Es en este escenario donde se produce la batalla de Roncesvalles (778), en la que la retaguardia de Carlomagno fue aniquilada porque había destruido Pamplona. En el año 824 nace el reino de Pamplona. El “Códice de Roda” del siglo X reflejará, bajo Sancho el Mayor calificado por los Omeyas como “Señor de los vascos”, un dominio que abarcará entre otras áreas geográficas la CAV, Baja Navarra, Labourd, y Bearne.
En el siglo XII el Reino de Pamplona pasa a llamarse Reino de Navarra y se iniciará su paulatina apropiación por Castilla. En el año 1199 las fuerzas de Alfonso VIII de Castilla tomarán Vitoria, conquistará Gipuzkoa al año siguiente, la Cofradía de Arriaga (Alaba) se entregará en 1332 y Bizkaia por sucesión matrimonial en 1376. De esta forma, los territorios de la Navarra marítima quedaron separados del resto del Reino. La apropiación definitiva se culminará con la conquista armada de Navarra por las tropas del duque de Alba en 1512. A partir de este momento la historiografía castellana denominará como intentos “franceses” la recuperación del Reino, cuando “tales franceses” no eran sino los únicos reyes legítimos navarros pertenecientes al otro lado de los Pirineos. La batalla de Noain (1521) es el testimonio del fracasado intento de recuperación del Reino por parte de los navarros con más de 5.000 muertos. Un grupo de escapados de esta batalla simbolizará en la fortaleza de Amaiur (1522), el último baluarte de la resistencia navarra contra los castellanos.
Si bien Navarra siguió conservando sus Cortes Generales, sus Tribunales de Justicia, el Consejo Real, la administración, la moneda, las aduanas y fronteras, competencias más amplias que las que goza hoy en día y paradójicamente no reivindicadas por los fervientes navarristas, el control castellano se materializó en la organización militar, en la administración civil y eclesiástica y en la castellanización progresiva. Este último punto, el de la lengua, ha sido tergiversado de tal forma que nos han hecho creer que el euskera siempre ha sido un reducto en Navarra, cuando precisamente los textos medievales denominan al euskera como “Lingua Navarrorum”. Si ya en la época árabe el historiador Al-Himyari comenta sobre los habitantes de Pamplona que la mayor parte hablan el vasco (al-bashkiya) lo que les hace incomprensibles, a finales del siglo XVI y según un Registro existente en el Seminario de Vitoria de las ciudades, villas y lugares de cada obispado del País Vasco, en el correspondiente a Navarra figuran 58 pueblos de habla castellana y 451 de habla vasca. A comienzos del siglo XVII está documentado el euskera como lengua usual en la región de Sangüesa, así como en el norte de Tafalla y en Tierras de Estella.
En 1841, después de haber finalizado la primera guerra carlista, entre otras características como expresión de la reivindicación foral, Navarra deja de ser Reino convirtiéndose en una mera provincia con ciertas facultades administrativas y fiscales, bajo la Ley Paccionada elaborada por el Estado español, que no recogía pacto alguno sino imposición.
En 1936 se aprueba el Estatuto de Lizarra (Estella) y se resaltó que en la elaboración de dicho Estatuto, los ayuntamientos navarros rechazaron ir junto a la CAV por un estrecho margen (123 contra 109). Hoy sabemos, gracias al historiador navarro Jimeno Jurio, que algunos ayuntamientos que supuestamente votaron en contra realmente lo hicieron a favor, lo que debió haber cambiado radicalmente el resultado.
En cuanto a los años de la Transición, en principio el PSOE estuvo a favor de un mismo Estatuto para la CAV y para Navarra, pero desistieron de tal pretensión por la presión de la cúpula militar franquista que adujo que Navarra disponía de mucha frontera con el Estado francés. A partir de ese momento, la CAV tendrá un marco jurídico diferente plasmado en el Estatuto de Gernika de 1979 y la Comunidad de Navarra en la Ley del Amejoramiento de 1982.
La “Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi” de 2003 recoge el antiguo Reino de Navarra, actualmente dividido en tres administraciones diferentes, para recuperar de modo pacífico y democrático por la voluntad libre de su ciudadanía aquel proyecto originario de comunes raíces lingüísticas y culturales. Para muchos, y desde el respeto foral hacia cada uno de los seis Territorios Históricos que forman Euskal Herria, los navarros no son vascos, sino que todos los vascos somos navarros.
Pedro Pablo Arrinda / Mikel Agirregabiria
Silver Economy: La nueva e innovadora economía de las personas mayores
Se denomina Silver Economy o Economía de Plata (o
canosa) al sistema de producción,
distribución y consumo de bienes y servicios destinado a utilizar el creciente potencial
de compra de las personas mayores y satisfacer sus necesidades de consumo,
salud, ocio y vida. Este concepto nació hace ya medio siglo, cuando surge en
los años ’70 en Japón, pero ha tardado en difundirse por todo el planeta.
El envejecimiento de
la población en todo el mundo, y especialmente en toda la “vieja” Europa es una
realidad. La esperanza de vida en España aumenta dos años y medio cada década, desde 1940,
situándose hoy en 83 años. Más aún en
Euskadi, donde gozamos de una esperanza de vida de las mayores de toda la humanidad.
