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Premisas para un Acuerdo Escolar en Euskadi

Han transcurrido muchos años desde el "Pacto Escolar" de 1992, plasmado en dos leyes de "Escuela Pública Vasca" y "Cuerpos Docentes Propios" en 1993.  Aquel acuerdo se planificó, y parecía demasiado entonces, para prolongarse durante siete años, hasta 1999. Quienes participamos en aquellas gestiones internas, aún conservamos las hojas de cálculo (en FrameWork III) con aquellas proyecciones, donde se establecían aportes macroeconómicos.

El Pacto Escolar de 1992 fue inicialmente suscrito únicamente por EAJ-PNV y el PSE-EE, sumándose como tercer apoyo la red de Kristau Eskola. Las motivaciones y los protocolos fueron los propios del momento, con un equilibrio gubernamental inédito, y algunos problemas acuciantes en las redes escolares. Aquel pacto, del que se puede aprender algo aún cuando el contexto es radicalmente diferente, pivotó sobre varias temáticas: la convergencia entre redes para su enmarque en dos formatos de titularidad (pública y concertada, aparte de la anecdótica privada), el ajuste a la implantación de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE, que comenzó a implantarse en 1992), la necesidad de regular los cuerpos docentes transferidos, así como la puesta en marcha del sistema de los tres modelos lingüísticos, actualmente en vigor. 

El devenir de los años conformó un extraño meandro en la historia de la educación vasca, que jamás ha dispuesto de una "Ley de Educación Vasca", a diferencia de todas las demás comunidades autónomas del Estado, la mayoría de las cuales recibió las competencias educativas mucho más tarde.

Desde 1993 ha habido tímidas peticiones, de retomar la búsqueda de un nuevo y amplio Acuerdo Escolar en Euskadi. También figuró en varios Pactos de Legislatura de gobiernos mixtos presididos por EAJ-PNV con gestión departamental de EA, pero donde fue evidente que nunca interesó a este partido minoritario promover este debate, ni le fue demandado por nadie.

Durante la última década, comenzando hacia 2003 se escucharon periódicamente algunas peticiones de retomar la búsqueda de una convergencia en un tema tan estratégico como susceptible de sufrir retrocesos en materia de autogobierno educativo. Por ejemplo, en septiembre del año 2006 el PSE pedía un nuevo "Pacto escolar" a EAJ-PNV, y a EA que gestionaba el Departamento de Educación. En septiembre de 2011 son las ikastolas de Ikastolen Elkartea quienes solicitaban al PSE, a la sazón gestionando educación un acuerdo escolar.

Deben darse las condiciones precisas, en una conjunción no producida ni sentida en los veinte años durante los cuales si ha habido pactos globales, ni se han sentado nuevas bases de marco legislativo para relanzar la educación en la CAPV. Podríamos enumerar algunas premisas necesarias, quizá no suficientes, para que se inicie en 2013 alguna negociación en este ámbito:
  • Un liderazgo directo desde Lehendakaritza que fije este objetivo para la actual legislatura.
  • Una dedicación continua desde la titular del Departamento de Educación, Política Lingüística Cultura y Cultura.
  • Un ámbito de encuentro con los principales partidos políticos, aceptando el marco de debate y los temas a incluir en el acuerdo.
  • Un foro profesional con patronales educativas, sindicales, profesorado y representantes de las familias.
  • Un calendario acordado del proceso que establezcan hitos intermedios para ir acotando acuerdos que sumen agentes e instancias escolares.
  • Una fórmula de comunicación que vaya socializando el debate y la progresión, acorde con las tendencias de transparencia propias del siglo XXI.
Mesa Redonda Educación Vasca 
La imagen inferior corresponde a una reciente Mesa Redonda con partidos políticos.

Kristau Eskola promueve un acuerdo educativo vasco

El Acuerdo como Meta
Se abre un debate educativo en Euskadi a instancias de Kristau Eskola, la agrupación vasca de centros religiosos con gran implantación. Un simposio bajo el título "El acuerdo como meta", como un completo programa, que se celebrará el próximo lunes 26 de marzo de 2012 en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Con esta jornada, pretende promover un proceso de reflexión y debate en aras a la consecución de un acuerdo escolar. Según Aitor Bilbao, Director General de Kristau Eskola, apuestan por un “acuerdo educativo amplio” que tenga al alumno como parte central y que aporte “estabilidad, viabilidad y sostenibilidad” al Sistema Educativo Vasco.

La web de Kristau Eskola indica que "este nuevo hito retoma la vía emprendida con la comparecencia ante la Comisión de Educación y Cultura del Parlamento Vasco el pasado 12 de diciembre de 2011. Aquella jornada se compartió la reflexión con los equipos directivos de todos los centros de Kristau Eskola en el BEC de Barakaldo, para hacer después partícipe del proceso a 70.000 familias y a 7.500 educadores por medio de materiales para el análisis y el debate que se distribuyeron el mes de diciembre".

Kristau Eskola se dispone a dar un paso más en la búsqueda de un acuerdo educativo amplio que tenga al alumno como centro del sistema y aporte estabilidad, viabilidad y futuro al Sistema Educativo Vasco. Como hilo conductor para el debate, Kristau Eskola ha elaborado un Documento Base en torno al cual girará el simposio. Acudirán representantes de todo el Sistema Educativo Vasco, incluidos los parlamentarios de los grupos políticos vascos (que protagonizarán una mesa redonda), así como las demás patronales y otros agentes educativos (que constituirán otra mesa redonda).

Será muy interesante escuchar a representantes de agentes educativos del sistema como Mikel Ormazabal (Kristau Eskola), Koldo Tellitu (Ikastolen Elkartea), Chechu Echeverria (AICE-IZEA), Mikel Gastañares (Ikasgiltza), Miren Abasolo (EIB) y Aitziber Martínez de Lagos (Sortzen Ikasbatuaz). También las reflexiones de los portavoces parlamentarios de la Comisión de Educación en el Parlamento Vasco: Arantza Aurrekoetxea (Euzko Abertzaleak-Nacionalistas Vascos), Vicente Reyes (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak), Iñaki Oyarzábal (Popular Vasco-Euskal Talde Popularra), Mikel Basabe (Aralar), Juanjo Agirrezabala (Eusko Alkartasuna), Mikel Arana (Ezker Anitza-IU) y Gorka Maneiro (UPyD).
El Acuerdo como Meta2
Post reubicado junto a su crónica.

