Un alegato en favor de una
Hezikidetza que rija la red pública de educación, en paridad con las otras redes escolares surgidas de la iniciativa social.
Sirvan estos apuntes, enteramente subjetivos desde una larga experiencia ininterrumpida de 38 años en la administración pública, para compartir y debatir sobre algunos criterios. La administración en el área de la educación no universitaria se relaciona con un número ingente de profesionales ubicados en multitud de centros poco homogéneos. A diferencia de la administración sanitaria, que sí puede ser voluminosa y con colectivos diferenciados, sus centros de trabajo son más grandes y, por ello, menos numerosos por lo que cuentan con órganos de dirección más estructurados y estables.
Los centros escolares respecto a los sanitarios son de dimensión más variable, sus direcciones son menos profesionalizadas y más rotatorias, y se eligen de modo mixto, influyendo de modo relevante la opinión de los colegas para presentarse a asumir mayores responsabilidades. La carrera docente, en los centros de titularidad pública, es muy endeble y no parece despertar demasiado el interés en la educación pública (con la excepción de los centros de FP con capacidad de presupuesto y con ingresos propios).
La dispersión y variedad de los lugares de trabajo en educación se compensa con diversas estructuras intermedias, con personal de enlace en un espectro continuo y ramificado que va desde los responsables políticos, funcionarios en servicios centrales y delegaciones, inspección y servicios de apoyo, equipos directivos y profesorado.
Adicionalmente, en Euskadi, el servicio público de
la educación se presta - prácticamente a partes iguales- entre centros de titularidad pública y concertada (los propiamente privados se limitan a los colegios extranjeros con un 1% del alumnado). Gran parte de la regulación de medios personales y materiales, aún con una voluntad de convergencia y similitud, han de canalizarse por vías administrativas diferenciadas para la red pública y para la concertada (además de la que regula la propiamente privada).
En esta situación, someramente descrita, se puede generar - y algunos creemos que se viene produciendo- una posible disintonía de efectos al elegir una única modalidad de gestión para realidades y canales tan singularizados. Lo trataremos de explicar con un caso posible y, quizá, deseable.
Imaginemos que, por decisión política, se apuesta por dotar de una máxima capacidad de autonomía a las comunidades educativas que conviven en torno a cada centro escolar, siempre con el contraste de rendición de resultados de acuerdo con unos mínimos académicos acordados. Ello podría materializarse con
una administración educativa liviana, centrada en una distribución equitativa de los recursos en función de la tipología del alumnado a educar en cada caso, y a una evaluación continua del proceso.
La hipótesis anterior requiere de algunas premisas tales como la existencia de comunidades educativas implicadas, de equipos docentes y directivos escolares comprometidos, así como de colaboración y aprendizaje intercentros en las diferentes redes educativas e, incluso, en el conjunto del sistema escolar.
El nivel de red escolar es crítico, porque simplifica y colabora en la visión macroeducativa con la administración, así como porque asume la necesaria gerencia interna de los recursos empleados.
Esta gestión y regulación del personal, así como del presupuesto general, se realiza efectivamente (con mayor o menor acierto) por parte de las distintas patronales no públicas, pero en el caso de la red pública es asumida por la administración,... si no se cuenta con algún organismo público específico (como podría ser una "
Hezikidetza", por similitud con "
Osakidetza" en sanidad).
Si no existe, y es el caso hasta la fecha, una
Hezikidetza, la administración educativa ha de deambular entre un modelo centrado en la eficacia, vigilancia y simplicidad, y otra fórmula más de gestión directa de sus decenas de miles de empleados desde la distancia, desde la intermediación compleja y con mecanismos de relación laboral más rígidos y menos eficientes.
La necesidad de un organismo de gestión de la red pública,
Hezikidetza, disociado de la administración educativa es una prioridad que desdoblaría una estructura alambicada del actual Departamento de Educación (con áreas de visión general y otras limitadas a la red pública), daría visibilidad y eficacia a la red pública (la mayor, respecto a cada una de las restantes) y facilitaría una perspectiva más nítida para una inversión educativa optimizada. Sería, además, una base para alcanzar un Acuerdo Escolar que diese estabilidad al sistema educativo en el medio y largo plazo.