Este fenómeno social
de longevidad colectiva, especialmente para las mujeres, ha de ser considerado una gran oportunidad, y nunca un
problema. ¿O acaso hay quien no quiera llegar a la jubilación con capacidad de
seguir disfrutando plenamente de la vida?
En la actualidad y
aunque esta franja de edad a partir de los 65 años es muy plural, y nunca un
colectivo homogéneo, una primera clasificación a efectos del objetivo económico
podría establecerse en tres subgrupos:
activos, dependientes y frágiles. El tipo de productos y servicios
destinados a estas tres franjas es muy variado, especializado e incremental.
Incluso aún no está atendido ni completado por nuevas demandas contemporáneas,
especialmente para quienes mantienen mejores condiciones de calidad de vida:
Los viejos jóvenes o madurescentes.
Al igual que la adolescencia es un “invento”
de la segunda mitad del siglo XX, antes se pasaba directamente de la niñez a la
madurez sin tiempo de transición, esta primera mitad del siglo XXI ha creado el neologismo de “madurescencia” o viejóvenes.
Son personas libres de horario por haber llegado a la edad de jubilación, pero
con facultades plenas de capacidad y talento para seguir contribuyendo, disfrutando
mucho más del voluntariado, ocio y el tiempo libre durante todo el año.
Según la Unión Europea el 31,5% de la economía, es decir 6,4 Billones de euros en 2025, va a depender de este gran destinatario como es el
conjunto de las personas mayores. Por su cada día mayor porcentaje demográfico
y sus rentas promedio sin necesidad de ahorrar para el futuro.
Este consumo además comprende
un amplísimo espectro de campos, no solamente en cuidados asistenciales y
sanitarios, sino que incluye a la totalidad de bienes y sectores desde la
tecnología más avanzada a la alimentación, vivienda, cultura, viajes, educación
a lo largo de la vida,…
Por ello es una evidencia que la Silver Economy se presenta
como una oportunidad de negocio para multitud de empresas. Precisamente, porque
afecta a todos los sectores propios de las sociedades desarrolladas. Incluso hay expertos que rehúsan señalar «sectores»
relacionados, indicando que más bien existen productos y servicios
determinados que están habilitados para resultar idóneos para el público de edad
como un ensayo antes de abrirlos a otros destinatarios.
Lo cierto es que en una panorámica rápida existen numerosos
ejemplos de productos y servicios orientados a la “economía plateada”. Envolvería
desde el sector financiero con sus nuevos productos de
pensión y ahorro (incluido el fiasco de las hipotecas inversas), hasta los
servicios de telecomunicaciones adaptando sus múltiples dispositivos
de comunicación, vigilancia, apoyo y asistencia con AgeTech (tecnología para
mayores), ChatBot (robots de conversación con inteligencia artificial),….
Todo esto por lo citar lo más obvio, llegado el caso de la dependencia en sus distintos grados: el sector de los cuidados. Ahí se barajan desde soluciones alternativas de vivienda compartida (CoHousing), hasta sofisticados pero accesibles equipamientos domóticos de hogares para quienes prefieran optar por mantenerse en sus casas.
Desde organizaciones de mayores como las Asociaciones Territoriales de Nagusiak en Bizkaia, Agijupens en Gipuzkoa, Las Cuatro Torres en Araba, agrupadas en la Federación EuskoFerderpen, queremos trasladar algunas consideraciones sobre la Silver Economy.
La primera premisa es abandonar la actitud paternalista o
edadista según la cual hay que cuidar a las personas mayores porque son
incapaces de hacerlo por sí mismas. Somos conscientes y capaces no solamente de
cuidarnos y consumir, sino de prescribir y colaborar determinantemente en cómo
satisfacer las demandas propias de la edad y de mejorarlas con una Silver
Innovation que queremos y podemos impulsar.
Las personas mayores nos reconocemos como el nuevo
perfil de consumidor estrella, pero bajo el lema de “todo para las y los mayores, pero contando con su aportación” desde
el diseño inicial de todos estos procesos. En resumen, las personas mayores somos tanto receptores
como generadores de la Economía Plateada, incluso con una relevante
contribución específica desde el emprendimiento senior.
La segunda e imprescindible
consideración reside en remarcar el
carácter social y universal de las prestaciones actuales y futuras de estas demandas.
No aceptamos que únicamente quienes disponen de abundantes recursos económicos alcancen
a adquirir o contratar estos servicios, presentes y futuros, bajo las leyes del
implacable mercado. Reivindicamos que todas las esenciales sean incluidas como
básicas en los sistemas públicos de acompañamiento y asistencia.
Anunciamos la firme y solidaria voluntad de colaborar con empresas e instituciones para ampliar nuestra cartera de servicios plateados, a fin de combatir gravísimos emergencias de soledad (el problema del siglo), pobreza, maltrato, falta de accesibilidad,…. Para ello trasladamos una reivindicación de sumar nuevos recursos, a fin de que una real y justa Silver Economy no nos sitúe como mera clientela, sino como prescriptores y revisores de estas crecientes ofertas que deben regirse por el valor social, no el mercantil.