Diez tendencias, previsiones y propuestas educativas

El debate educativo es escaso en nuestros tiempos, y aún más extraño si no está trufado de intereses políticos, económicos, corporativos, sindicales,... Abundan las opiniones contundentes, descalificatorias de quienes no piensan exactamente igual, propiciadas por la defensa de colectivos que no son exactamente los destinatarios del esfuerzo social que debiera estar dirigido solamente por la búsqueda de lo mejor... para el alumnado

Todo el mundo parece saber de educación, porque -y esto es bien cierto- todas las personas han recorrido trayectos educativos y, en muchos casos, han debido decidir sobre la educación de los suyos. Pero no es tan habitual disponer de una perspectiva más general, abierta y completa sobre la complejidad del extenso sistema educativo. Y, lo que es peor, aún habiendo muchos actores que sí disponen de tal capacidad, no todos ellos son capaces de hablar y escribir con sinceridad sobre sus conclusiones, por las consecuencias que se derivarían de su atrevimiento.

Con ánimo de aportar algunas ideas sobre la materia, en época de inicio de año, en plena madrugada, pensando quizá más como abuelo que como educador, con el máximo de honestidad, sin buscar ningún provecho personal, y sin temer nada por la franqueza, enumeraremos los que creemos son vectores de innovación educativa, enunciando la proyección, la predicción y la proposición en cada apartado.

Procuraremos equilibrar las expectativas en estas diez tendencias, previsiones y propuestas educativas, enfocadas hacia las enseñanzas básicas. Seremos relativamente optimistas en las tendencias, que quizá no se produzcan con la celeridad que señalamos. Corregiremos con algo de pesimismo las previsiones, porque son muchas las décadas en las que la inercia de los mecanismos educativos han frenado la innovación. Y, a modo de centralidad, intentaremos ser realistas en las propuestas, muchas veces iniciales o parciales, que convendría adoptar con urgencia. Esas medidas corresponderán no sólo a los poderes públicos y a la administración escolar, sino al conjunto de la ciudadanía.