Queremos, sabemos y
podemos “ayudar y ser ayudados”.
Pasaremos por ambas etapas, pero lo óptimo es solaparlo en todas las etapas
vitales. Cuenten con las personas mayores, que sabemos que necesitamos a toda
la sociedad, pero con la misma firmeza consideramos que toda la sociedad
también nos necesita. Nos vemos valiosos para seguir viviendo, aprendiendo, construyendo,
innovando, comunicando y legando,… verbos de acción que son sinónimos. Nuestro
lema en Euskadi Lagunkoia, un proyecto seleccionado en 2018 por la Organización
Mundial de la Salud, es “Las personas mayores son como las raíces que
sostienen y alimentan a los árboles durante su larga vida”.
Apostamos por el voluntariado, y mejor si es
intergeneracional. De hecho, gente de nuestra edad es mayoritaria en distintas
Instituciones Públicas y Privadas, y decididamente en el Tercer Sector, actuando
como soporte indispensable de su inmensa labor social. Incluso durante la
reciente pandemia hemos movilizado numerosas competencias digitales de muchas personas para mantener nuestra contribución a la sociedad
en un doble canal híbrido, que combina lo presencial del contacto físico
con la ubicuidad y alcance de lo virtual.
Somos un dragón plateado que parecía dormido, pero se está
desperezando. Una fuerza insospechada que quiere incorporarse decididamente a
aportar su experiencia, su conocimiento y su perspectiva de tiempo para
imaginar un futuro mejor.
Nuestra sociedad goza de unas privilegiadas condiciones previas de
solidaridad institucionalizada, vertebración política, madurez empresarial,
sindical y social, con avanzados escenarios de innovación e investigación en
ciencia y tecnología que pueden ser el crisol de un punto de inflexión. Además
ya se están materializando proyectos de la envergadura del Nagusi IntelligenceCenter, que podrían copilotar una acción sinérgica y global.
Para concluir: El advenimiento de la Silver Economy provoca una disrupción general en todo el planeta, pero acentuadamente en todos los planos de nuestra cercana y cambiante realidad. Creemos que Euskadi puede convertirse en un país pionero y piloto en la vanguardia del Envejecimiento Activo y Activado, logrando altas rentabilidades sociales y, a la par, económicas para la totalidad de su ciudadanía.
Sargoi y WATS con Elkar Teach, en Etorkizuna Eraikiz, Donostia, 20-11-18
Calidad Educativa Vasca
La Ley apela a un bello, y reiterado, concepto de calidad y a una “cultura del esfuerzo”, ideas generales con las que todos podemos estar de acuerdo. Lo cierto es que sus promotores poca ejemplificación de “esfuerzo” han demostrado en democratizar su gestación. Se ha aprobado el Proyecto en plenas vacaciones escolares, y fuera del periodo de presidencia europea, lo que proclama el poco entusiasmo que provoca, la contestación social que espera y su difícil “venta” ante la opinión pública. Entre las numerosas protestas, en Euskadi cabe recordar la multitudinaria manifestación del 4 de mayo a favor de un Sistema Educativo Propio, bajo el doble lema de “STOP a la Ley de Calidad del PP” y “Por una Educación Nuestra y Solidaria”.
Con un espíritu de evaluación constructiva, que los educadores debemos cultivar ahora más que la crítica pura que estimulamos hace dos o tres décadas por demandas del momento, expondremos los aspectos válidos, y otros no tanto, que hay como en cualquier propuesta. Como cuando se juzga el comportamiento del alumnado, conviene reseñar primero los aspectos negativos (conductas a corregir) y, luego destacar los elementos más positivos (salvando a las personas).
Las objeciones son, a nuestro entender, múltiples. La primera y sustancial para la realidad educativa vasca es que se trata de una Ley uniformadora, que además de invadir competencias asumidas (ya se ha anunciado la interposición de recursos de inconstitucionalidad) y de ignorar incluso la realidad bilingüe de casi la mitad del alumnado español, se dirige principalmente a corregir situaciones educativas superadas en Euskadi, como se describe a continuación.
La educación vasca, por los factores básicos como financiación, equilibrio de redes, grado de concertación o ratio profesorado/alumnado, se puede equiparar con los sistemas europeos más avanzados, que poco tienen que ver con los de algunas autonomías del Estado, con trasferencias tardías, y cuyos indicadores históricos de calidad están desgraciadamente postergados. La justificación misma de la Ley partió del “fracaso escolar”, aunque en la redacción final se ha obviado el término, que se cifra en más de un 25 % en el promedio del Estado Español, y que es muy inferior en Euskal Herria: Un 19 % en la CAPV (con un sistema plenamente bilingüe) y menos aún en Navarra.
Asimismo la Ley propone, como una de sus medidas más relevantes, que la gratuidad de la nueva etapa de Educación Infantil, ahora sólo en el tramo 3-6 años. Esta meritoria iniciativa puede mejorar la baja escolarización española, pero nada dice en Euskadi donde la escolarización es universal no sólo en esta etapa, sino incluso desde los 2 años. Algo similar sucedió con la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) al escolarizar hasta los 16 años: esto ya había acontecido hacía años en Euskadi.