Son visiones que se solapan, se entrecruzan y se potencian unas con otras, apuntando convergentemente hacia un futuro que podemos imaginar.
  1. Primacía del aprendizaje sobre la enseñanza. Si el siglo XX algún día será reconocido por ser la centuria de la educación, sin duda el siglo XXI lo será del aprendizaje (incluido el aprendizaje invisible) o de la "educación expandida". Esta querencia es tan perceptible como imparable, pero se enfrenta a toda una era de escolarización con currículos y estructuras diseñadas en el XIX y un profesorado del XX. La trayectoria a seguir es la apuesta decidida desde las familias y la sociedad por la conjunción del aprendizaje formal (en un sistema educativo renovado) con el creciente aprendizaje  informal y no formal. Este complemento educacional (el calendario escolar apenas cubre a lo sumo entre 950 ó 1.050 horas anuales de las 8.760 posibles), creciente por la implicación de otras instituciones y la digitalización que lo favorece, habrá de contar con mejor reconocimiento, validación y acreditación (como ya sugieren algunas Directrices de la UNESCO). En este concepto cabe la irrupción de emprendizajes que potencien los aprendizajes en horarios y calendarios suplementarios, bajo pautas lúdicas canalizadas por redes sociales en las distintas competencias a desarrollar.
  2. Creciente trascendencia (y debate) social de la educación. A pesar de que sus efectos siguen el lento ritmo de la naturaleza que exige paciencia y perseverancia, la educación y el aprendizaje son tan importantes que no pueden quedar sólo en manos de la política, o de la administración, o de patronales y sindicatos, o del profesorado, o del alumnado, o de las familias,... Es un tema clave de la totalidad de la ciudadanía, que debe ser vigilante con cuánto requiere y cómo ser gestiona, como la mejor inversión social. Por desgracia, la educación raramente es una prioridad cuando se analiza a corto plazo (la tragedia de la política), pero debe ser una constante sometida a la crítica y a la mejora continua. Hay demasiado desconocimiento, simplificación y condescendencia con nuestra eficacia escolar, con el logro de la equidad y la calidad académica que se alcanza. Convendría más examen sosegado, autocrítico, constructivo, ilusionante,... sobre el rendimiento del esfuerzo que la sociedad dedica a su educación.
  3. Todo el sistema educativo debe primar y centrarse en el alumnado (y sus familias mientras el alumnado sea menor de edad). Porque el alumnado es el núcleo de atención sobre el que articular las propuestas de aprendizaje. Toda la acción de la docencia y de la administración ha de estar al servicio del alumnado. Los derechos profesionales o laborales de los agentes escolares han de estar subordinados a su razón de ser: el alumnado (y sus familias). Esto ha de traducirse en un seguimiento docente más continuado, de forma que se fije el profesorado a etapas discentes (bianuales, como mínimo), involucrándose y responsabilizándose de modo más estrecho con el éxito escolar de cada alumno o alumna. 
  4. Una educación del siglo XXI debiera avalar como un nuevo derecho humano el éxito escolar universal (en las enseñanzas básicas y obligatorias) de todas las alumnas y alumnos. Ya no basta que una sociedad se contente con ofrecer un pupitre a cada escolar, sino que ha de asegurar que - a lo largo de su trayectoria de escolarización- cada miembro del alumnado descubrirá su talento personal y elegirá su opción vital para convertirse en una persona integralmente formada (y ello también significa, con un destino profesional factible).  Para todo lo cual deben generarse centros educativos diversificados con modelos variados que sean del agrado y permitan elegir a las familias (incluso, y especialmente, en un sistema público no homogéneo). También es preciso vincular más al profesorado con el éxito académico del alumnado a su cargo, secuenciando las metas competenciales a alcanzar en cada etapa. Al igual que un padre o una madre no acepta que alguno de sus hijos e hijas quede atrás, el profesorado comprenderá las circunstancias particulares del alumnado y buscará un camino que le lleve al máximo de sus potencialidades.
  5. Una cultura de evaluación constante se abrirá paso en todo el sistema educativo. Porque sólo una evaluación combinada (externa e interna) y contextualizada, general de todos los protagonistas (alumnado) y agentes, podrá garantizar la equidad y la calidad de todo el alumnado, de todas las aulas, de todos los centros, de todas las redes, así como de la administración, inspección, servicios de apoyo,... Siempre se consideró, pero luego no se aplicó, la diferenciación entre quien instruye (ahora diríamos mejor conduce el aprendizaje) y quien evalúa el proceso. Las evaluaciones diagnósticas, las evaluaciones externas, basadas en competencias y en contenidos, y desde la Educación Primaria, pueden ser un instrumento válido y esencial de mejora que establezca los refuerzos necesarios para que todo el alumnado progrese en conjunto, porque los desniveles se corrigen cuando son pequeños. Así se eliminarían, y a ultranza, las repeticiones de curso que se han demostrado inútiles.
  6. El currículum formal ha de concentrarse en los lenguajes y metalenguajes, para el limitado calendario de la educación formal. Las competencias (como la de aprender a aprender), los lenguajes naturales (euskera, castellano, inglés,...) y los metalenguajes matemático, científico, tecnológico y digital son la columna vertebral del currículo de las primeras etapas educativas. Para su debida consecución deben establecerse niveles y objetivos perfectamente definidos antes de finalizar las sucesivas etapas escolares. Los Boletines Oficiales, o las Leyes Orgánicas como la LOMCE, deben establecer niveles mínimos finales de las distintas etapas educativas, tales como el nivel de conocimiento de los idiomas oficiales o extranjeros, y según un baremo objetivo y mensurable. Y pueden hacerlo a escala de Estado, o mejor a nivel incluso continental, como el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). Pero no han de entrometerse en las metodologías pedagógicas para alcanzar dichos niveles, por razones tan obvias como la singularidad del alumnado, que hace difícil recomendar estrategias de aplicación general.
  7. La educación digital (reducación o sarezkuntza) debe transformar y mutar la escuela actual, potenciando nuevas realidades de aprendizaje transmedia con una comunidad abierta por el cauce de un Internet omnipresente y accesible a través de dispositivos móviles (smatphones, tablets,...), que debiera estar a nuestro alcance en todo momento y lugar. Su generalización abrirá el entorno escolar a las familias y al conjunto de la sociedad, que podrá participar por nuevas vías. Estas tecnologías han producido efectos inimaginables hace pocos años en las poderosas "industrias de la información", y muestran la misma oportunidad (y potencialidad de crisis) en las "instituciones de la formación". Su vertiginosa evolución (o red-volución) determina que lo que pudo ser una medida positiva como la distribución masiva de netbooks en Primaria y Secundaria ya no sea posible. Simple y llanamente, porque el mercado ha dejado de fabricarlos en favor de las tabletas digitales, lo que supone una vuelta a un super-pizarrín que pone en entredicho toda la historia de libros de texto, pesadas mochilas, diccionarios,... Y ya no caben excusas de costes, porque su abaratamiento (en continente y contenido) hace inexorable una inmediata tabletización con textos multilingües (tan beneficiosos para alumnado y familias), acceso inmediato y duradero, movilidad, inclusión digital universal,...
  8. Atención a la pluralidad de ofertas escolares (con diversidad de titularidades, modelos pedagógicos,...). El derecho a la educación, y al éxito educativo, reside en el alumnado, y en sus familias en tanto aquel es menor de edad. Debe ser objeto de atención y extremo cuidado el favorecer la multiplicidad de elección escolar, siempre que encuentre refrendo por parte de quienes se matriculan. Es una peculiaridad que puede dinamizar la innovación, mejorar la gestión y permitir la cooperación. Esa pluralidad debe protegerse con medidas que apoyen la adecuación a las demandas del alumnado (y de sus familias), que son quienes deben regir la planificación educativa. Para que la red de titularidad pública, la mayor de las actuales, actúe como una red educativa (como otras concertadas como Kristau Eskola, Partaide,...) debiera quedar organizada como una “Hezikidetza”, poniendo en juego la totalidad de sus recursos humanos. Así, la administración educativa general (con alguna semejanza con la sanitaria) velaría por el conjunto de la educación vasca mediante programas y conciertos a través de sus diferentes redes escolares, cuidando que la red de titularidad pública sea garante de la escolarización universal.
  9. Reordenación y aprendizaje permanente del profesorado, de las direcciones escolares, y del conjunto de los servicios de apoyo e inspección, así como de la administración educativa. El profesorado y las direcciones escolares, en pro de una máxima responsabilidad y autonomía de centros, son las piezas esenciales para que una sociedad se dote de una correcta y eficiente educación, con una amplia capacidad de autonomía a nivel de centro, departamento, etapa,... y de colaboración intrared o interredes escolares. La formación inicial y continuada, así como la carrera profesional, son aspectos a cuidar en la organización de la enseñanza, a fin de reconvertir a docentes en knowmads (nómadas del conocimiento). La administración debe simplificarse al tiempo que se hace más abierta y transparente para familias y agentes educativos. Los recursos humanos destinados a la educación han de reagruparse en torno a las aulas y los centros, actuando en proximidad máxima con el alumnado a fin de promover su éxito, en formatos presenciales o virtuales para compensar desigualdades socio-culturales de las familias a las que pertenezcan. Pervive demasiada estructura y jerarquía cuando nos encaminamos hacia un escenario de "Educación 3.0", basado en un aprendizaje más horizontal (entre iguales), un conocimiento aplicado contextualmente, unas relaciones menos jerarquizadas (en redarquías),...
  10. Urge un amplio "Acuerdo Escolar". En el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco que abarque a todo el sistema educativo vasco, algo no alcanzado tras 30 años de autogobierno, y que complete el "pacto escolar" de 1993 (que sólo cubría la mitad del sistema con una "Ley de la Escuela Pública Vasca" y que estaba programado para durar, a lo sumo, siete años). La génesis de este Acuerdo, extensible también a nivel de Estado y de Europa, debe propiciar una mínima regulación de modo que se confíe en las comunidades escolares que alientan cada centro, pero fijando metas medibles de resultados discentes. Ya han pasado 20 años desde el "pacto escolar" y han cambiado, afortunadamente mejorado, las condiciones. Ahora no basta una negociación sólo entre dos partidos, ni siquiera a escala exclusivamente política. Un nuevo acuerdo debe dimensionarse socialmente, escuchando especialmente a los agentes escolares -y en primer lugar a los prescriptores como lo son las familias-.

Cuestionario sobre la LOMCE

Extracto del cuestionario-base de nuestra entrevista (y segunda parte de la entrevista) realizada Idoia Alonso, especializada en educación en el diario DEIA,  sobre Anteproyecto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). 
La imagen es de Pablo Viñas, también de DEIA. Se tomó en el centro Askartza Claret, ante la urgencia de la publicación, y cuando íbamos a recoger a nuestro nieto. El libro, para  que nos identificase el fotógrafo una lluviosa tarde, es el último informe del Consejo Escolar de Euskadi, "La Educación en Euskadi, 2008-2010", una valiosa fuente de información.
Seguirá un post extenso con nuestras posiciones, que se remitió previamente para establecer un cuestionario. Más entradas sobre la LOMCE.
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- Desde el punto de vista técnico, ¿cómo definiría la LOMCE?
La LOMSE es, técnicamente, un anteproyecto mal redactado y socializado, carente de un diagnóstico elaborado, pobremente abierto a aportaciones, discordante entre sus objetivos y sus propuestas, desconocedor de la pluralidad educativa y lingüística del Estado, y –me temo- conducente a una regresión pedagógica. Todo apunta que habría que reabrir un clima más profesional, más abierto, menos impositivo y menos regulador para evitar la oposición total que se ha desatado. 