Debe saber la ciudadanía vasca, que la extensión de la escolarización en Euskadi en ambos extremos de edad discente, en 0-2 años y en porcentaje de universitarios es comparable y favorablemente con las sociedades europeas y norteamericanas más avanzadas, encabezando todas las series del Estado. Nuestro debate no es la concertación del 3-6 años, ni el 2-6 siquiera, sino cómo asegurar las plazas de 0-2 años para aquellas familias que lo desean y que optan por ello más que en ninguna otra sociedad del mundo.
Así mismo, en los aspectos curriculares las indicaciones de la Ley para adelantar el estudio de una lengua extranjera y de las nuevas tecnologías en Educación Infantil, o la potenciación en Primaria de las áreas instrumentales (Lengua y Matemáticas), las Lenguas Extranjeras son ya realidades en Euskal Herria. En este sentido, la consideración de asignatura troncal de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) es otra ocasión frustrada, que sí ha otorgado Blair en el Reino Unido. Esta administración ha declarado a la enseñanza como 'el desafío fundamental' de los próximos diez años, y destinado hasta el 5,6% del PIB (superando a la media europea), con un incremento del 50% de la inversión por alumno en ocho años. Cuando en la actualidad sólo el 4,4% del PIB se dedica a la educación en el promedio español, se haría realidad el binomio de “reforma y dinero”, evitando el mismo error que cometió la LOGSE en 1990.
En Euskadi, la financiación educativa global, comparable a la media europea, no es lo más perentorio, aunque sí su reordenamiento presupuestario junto a innovaciones organizativas y un nuevo “acuerdo educativo”, previsto en el Programa de Gobierno de Ibarretxe, tras el “pacto escolar” suscrito en 1992.
La visión centralista que inspira toda la Ley, provoca su pésima hechura. Trata de homogeneizar a un modelo único unos sistemas escolares tan heterogéneos en las distintas comunidades autónomas que justamente comete el error que pretende combatir: aplicar una política de igualación a la baja. Como sucedió con la Ley de FP, evoca el mito del posadero Procusto, que ajustaba el huésped a la cama con el expeditivo procedimiento de estirarle o cortarle miembros y cabeza.
La limitación que impone un artículo de divulgación no exime de enunciar otros errores organizativos: la supresión de la promoción automática en ESO, de forma que se repetirá el curso con más de dos asignaturas suspensas, no compensada con criterios para el profesorado a fin de comprender la gravedad y el coste familiar y social que significa cada repetición, de escasa eficacia en muchos casos; la imposibilidad de aceleración que permita aventajar al grupo de coetáneos; los posibles efectos de discriminación, clasificación y segregación social del alumnado; la especialización de algunos centros públicos en los itinerarios menos prestigiosos que podría provocar su segmentación, lo que se agudizaría si se yugulase la financiación pública; la división del profesorado por no favorecer la carrera docente y por “resucitar” el cuerpo de catedráticos; el freno a la participación de las familias; la devaluación adicional de la Formación profesional, a la que retrotrae a tiempos pasados;…
Finalmente la lista de “oportunidades perdidas”, puede constituir, por sí misma, la mayor objeción a la Ley: El nulo avance hacia un verdadero Espacio Europeo de la Educación; la falta de un moderno tratamiento para una “educación en valores”; el “cierre en falso” entre la asignatura de religión y su alternativa; la no provisión adicional de recursos para la enseñanza de idiomas y de las TIC; el escaso avance en el tratamiento de las necesidades educativas especiales; la conculcación de los derechos lingüísticos del alumnado extranjero en las comunidades bilingües con programas de aprendizaje sólo de la lengua española; …
Y después de toda esta lluvia de reprobaciones, ¿cuáles son los aspectos favorables que se prometían? Abreviadamente y sin exponer todos los matices que merecería cada caso: La Prueba General de Bachillerato o reválida, con una 'parte oral' de la lengua extranjera, mejorando una Selectividad con tribunales mixtos (Profesorado Público de Secundaria-Universidad), que ni aseguraba la coordinación entre la universidad y la secundaria, ni constituía una evaluación propia del sistema preuniversitario para homologar conocimientos y contrarrestar tendencias indeseadas en las calificaciones; los itinerarios formativos que regularicen el abanico de fórmulas de refuerzo -que de hecho ya se han desplegado en Euskadi- para la atención a la diversidad de la ESO; la reducción a tres modalidades en los dos cursos de Bachillerato; el fomento de la lectura;…
Otras posibilidades podrían vislumbrarse con una aplicación inteligente de la Ley. Como se señala en su preámbulo, “las reformas educativas han dejado de ser acontecimientos excepcionales, y se han convertido en procesos relativamente continuados de revisión, ajuste y mejora”. En este sentido, confiamos que la crisis, entendida como oportunidad, servirá para perfeccionar el Sistema Educativo Vasco, no tanto por las virtualidades de la Ley como por nuestro esfuerzo propio.
Valoración final. Como el ingeniero del chiste, que ni veía la botella medio llena como el optimista, ni medio vacía como el pesimista. Simplemente creía que estaba mal diseñada (a doble tamaño del necesario). Tag Technorati: euskara.
LOE: La Olvidada Educación
La educación es una tarea generacional, prolongada a lo largo de la vida, que afecta intensivamente a los más jóvenes, en un inigualable esfuerzo colectivo donde participan familias, profesorado, alumnado y el conjunto de la sociedad. Todo ello requiere un marco político y administrativo consensuado, con vocación de larga permanencia en el tiempo para garantizar el máximo aprovechamiento de tan ingentes recursos humanos y materiales.
La educación es responsabilidad de la familia, que delega en la enseñanza parte de sus funciones. La formación se estratifica en etapas, desde la educación infantil hasta la formación profesional o la universidad, y en planos de actuación abarcando desde el autoaprendizaje, el aula, el centro, la red o el sistema global. En el Estado español, con las competencias educativas transferidas a las Comunidades Autónomas, una nueva Ley Orgánica de Educación (LOE) ha despertado un doble debate, interno entre docentes y público donde se enfrentan algunas visiones opuestas (asignatura de religión, concertación de centros privados,…).
El proyecto de LOE presentado por el Ministerio de Educación y Ciencia para su tramitación en el Congreso ha sido calificado de muchas formas, según la perspectiva de los analistas. Puede definirse como un texto reducido, no excesivamente pormenorizado ni intervencionista, que busca soslayar los mayores escollos con los sectores más influyentes sin negar su inspiración “socialista”. Quizá la LOE sea una concreción del “talante Zapatero”, que -con paradojas y contradicciones- busca la máxima mayoría parlamentaria.
Repasemos algunas inconsistencias. En la exposición de motivos, declara que las evaluaciones internacionales recientes, como PISA (trianual) y TIMMS (cuatrianual), ponen de manifiesto que es posible combinar calidad educativa con equidad en su acceso, pero la LOE ni propone mecanismos urgentes de mejora (que obligarían a una mayor inversión), ni menciona las “devastadoras conclusiones del Informe Pisa” que denuncia el Consejo de Estado de Educación, máximo órgano consultivo que en su preceptivo dictamen proclama: “Parece como si el anteproyecto tratara sólo de modernizar el sistema educativo y no de corregir tendencias a la baja calidad que son de dominio público y preocupan a la sociedad…”.
Entre las incoherencias, sobresalen algunas. Propone el carácter “complementario” de las redes escolares pública y concertada, porque reconocer la “subsidiariedad” sería impresentable en nuestra realidad educativa continental, aunque luego en el articulado separe tajantemente entre centros públicos y centros sostenidos con “fondos públicos” (que incluiría a los privados concertados). Igualmente se pregona la autonomía de los centros docentes, pero no se facilitan instrumentos para ello en la escuela pública. Presume como gran novedad un área de “educación para la ciudadanía”, sin que se sepa quién impartirá tan difuso y discutible contenido.
En su última redacción ha incorporado el “esfuerzo individual de los alumnos”, como uno de los principios de la educación y como uno de sus fines “el mérito y el esfuerzo personal”. Este eslogan de la LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Educación) era uno de los aspectos más rescatables de la ley del PP, y aunque el PSOE se negaba a destacar su presencia, al final la obviedad se ha impuesto. Afortunadamente en la disposición final primera se pregona que el primer deber básico de los alumnos es… estudiar (lo que lamentablemente parece pertinente por un inexplicable olvido muy extendido).
El porcentaje de contenidos básicos de las enseñanzas básicas, 55% en las Comunidades Autónomas con lengua cooficial y 65% para las restantes, ha sido otro punto de polémica política artificial en prensa. Los educadores sabemos que la realidad escolar del siglo XXI exige un núcleo planetario absolutamente común (no en el Estado, ni en Europa siquiera), que es lo que se mide en las evaluaciones internacionales (matemáticas, ciencias, primera lengua,…). Igualmente sólo alguien ajeno a la práctica docente puede negar la indispensable adecuación curricular que desde la escala no sólo autonómica, sino de centro, de profesorado, de aula y de cada miembro del alumnado ha de programarse.
Otra espinosa controversia se centra en la enseñanza de la religión. La disposición adicional segunda comienza desacertadamente: “La enseñanza de la religión se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre el Estado español y la Santa Sede,…”. Pareciera que la enseñanza religiosa no fuese una frecuente demanda familiar, de un alto porcentaje de madres y padres que la consideran esencial. Su deseo legítimo, al igual que el de quienes prefieren que sus hijos e hijas no reciban enseñanza confesional alguna, debe ser garantizado, al igual que los derechos de los docentes de estas materias. La opción más aceptable sería una materia de oferta obligatoria en todos los centros en sus versiones confesional (de todas las iglesias con representación significativa) y no confesional, para la aceptación voluntaria por parte de las familias. Debiera ser evaluada didácticamente para su notificación familiar, aunque no computable a ningún efecto académico (becas, promoción,…). El apartado 3º, que otorga a la entidad religiosa la condición de empleador y establece el pago delegado, no parece satisfacer ni al profesorado implicado, ni a las jerarquías eclesiásticas, por lo que parece inviable semejante variación unilateral de empleador cuando ni el receptor ni los trasferidos lo asumen. También sería de justicia la equiparación académica y salarial de este colectivo que reúne a más de 17.000 docentes en el Estado.