- ¿Cree que el contenido y las medidas que propone se corresponden con los objetivos de mejorar el nivel educativo y reducir el fracaso escolar? ¿Por qué? 
Por muchas de las razones que hemos expresado anteriormente, que demuestran la contradicción entre lo deseado y lo programado. Por ejemplo, se habla del alumnado como razón y eje, y de la búsqueda del éxito escolar, pero las propuestas conducen un mayor fracaso escolar, con una segregación prematura de quienes se rezaguen, en lugar de reforzar su aprendizaje. Se insiste en las pruebas normalizadas externas, pero se minusvaloran las evaluaciones del profesorado continuas y contextualizadas. Se alaba la autonomía de centro, pero se reduce el peso de la comunidad educativa (familias,…) en su gestión. 

- ¿La escuela vasca corre el riesgo de que baje el nivel? 
No y sí. Me explico: Una Ley, por muy general que sea, ni sube ni rebaja el nivel, y menos de forma automática y a corto plazo. Pero sí puede afectar, de modo grave y negativo, si se aplicase la LOMCE en sus términos actuales. Por los efectos perversos de clasificar al alumnado, generar más fracaso, centrarse superar en las “reválidas”, y unificar objetivos y estrategias. 

- ¿Las reválidas externas que plantea por parte de un órgano independiente cuenta con las suficientes garantías para el alumnado euskaldun? 
La redacción actual no ofrece detalle, ni garantiza por tanto, un correcto y justo tratamiento lingüístico de dichas pruebas. Y menos aún si, como si se confirmase el actual artículo 29.4 donde se señala: “Los criterios de evaluación –esto es lo nuevo y peor- y las características de las pruebas serán establecidas para todo el Sistema Educativo Español por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que también diseñará las pruebas y establecerá su contenido para cada convocatoria” . 

- ¿Cree factible que se aplique esta legislatura (estatal, supongo, fin de 2015)? 
Difícilmente, porque el calendario fijado, aunque se aprobase en este semestre de 2013 y con el retraso del último borrador, prevé que –sin considerar las pruebas con carácter diagnóstico- la primera prueba general sería para 2º de Bachillerato en el curso 15-16. Lo negativo es que el marco de la LOMCE, si no se renegociase, podría mediatizar y yugular un posible Acuerdo Educativo en Euskadi. Aunque, la alternativa ideal sería avanzar y materializar una Ley de Educación Vasca, con amplio consenso social y educativo.   

- Una de las principales críticas que persigue a la LOMCE es que ofrece café para todos... 
No deseamos una reforma que, con pruebas normalizadas diseñadas desde la lejanía centralizadora, aumente una selección prematura que margine a más alumnado. Por el contrario, necesitamos complementar con evaluaciones externas la evaluación continua interna y contextualizada, a fin de minimizar el fracaso escolar, actuar con refuerzo educativo inmediato y eliminar la tasa de abandono escolar de la población joven. 

- ¿Dónde quedan conceptos como la educación individualizada? 
La LOMCE amenaza convertirse en una cama de Procusto que cortará los pies, o la cabeza, a quien destaque o no se ajuste a esa norma promedio. No puede pedirse un mismo traje que se adapte a todo un inmenso universo de alumnado. ¿La polarización del debate en lo identitario es buscado? El debate generado es poco pedagógico, nada racional, se alientan descalificaciones nada educadas ni construcctivas, resulta demasiado corporativo, desperdiciando la oportunidad de aportar estrategias. ¿Quién piensa en el alumnado? 

- Y entre tanta descalificación, ¿hay algo positivo en la Ley Wert? 
El equipo de Wert acierta cuando explicita y denuncia las debilidades del sistema educativo, aunque lo haga bajo la hipótesis de que es uniforme, dado que coexisten aspectos comunes,… aunque con gravedades nada comparables. Hay que rebajar las tasas de abandono escolar escandalosas, el escaso rendimiento del uso de TIC allí donde por Escuela 2.0 se aplicaron, es inaceptable una proporción de alumnos excelentes, de apenas el 3%, lo que supone la tercera parte de la media de la OCDE. También es necesario reducir la tasa de repetición, que en el Estado supone que, a los 15 años, casi el 37% del alumnado haya repetido curso al menos una vez. 

- ¿Qué opina del apoyo explícito a los centros que segregan por sexo? 
En la LOMCE hay cabida para propuestas de educación diferenciada, con respaldo legítimo de algunas familias y que la UNESCO en su “Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza” de 1960 salvaguarda específicamente en su artículo 2a. 

- ¿Las reformas que se proponen mejorarán el nivel educativo? 
En cuando a la competencia lingüística (y otras) se entremezclan, intencionadamente, objetivos con metodologías. Establezcamos consensuadamente niveles finales y parciales mínimos, y no entremos en inmersión o no. La propuesta de la diferenciación curricular del curso 4º de ESO es un engendro, nacido de no saber cómo satisfacer, aunque sea de un modo excéntrico el compromiso electoral del PP de un Bachillerato de tres años. Y es que esta medida significaría o retrasar en un año la salida hacia Grados Superiores de FP o la Universidad –inasumible en coste- o cursar obligatoriamente todo el alumnado un curso de Bachillerato. 

- ¿La LOMCE es un señuelo político del PP no hablar de otros temas de calado como la crisis, la corrupción política o el paro? 
 Hay aspectos, como el calendario de aplicación, que ha ido cambiando en los tres borradores, pero que no tendrá efectos académicos antes del curso 16-17. Por otro lado, está el encarecimiento que puede significar el 4º de ESO con dos modalidades totalmente diferentes, que hace que un grupo actual pueda diversificarse con sólo un coste de 9 horas docentes, podría pasar a 30 o de los 3 ó 5 Bachilleratos. 

- Entonces, ¿cree que después de todo la LOMCE no se aplicará esta legislatura? 
 Este mismo calendario, válido en el caso de aprobarse la LOMCE en este semestre de 2013, parece haberse retrasado un año, y no tendrá efectos académicos (sí de diagnóstico) hasta el curso 16-17. No obstante, parece la reforma de 2º de Bachillerato sería aplicable en el 15-16 (fuera ya de la legislatura actual en el Estado). 