Entre sus cualidades, la LOE se destaca porque simplifica la proliferación de leyes educativas y de sus correspondientes reglamentos emitidos desde 1990, derogando -además de otras leyes menores- la LOGSE (Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990), la LOPEG (Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes de 1995), y la LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Educación de 2002). La litigada LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación de 1985), corrigiendo algunos de sus excesos, queda drásticamente reducida a una cincuentena de artículos (de sus 63 artículos iniciales), e incluso también son abolidos o reformulados muchos apartados de los artículos vigentes por la disposición final primera del anteproyecto. Desafortunadamente, el anteproyecto delira cuando, en su apartado 5º de la citada disposición, introduce un disparatado y encubierto derecho a la huelga del alumnado menor de edad, que ni respeta las responsabilidades, derechos y deberes de los padres, ni mejora la participación discente en la organización escolar. Debería suprimirse este enunciado, sin perjuicio de recoger adecuadamente el derecho de reunión en el centro escolar, respetando los horarios de actividad y los derechos de cuantos constituyen la comunidad educativa, previa comunicación a la dirección o de acuerdo con ella.
Las preconizadas “evaluaciones de diagnóstico”, al finalizar el segundo ciclo de Primaria (10 años) y al concluir el segundo curso de la Secundaria obligatoria (14 años), pueden ser reconocidas como puntos positivos por su carácter formativo y orientador, sin la estricta connotación de reválida (que la LOCE promulgaba) y que al medir currículos (y no competencias) podría condicionar y uniformar excesivamente la necesaria autonomía docente para atender a la diversidad discente. De este modo, queda una medición objetiva de la Primaria, antes de su tercer ciclo, y otra graduación en la crítica edad intermedia de la ESO, cuando en 3º parece que muchos de nuestros estudiantes encuentran súbitamente todos los obstáculos en lo que parecía un generalizado progreso modélico. Más dudosa es la supresión de la PGB (Prueba General de Bachillerato), prevista en la LOCE y común en toda la Unión Europea (salvo en Grecia y Portugal).
El retardo de los itinerarios hasta 4º de la ESO es oportuno y paneuropeo, cuando aparecen tres materias de modalidad y algunas optativas, retrasando el prematuro adelanto de la LOCE. Igualmente resulta conveniente la suavización en el número de asignaturas no superadas para promocionar de curso, porque nuestro retardo medio no mejora ni la calidad ni la equidad, y porque son más efectivas las medidas de refuerzo dirigidas hacia la superación final. El clamor contra la “promoción automática” ni es exacta, ni se corresponde con la reglamentación de los países de referencia educativa.
El reagrupamiento en tres bachilleratos de Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales, y Artes es acertado. La fusión en el primero de ellos de los antiguos Bachilleratos de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud junto al de Tecnología era necesaria, y debería servir para incrementar el flujo hacia esta modalidad. Únicamente entre las materias comunes del Bachillerato, previstas en el artículo 34, debería incorporarse el metalenguaje omnipresente de una “Matemática Aplicada”.
Las insuficiencias de la LOE son variadas. El avance que supone la declaración de carácter educativo de los dos ciclos de Educación Infantil (superando el anacrónico nombre de Preescolar que reitera el PP), queda desdibujado por no abordar este período en tres ciclos bianuales (como todo el resto de la educación hasta el diseñado en el Espacio Europeo de Educación Superior). La espuria razón para este lastre es la inercia anterior y la insuficiente financiación dedicada a esta etapa, que da lugar a discrepancias totales entre Administraciones Educativas donde se retarda Andalucía (única con tasas de escolarización menor del 90% de la población de 3 años), mientras el País Vasco supera el 90% incluso de la infancia de 2 años. La gratuidad promulgada por la LOE del segundo ciclo de Infantil (3-6 años) es una mejora sólo para las Comunidades más retrasadas, mientras que las demandas sociales en edades más precoces ya se desbordan en las Comunidades mejor financiadas. En esta etapa, la subsidiariedad de la concertada se manifiesta en el artículo 15, en donde se garantizan una oferta suficiente en los centros públicos (además sólo con un incremento progresivo desde la situación actual), mientras que apenas se esboza que “podrán establecerse conciertos con centros privados”.
Son meramente declarativas y sin previsiones las apuestas por la mejora de los idiomas (foráneos y oficiales), que la LOE sigue sin apoyar más decididamente, o el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación, donde nuestro retraso pedagógico comparado es deprimente. Igualmente las bibliotecas escolares quedan simplemente citadas y no incentivadas.
La participación de las familias podría acrecentarse asegurando, en función de la edad del alumnado, porcentajes no inferiores a un tercio de padres adicionalmente a un sexto de alumnos, en el artículo 126 sobre la composición del Consejo Escolar, para mostrar quiénes son los destinatarios que justifican todo el servicio educativo.