- Y mientras tanto, ¿qué debería hacer el Parlamento Vasco para contrarrestar los efectos de la LOMCE? 
El Parlamento Vasco, inexcusablemente, debe promulgar y proclamar en esta legislatura autonómica una primera Ley de Educación Vasca, consensuada con amplio respaldo político y social. Nuestros referentes de excelencia y equidad deben ser los máximos de la OCDE, porque nuestra inversión educativa es de las más altas del mundo (en valores absolutos, no sólo relativos al PIB, sino incluso en valores absolutos), si bien no hay que desconocer el nivel educativo-cultural de nuestros ancestros (algo que siempre pesa en los resultados comparativos). 

- A ciertos sectores la oferta lanzada por la consejera Uriarte a Wert les ha descolocado. ¿Qué opina usted? 
 Más razonable que la posición de Isabel Celaá, que junto a las CC.AA. socialistas pidió la retirada del anteproyecto, parece más política y educativa la actitud, igualmente firme, pero dialogante, que ya ha mostrado la nueva consejera Cristina Uriarte, apelando a lo establecido en el Estatuto de Gernika. 

- Desde su punto de vista, ¿cómo se debería abordar la reforma educativa en Euskadi? 
 Habría que alcanzar un acuerdo estable que transcienda la coyuntura política para el 2020, ó 2030, trabajando por décadas,… Es necesario cerrar un “pacto escolar” para superar la leyes de Escuela Pública Vasca y Cuerpos Docentes Propios están agotadas, y siguen sin cubrir el conjunto de la Educación no universitaria. Además, no son garantes de estabilidad para el futuro ni siquiera a corto plazo. 

- ¿Un pacto escolar entre quienes? 
 Un pacto no sólo entre los principales partidos políticos, ni siquiera con todos los partidos políticos, sino convenciendo a la ciudadanía, a los agente. Ya no sirve, y menos en educación, las Leyes Orgánicas, ni los Boletines Oficiales ante los riesgos ciertos de que avancen los desafíos de la desescolarización de la sociedad. 
 
Conversación en Twitter: #LOMCE.
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Cinco retos educativos para Euskadi

Proponemos cinco retos para la educación vasca en la iniciada legislatura, señalándose posteriormente (en un post que pronto publicaremos) cinco condiciones imprescindibles que parecen necesarias para la consecución de los objetivos enunciados, resaltando un elemento que ha faltado en toda la historia del autogobierno de las últimas década, el Liderazgo Educativo

Las metas encadenadas que debería anunciarse desde Lehendakaritza en los  próximos días podrían ser, sugerimos, las siguientes:
  1. Disponer de una primera Ley de Educación Vasca alcanzada con un amplio acuerdo en el parlamento vasco. Esto, con seguridad, requeriría previamente el siguiente empeño.
  2. Lograr un nuevo Acuerdo Escolar, heredero del Pacto Escolar de 1992 que fructificó en la Ley de Escuela Pública Vasca y la Ley de Cuerpos Docentes, y que ha sido muy positivamente valorada por toda la comunidad educativa. A su vez, y para equilibrar las redes escolares, convendría anterior o simultáneamente la próxima meta.
  3. Establecer una nueva organización de la Red Pública de Escuela Vasca, agrupada bajo un organismo público que bien podría denominarse Hezikidetza.
  4. Todos los avances debieran socializarse bajo una amplia campaña de difusión que transmitiese y posicionase a la ciudadanía vasca en pro de la prioridad de la educación, en todos sus ámbitos y edades, con solución universal. Sólo movilizando a familias y sociedad por por la interculturalidad, el plurilingüismo, la formación y la cultura se instala un país en los niveles de felicidad y convivencia a los que hemos de aspirar.
  5. Apostar por el éxito escolar universal, (en las enseñanzas básicas y obligatorias) de todas las alumnas y alumnos. Ya no basta que una sociedad ofrezca un pupitre a cada escolar, sino que ha de asegurar que - a lo largo de su trayectoria de escolarización- cada miembro del alumnado descubrirá su talento personal y elegirá su opción vital para convertirse en una persona integralmente formada (y ello también significa, con un destino profesional factible). 
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Modelos de administración educativa

Lakua, sede del Gobierno Vasco un día de invierno...
Un alegato en favor de una  Hezikidetza que rija la red pública de educación, en paridad con las otras redes escolares surgidas de la iniciativa social.

Sirvan estos apuntes, enteramente subjetivos desde una larga experiencia ininterrumpida de 38 años en la administración pública, para compartir y debatir sobre algunos criterios. La administración en el área de la educación no universitaria se relaciona con un número ingente de profesionales ubicados en multitud de centros poco homogéneos. A diferencia de la administración sanitaria, que sí puede ser voluminosa y con colectivos diferenciados, sus centros de trabajo son más grandes y, por ello, menos numerosos por lo que cuentan con órganos de dirección más estructurados y estables.

Los centros escolares respecto a los sanitarios son de dimensión más variable, sus direcciones son menos profesionalizadas y más rotatorias, y se eligen de modo mixto, influyendo de modo relevante la opinión de los colegas para presentarse a asumir mayores responsabilidades. La carrera docente, en los centros de titularidad pública, es muy endeble y no parece despertar demasiado el interés en la educación pública (con la excepción de los centros de FP con capacidad de presupuesto y con ingresos propios).

La dispersión y variedad de los lugares de trabajo en educación se compensa con diversas estructuras intermedias,  con personal de enlace en un espectro continuo y ramificado que va desde los responsables políticos, funcionarios en servicios centrales y delegaciones, inspección y servicios de apoyo, equipos directivos y profesorado.

Adicionalmente, en Euskadi, el servicio público de la educación se presta - prácticamente a partes iguales- entre centros de titularidad pública y concertada (los propiamente privados se limitan a los colegios extranjeros con un 1% del alumnado). Gran parte de la regulación de medios personales y materiales, aún con una voluntad de convergencia y similitud, han de canalizarse por vías administrativas diferenciadas para la red pública y para la concertada (además de la que regula la propiamente privada).

En esta situación, someramente descrita, se puede generar - y algunos creemos que se viene produciendo-  una posible disintonía de efectos al elegir una única modalidad de gestión para realidades y canales tan singularizados. Lo trataremos de explicar con un caso posible y, quizá, deseable.