Respecto a la equidad escolar, el creciente alumnado (propio y extranjero) con necesidad específica de apoyo educativo por origen o minusvalía (sensorial, síquica o motora), e incluso el de altas capacidades intelectuales, sigue en la ambigüedad o en la inseguridad al asegurarse que las dotaciones para centros públicos y concertados serán las mismas (artículo 72), mientras que simultánea y posteriormente en el artículo 112, de medios materiales y humanos, se distinga sutilmente entre sus apartados primero y siguientes. Inicialmente se menciona expresamente a los “centros públicos” como aquéllos que deben ser dotados por las Administraciones Educativas, mientras en los restantes párrafos sean los “centros” genéricos los que atiendan a alumnado de educación especial,… Este artículo debiera incorporar el detalle de referirse en todo momento a los “centros sostenidos con fondos públicos”.
Preocupante resulta el matiz establecido en el artículo 84, relativo a la admisión de alumnos, donde se cita que “las Administraciones educativas realizarán una programación adecuada de los puestos escolares gratuitos que garantice el derecho a la educación”, pero sin mencionar la libertad de elección que corresponde a las familias. En ese mismo artículo, falta la inclusión de un criterio que facilite la continuidad pedagógica en un mismo centro, tanto en el caso de titularidad pública como no pública. En el artículo 88, sobre garantías de gratuidad, sigue sin aparecer el coste de los servicios complementarios de transporte y comedor, que debieran recibir un tratamiento similar en todos los centros sostenidos con fondos públicos.
Tampoco se acomete en esta oportunidad un refuerzo de la formación inicial del profesorado de enseñanza infantil, primaria y secundaria. La convergencia de las condiciones laborales, profesionales y económicas del profesorado y del personal no docente, tanto de centros públicos como concertados, queda en el limbo de los deseos, con una confusa cita en el apartado 117.4 donde turbiamente se sugiere “posibilitar la equiparación gradual de la remuneración (del profesorado concertado) con la del profesorado estatal (sic)”. Como si no existiesen diferencias salariales, incluso entre funcionarios docentes (respecto al “profesorado estatal”, sólo el redactor sabrá a qué se refiere en niveles no universitarios). Por último, en el capítulo del profesorado, la disposición transitoria segunda podría extenderse más allá del 4-10-2010 el régimen de jubilación voluntaria de los mayores de 60 años, a fin de rejuvenecer las plantillas docentes.
Lo peor es el mantenimiento de un sistema educativo basado en la oferta, y no en la demanda familiar (artículo 109. 2). La misma consideración de la educación como “servicio público”, quedaría mejor expresada como “servicio esencial” o de “interés general”, con independencia de la titularidad pública o concertada del centro elegido por los progenitores (situación a la que más se acerca en el Estado la Comunidad Autónoma Vasca, por tradición y financiación). El progreso hacia un sistema cooperativo, prestado por centros públicos y otros de iniciativa social, se entorpece cuando se desiguala por titularidad, como en el artículo 122.3 donde se concede que sólo los centros públicos podrán obtener recursos complementarios. Esto es apropiado y novedoso, pero debiera abrirse en las mismas condiciones a todos los centros “sostenidos con fondos públicos”.
Resulta aberrante el apartado 3 del artículo 109: “En la programación de la oferta de plazas, las Administraciones educativas armonizarán (sic) las exigencias derivadas de la consideración de la educación como servicio público, con los derechos individuales de alumnos, padres y tutores. Asimismo, conciliarán (sic) la libertad de elección de centro con el principio de equidad, atendiendo a las limitaciones materiales derivadas de la capacidad de los centros y de las consignaciones presupuestarias existentes y al principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos (sic)”. Discrepamos profundamente de que la economía impida derechos fundamentales, o que éstos queden restringidos por inciertas razones de supuesta eficiencia. Nefastamente, en la redacción actual el Estado parece erigirse como único titular originario del derecho a la educación, quedando las familias y los centros educativos reducidos a concesionarios de tal derecho. A todos nos conviene que los padres defendamos nuestro derecho a escoger el tipo de educación que preferimos, incluida la formación moral y religiosa que responda a nuestras convicciones.
Nadie discute la necesidad de una reforma educativa, cuando los datos negativos se acumulan en informes internacionales o en comparativas de fracaso escolar. El optimismo para que podamos competir con los mejores debe partir del máximo realismo sobre nuestra posición de partida, así como de un amplio y comprometido enfoque comunitario. Una Pedagogía del Éxito entraña que las familias y los educadores mantengan expectativas positivas sobre las capacidades de sus hijos y alumnos, para afrontan motivada y conjuntamente tan decisiva tarea, solventando los problemas crónicos con ilusión y apoyo social.
Concluyendo: Conviven en el Estado sistemas educativos muy diferenciados que la LOE debiera impulsar y desarrollar mirando hacia lo mejor de Europa, nunca uniformar por abajo. En general, nuestras posiciones educativas son mediocres o insuficientes respecto a la Unión Europea, y entre los países de la OCDE. No es algo de extrañar, dado que socio-culturalmente, económicamente y en esfuerzo educativo (interés familiar y porcentaje del PIB) no destacamos especialmente hasta la fecha.