Imaginemos que, por decisión política, se apuesta por dotar de una máxima capacidad de autonomía a las comunidades educativas que conviven en torno a cada centro escolar, siempre con el contraste de rendición de resultados de acuerdo con unos mínimos académicos acordados. Ello podría materializarse con una administración educativa liviana, centrada en una distribución equitativa de los recursos en función de la tipología del alumnado a educar en cada caso, y a una evaluación continua del proceso.

La hipótesis anterior requiere de algunas premisas tales como la existencia de comunidades educativas implicadas, de equipos docentes y directivos escolares comprometidos, así como de colaboración y aprendizaje intercentros en las diferentes redes educativas e, incluso, en el conjunto del sistema escolar. El nivel de red escolar es crítico, porque simplifica y colabora en la visión macroeducativa con la administración, así como porque asume la necesaria gerencia interna de los recursos empleados.

Esta gestión y regulación del personal, así como del presupuesto general, se realiza efectivamente (con mayor o menor acierto) por parte de las distintas patronales no públicas, pero en el caso de la red pública es asumida por la administración,... si no se cuenta con algún organismo público específico (como podría ser una "Hezikidetza", por similitud con "Osakidetza" en sanidad).

Si no existe, y es el caso hasta la fecha, una Hezikidetza, la administración educativa ha de deambular entre un modelo centrado en la eficacia, vigilancia y simplicidad, y otra fórmula más de gestión directa de sus decenas de miles de empleados desde la distancia, desde la intermediación compleja y con mecanismos de relación laboral más rígidos y menos eficientes.

La necesidad de un organismo de gestión de la red pública, Hezikidetza, disociado de la administración educativa es una prioridad que desdoblaría una estructura alambicada del actual Departamento de Educación (con áreas de visión general y otras limitadas a la red pública), daría visibilidad y eficacia a la red pública (la mayor, respecto a cada una de las restantes) y facilitaría una perspectiva más nítida para una inversión educativa optimizada. Sería, además, una base para alcanzar un Acuerdo Escolar que diese estabilidad al sistema educativo en el medio y largo plazo.

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Futuro educativo de Euskadi tras el 21O #100i4e

Estamos a siete semanas de la convocatoria electoral en Euskadi (y en Galicia) el 21 de octubre de 2012, y en el comienzo de un nuevo curso académico. Y corresponde hablar de futuro y de educación. Cada nuevo ejercicio, como este curso 12-13, es una gran oportunidad de reinventar la educación. El triste año 2012 , y la crisis general sentida (fuerte subida del IVA, perspectivas negras en economía, depresión laboral generalizada,...) nos estimula a responder con una escuela innovadora que ofrezca esperanzas verosímiles para toda la sociedad a corto, medio y largo plazo.

Somos muchas las personas interesadas en educación que creemos que la enseñanza formal ha de orientarse y revalorizar el aprendizaje para que se produzca dentro y fuera del entorno escolar, dentro y fuera de los limitados calendarios y horarios lectivos. Conviene que la ciudadanía aproveche esa inmensa oportunidad del período prelectoral para promover un debate abierto sobre todos los aspectos involucrados en la primera y principal inversión social: la educación.

Hemos de reflexionar y comprometer a todas las formaciones políticas, a fin de que se involucren en la educación y lo designen como un tema trascendente de primer orden, convergiendo que es necesario e imprescindible más que nunca que se genere un pacto educativo sostenible entre los principales y diferentes partidos. Todo con ánimo de concertar grandes acuerdos de país para mantener toda la inversión educativa, algo que siempre resultará fructífero, aunque tarden en percibirse algunos de sus efectos (quizá los económicos).
Para animar la reflexión general, aportamos una primera participación con algunas ideas generales y seguimos un hashtag en Twitter #100i4e (Cien Ideas para la Educación). Comenzaremos con diez sugerencias iniciales, que pueden ser o no compartidas, matizadas,... en los comentarios o en #100i4e.
  1. La educación es tan importante que no puede quedar sólo en manos de la política, o de la administración, o de patronales y sindicatos, o del profesorado, o del alumnado, o de las familias,... Es un tema clave de la totalidad de la ciudadanía, que debe ser vigilante con cuánto requiere y cómo ser gestiona, como la mejor inversión social.
  2. Todo el sistema educativo debe primar y centrarse en el alumnado (y en las familias mientras el alumnado sea menor de edad) como el núcleo de atención sobre el que articular las propuestas de aprendizaje. Toda la acción de la docencia y de la administración ha de estar al servicio del alumnado. Nuestra razón de ser y a quien servimos es el alumnado (y sus familias).
  3. Consideramos que la pluralidad de ofertas escolares (con diversidad de titularidades, modelos pedagógicos,...) es un elemento muy valioso y característico de la educación vasca. Esta peculiaridad da dinamismo a nuestro sistema e impulsa la mejora en la gestión. Esa pluralidad debe protegerse con medidas que apoyen la adecuación a las demandas del alumnado (y de sus familias), que son las que deben regir la planificación educativa.
  4. Para que la red de titularidad pública, la mayor de las actuales, actúe como una red educativa (como Kristau Eskola, Partaide,...) debe estar organizada como una “Hezikidetza”, poniendo en juego la totalidad de sus recursos humanos, de modo que la administración educativa (con alguna semejanza con la sanitaria) vele por el conjunto de la educación vasca con unos conciertos generales a sus diferentes redes escolares.
  5. Una educación del siglo XXI debiera asegurar como un nuevo derecho humano el éxito escolar (en las enseñanzas básicas y obligatorias) de todas las alumnas y alumnos, ofreciendo centros diversificados con modelos variados que sean del agrado y permitan elegir a las familias (incluso, y especialmente, en un sistema público no homogéneo). También es preciso vincular más al profesorado con el éxito académico del alumnado a su cargo.
  6. El profesorado y las direcciones escolares son las piezas esenciales para que una sociedad se dote de una correcta y eficiente educación, con una amplia capacidad de autonomía a nivel de centro, departamento, etapa,... La formación inicial y continuada, así como la carrera profesional, son aspectos a cuidar en la organización de la enseñanza.
  7. La evaluación constante, combinada (externa e interna) y contextualizada debe garantizar la equidad y la calidad de todo el alumnado, de todas las aulas, de todos los centros, de todas las redes, así como de la administración, inspección, servicios de apoyo,...
  8. Las competencias (como la de aprender a aprender), los lenguajes naturales (euskera, castellano, inglés,...) y los metalenguajes matemático, científico, tecnológico y digital son la columna vertebral del currículo de las primeras etapas educativas. Para su debida consecución deben establecerse niveles y objetivos perfectamente definidos antes de finalizar las sucesivas etapas escolares.
  9. La educación digital debe transformar y mutar la escuela que recibimos del siglo XIX, potenciando nuevas realidades de aprendizaje con una comunidad abierta por el cauce de un Internet omnipresente y accesible a través de dispositivos móviles (smatphones, tablets,...) a nuestro alcance en todo momento y lugar. Su generalización abrirá el entorno escolar a las familias y al conjunto de la sociedad, que podrá participar por nuevas vías.
  10. Es urgente un amplio "Acuerdo Escolar" que abarque a todo el sistema educativo vasco, algo no alcanzado tras 30 años de autogobierno, y que complete el "pacto escolar" de 1993 (que sólo cubría la mitad del sistema con una "Ley de la Escuela Pública Vasca" y que estaba programado durar, a lo sumo, para siete años).
¿Alguien más se suma a este decálogo? ¿Qué le falta o qué le sobra? ¿Detallamos más? Lo haremos en próximos posts. Lanzamos el debate como un meme dirigido a toda la comunidad educativa, dentro o fuera de Euskadi, buscando la innovación educativa. ¿Alguien recoge el guante?