Sólo cuando la ciudadanía presiona electoralmente, los poderes públicos y los dirigentes políticos otorgan la merecida atención, prioridad y recursos a la educación, a la universidad y a la investigación. Es el tiempo de los hechos. Rige un lema magistral: 'Si alguien cree que la educación es cara, que pruebe con la ignorancia'. Nuestro futuro individual y colectivo, a corto, medio y largo plazo, depende básicamente de nuestra apuesta educativa. Ojalá el debate sobre la LOE nos permitiese advertir la trascendencia de lo que está en juego.
Versión final en: http://mikel.agirregabiria.net/2005/loe.htm
Educación o extinción
1º España sigue siendo el país de la Unión Europea con la tasa de paro más elevada, 11,2%, cuando en la media de los Quince de la UE es del 8,0% y ningún otro país supera el 10%, con cifras de 3,9% Luxemburgo, 4% Holanda, 4,5% Austria ó 4,6 % Irlanda.
2º El recientes fracaso acallado del ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), ganado por Francia debido a su vitalidad científica muy superior a la española. Fueron patéticos los esfuerzos económicos de última hora, doblando la inversión de 450 a 900 millones de euros para una aventura tecnológica de 10.000 millones de euros y que creará miles de empleos permanentes de alta cualificación pata toda una generación de científicos. La capacidad investigadora y la potencialidad industrial no se improvisan con apresuradas maniobras diplomáticas de última hora, ni se alivian con premios de consolación como la Copa del América.
3º El porcentaje del 4,9% del PIB español destinado a educación es notoriamente insuficiente y decreciente. Más aún si se consideran los desequilibrios por autonomías. Sin desglosar por regiones debido a la ausencia de detalles que el Ministerio de Educación (MECD) no se atreve a publicar, el Estado no sólo dedica muy poco, a pesar de partir del gravísimo déficit educativo crónico, sino que además gasta menos desde que gobierna el PP: En 1995 era del 5.6% (4,6% público y 1% familiar) pasando en 2000 a 4,9% (4,3% público y 0,6% familiar). Insuficiente y completamente exiguo para las regiones más pobres, con peores infraestructuras escolares. Frente a esta raquítica inversión educativa, Corea del Sur dedica el 7,1% (4,3% y 2,8% familiar), y los países referenciales cifras como EE.UU. 7% (4,8% y 2,2%), Dinamarca 6,7% (6,4% público y 0,3%),… Incluso países en desarrollo como México, o de la nueva Europa como Polonia, Hungría,… superan la media española. En síntesis: la administración Aznar ha dedicado un esfuerzo educativo irrisorio y menguante, con un misérrimo capítulo de financiación pública.
El resultado obvio es el primer puesto… por la cola con Portugal e incluso el tercero peor si se incluyen los países candidatos a ingresar en la UE. El fracaso escolar de la Enseñanza Secundaria Obligatoria arroja cifras escandalosas: promedio del Estado español 28,6 %, OCDE 21%, UE 19,4%, países nórdicos con valores entre 9% y 5% en Finlandia, Dinamarca, Noruega,… Un análisis comparado denota el dramático “fracaso español“: abandono precoz de los estudios entre los jóvenes de 18 a 24 años, bajo nivel de la población adulta española con educación secundaria o superior (peor puesto con Portugal con un 42,4%, muy por debajo de la media europea del 65,7%) o educación permanente (sólo el 4,9% de los adultos españoles (25-64 años) frente a una media comunitaria de 8,4%). Justamente las únicas autonomías con valores educativos superiores a la media europea son la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral Navarra, en todos los parámetros educativos cualitativos y cuantitativos. Sólo un dato, la población graduada en COU-Bachillerato LOGSE es del 46,2% en la media española, pero oscilando entre el 65% en la CAV y el 35% en Canarias.
Los medios de comunicación debieran centrarse más en los temas educativos, por su trascendencia decisiva y por el interés profundo que despierta en la sociedad, en la ciudadanía y en las familias. No nos distraigan con éxitos ficticios de guerras lejanas, ni con estériles enfrentamientos con autonomías como Euskadi que apostaron por la calidad educativa como la mejor profecía de futuro. Basta de leyes limitadoras de las competencias educativas y sin partidas económicas, cuyo pésimo ejemplo es la Ley Orgánica de Calidad Educativa que uniformiza por abajo (como las minúsculas pensiones). Menos triunfalismo y más esfuerzo inversor en recursos humanos y materiales para la educación, las universidades y la investigación.
Las 8 etapas del desarrollo psicosocial de Erik Erikson
- Can I trust others? / ¿Puedo confiar en los demás?
- Am I independent? / ¿Soy independiente?
- Can I do what I want? / ¿Puedo hacer lo que quiero?
- Am I capable o competent? / ¿Soy capaz o competente?
- Do I know who I am? / ¿Sé quién soy?
- Do I have close relationships? / ¿Mantengo relaciones cercanas?
- Have I made a difference to others? / ¿He cambiado algo el mundo para los demás?
- Has my life been meaningful? / ¿Ha tenido sentido mi vida?