Más entradas sobre las 100 Ideas para la Educación, también en Twitter #100i4e, y en blogs como el de Josu Sierra (antecedente del debate),... Las imágenes corresponden a centros escolares más bellos del mundo.

Diez medidas educativas en pro del alumnado

Continuando con las 100 Ideas para la Educación, en Twitter #100i4e, abrimos un debate sobre propuestas específicas para motivar y animar a la consecución de un alumnado responsable y que apueste con su propia educación. Podríamos haberlo titulado como medidas que contrariarán a "determinado alumnado" (luego seguirán decálogos destinados a familias, profesorado, sindicatos y patronales, editoriales,... y anteriormente hubo 10 medidas generales y 10 sugerencias disruptivas), algo que llamaría más la atención, pero preferimos un tratamiento en positivo.

En el decálogo del alumnado, protagonista de la educación, más proyectado en las etapas desde infantil hasta educación terciaria (FP o universitaria recomendable para la totalidad), sugeriríamos los siguientes enunciados:

1. Cada alumna y cada alumno debe saber, con la consciencia que su edad les permita, que el factor más decisivo de su éxito escolar es ella o él mismo (cada miembro del propio alumnado). Así como es en primera persona el beneficio que se logre de por vida como resultado de su proceso educativo.

2. En el denominado "'éxito escolar" (debidamente entendido como se explicaba en el post inicial de la serie), la actitud hacia el aprendizaje y el esfuerzo dedicado del alumnado es más determinante que sus aptitudes teóricas. La "cultura del esfuerzo" y la perseverancia en la tarea educativa serán emblemas del alumnado que hemos de promover, y aspectos a valorar en una "evaluación continua por créditos".

3. El alumnado conocerá sus derechos y deberes vigentes en cada momento, así como proponer modificaciones y mejoras para actualizar la normativa vigente. Fórmulas como los "contratos educativos de aprendizaje" permitirían visualizar el compromiso recíproco que el alumnado contrae con la sociedad, a través del sistema educativo.

4. Se reconocerá socialmente el estatus de estudiante (y, en su caso, el de becario) a través de un carnet individual a partir de una edad mínima. Estar estudiando de modo reglado es un estado personal que debe disfrutar de algunas ventajas en el seno de la sociedad, por el beneficio que redundará de ello al conjunto de la ciudadanía.

5. El alumnado asumirá responsabilidades crecientes, acordes con su edad y formación, en las aulas, los centros y otros ámbitos escolares. Estas tareas incluirán la atención hacia sus condiscípulos y condiscípulas, de edad semejante o inferior, así como alcanzar su propia y máxima autonomía personal tan precozmente como sea posible, siempre con la seguridad de no asumir riesgo innecesario alguno.

6. El alumnado participará en las decisiones de la Comunidad Escolar de modo directo tan pronto como su edad lo permita, con todo el peso propio que corresponde para quien es el centro y la razón educativa, asumiendo las responsabilidades que conlleve las resoluciones adoptadas. Se revalorizará de la figura discente de Delegado de Grupo, y de la Comisión Escolar de Representantes del Alumnado, dotando detrascendencia las elecciones anuales de Representación del Alumnado en los centros escolares, con campaña de presentación de candidaturas y como inicio a la participación democrática.

7. El alumnado garantizará, como el primer interesado, el clima de orden u disciplina del aula y del centro y el trato respetuoso general, de modo que el entorno facilite el aprendizaje conjunto con una estructura de roles diferenciados entre menores y mayores de edad.

8. El alumnado comprenderá el valor de contribuir, cooperar y beneficiarse del grupo de condiscípulos y condiscípulas del que forma parte (presencial o no), reconociendo que su influencia es crucial a corto, medio y largo plazo.

9. El alumnado, alcanzada la edad legal, podrá compatibilizar sus estudios con el trabajo (además, por supuesto, de las prácticas establecidas y de otras meritorias fórmulas de voluntariado a promover). El sistema educativo favorecerá, al máximo, esa formación dual, a fin de minimizar el paro juvenil y eliminar el porcentaje de personas que ni estudian ni trabajan.

10. El alumnado, de acuerdo con su edad, conocerá la inversión social que se destina a su propio crecimiento y a su preparación personal, social y profesional, correspondiendo con su actitud definida y su voluntad decidida al esfuerzo que la sociedad le dedica.

Acuerdo educativo vasco: Debate con parlamentarios

De acuerdo con la convocatoria de Kristau Eskola en pro de un acuerdo educativo vasco, hemos podido acercarnos sólo una hora a la Mesa final, de los portavoces parlamentarios de la Comisión de Educación en el Parlamento Vasco: Arantza Aurrekoetxea (Euzko Abertzaleak-Nacionalistas Vascos), Vicente Reyes (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak), Iñaki Oyarzábal (Popular Vasco-Euskal Talde Popularra), Mikel Basabe (Aralar), Juanjo Agirrezabala (Eusko Alkartasuna), Mikel Arana (Ezker Anitza-IU) y Gorka Maneiro (UPyD).

Entre periodistas parlamentarios se suele decir, y lo sabemos de buena fuente, que no seas tan profuso y difuso como los portavoces educativos. Y esto ha parecido corroborarse hoy. Se les ha pedido una ronda de tres minutos, y sólo los cinco primeros que han intervenido han necesitado el triple para decir lo que hemos recogido en el vídeo superior (en euskera y castellano).

Hace tres años, otra Mesa redonda sobre la Educación Vasca convocada por Partaide (la segunda gran patronal de la enseñanza concertada vasca), tuvo lugar muy cerca con los mismos o parecidos portavoces. Los de EAJ-PNV, PSE-EE y PP eran exactamente los mismos. Incluso en el PP, el mismo Juan Carlos Castaño hubo de sustituir al inicialmente programado Iñaki Oyarzábal. Puede verse el vídeo de aquella anterior ocasión, donde los partidos intervinieron de menor a mayor representación.

Han pasado demasiados años desde el "Pacto Escolar" de 1992, y la educación vasca sigue sin una Ley que la regule en su totalidad (sólo queda la Ley de Escuela Pública Vasca de 19 de febrero de 1993). Parece que sólo Kristau Eskola y Partaide, en los últimos años han animado a un debate macro-educativo que no parece recibir el interés de los principales partidos políticos. Las razones pueden ser múltiples, pero probablemente una de los principales obstáculos sea la incapacidad de llegar a unos mínimos acuerdos (incluso en una materia tan estratégica).
Acuerdo educativo vasco: Debate con parlamentarios
Ante lo que parecía, y es una humilde opinión, cubrir el expediente y pasar página, hemos grabado los primeros 40' y seguido con nuestras cotidianas obligaciones que nos reclamaban en otro lugar. En la única foto, anexada sobre estas líneas, aparece el último de los portavoces a quien no hemos podido grabar.

[Actualización: Conclusiones de esta Mesa por partido en la web oficial del Simposio.]

La religión en la escuela

Mikel Agirregabiria / Pedro Pablo Arrinda [1]

La enseñanza de la Religión ha cambiado de estatuto y de orientación con la nueva Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE). Este artículo, basado en los datos recopilados por el profesor Rafael Artacho, analiza esos cambios y propone un camino para configurar una enseñanza de la Religión dentro del Sistema Educativo Vasco. La Religión en la escuela ha sido una de esas asignaturas pendientes, irresuelta después de 25 años de transición política en el Estado español. Durante los años del régimen del General Franco la enseñanza de la Religión Católica en la escuela fue una asignatura obligatoria para todos. El Estado era confesional y la escuela era confesional. La Constitución de 1978 consagró la libertad religiosa como un derecho fundamental, así como el derecho de los padres a elegir libremente la educación religiosa y moral de los hijos; un derecho del cual la Constitución hace garantes a los poderes públicos (Art. 27,3).

En este contexto tuvo lugar el 3 de enero de 1979 la firma de los Acuerdos sobre enseñanza y asuntos culturales entre el Estado español y la Santa Sede, introduciendo en la legislación tres novedades fundamentales: Primera, que esta enseñanza sería obligatoria en todos los Centros escolares, aunque de voluntaria elección por parte del alumnado (o de sus familias), sin que ello supusiera discriminación académica, ni para los que elegían seguir la asignatura ni para los que la dejaban. La segunda novedad era el profesorado no sería obligado a impartir la asignatura de religión. Y la tercera, la que se reconocía a la jerarquía episcopal el derecho de seleccionar y conceder o denegar la missio canonica para nombrar profesores de Religión, a fin de cubrir las plazas docentes de Religión Católica. Estas tres novedades de los Acuerdos dieron lugar a dos efectos prácticos, asentados durante años en la indefinición. El primer efecto fue la creación de una asignatura alternativa a la Religión Católica. Y el segundo, la creación de una plantilla de profesores de Religión en la escuela, nombrados directamente por el Ordinario de las diócesis. En principio, éstos tuvieron carácter de voluntarios, reclutados sobre todo entre catequistas parroquiales, independientes de cualquier titulación académica. Poco a poco, este grupo de “voluntarios suplentes” fue dando paso a un cuerpo de profesorado con un estatuto contractual y retributivo extraño y ajeno en lo previsto en las leyes de Función Pública.

Con la llegada de la LOGSE, ni el tema del currículo de Religión, ni el tema del profesorado lograron una solución adecuada. Fueron tres las objeciones que, repetidamente, se formularon contra la enseñanza de la Religión en la escuela y contra su estatuto como asignatura curricular. La primera impugnación aducía que se trataba básicamente de una situación de privilegio que los Acuerdos Santa Sede-Estado otorgaban a un grupo religioso determinado, en un Estado constitucionalmente no confesional. La segunda discrepancia radicaba en que para mantener este privilegio propio de algunos alumnos (los católicos), se obligaba a todos a mantener una asignatura adicional en el currículo (Religión o su Alternativa). El tercer reparo señalaba que la Religión es fundamentalmente una vivencia que no puede reducir su estatuto a lo exclusivamente académico.

Todo este cúmulo de hechos e interpretaciones hizo que la cuestión de la Religión en la escuela se presentara a la opinión pública como un asunto pendiente solamente entre la Iglesia y el Estado y no como una cuestión irresuelta de resolver dentro del propio sistema educativo. Este es el contexto en el que hay que situar la nueva regulación de la enseñanza de la Religión en la escuela, que realiza la LOCE, en su disposición Adicional Segunda, y que configura un nuevo modelo de enseñanza de la Religión. Se crea un área denominada Sociedad, Cultura y Religión, obligatoria para todo el alumnado, pero con dos modalidades: Enseñanza Religiosa Confesional o Enseñanza No Confesional de la Religión. En el primer caso (Enseñanza Confesional), el alumnado sigue cursos de Religión y Moral de cualquiera de las Confesiones religiosas, frente a quienes eligen la Enseñanza No Confesional, con un programa que les llevará al conocimiento tanto de los sustratos religiosos de la cultura actual de Occidente, como de las religiones que sustentaron las grandes culturas de la Humanidad.

¿Cuáles son las diferencias que la nueva situación presenta respecto de la LOGSE? En primer lugar, está en la estructura del área. La LOCE establece un área curricular de Sociedad, Cultura y Religión, universal y obligatoria para todos, creyentes y no creyentes. Confesional o No Confesional son pura y simplemente diferentes modalidades de un único currículo. En la LOGSE mientras unos alumnos seguían el currículo de Religión, otros realizaban alguna actividad alternativa. Otra diferencia estructural es que el seguimiento del currículo de Sociedad, Cultura y Religión en cualquiera de sus formas, queda reflejado con esta denominación en el expediente académico del alumno y consignados los resultados de su evaluación.

La innovación de la estructura curricular en la enseñanza de la Religión es consecuencia de una innovación de mucho mayor alcance: la configuración jurídica. En la LOGSE -también en la Disposición Adicional Segunda- la enseñanza de la Religión en la escuela se sustentaba, como base jurídica, en la referencia a los Acuerdos sobre enseñanza y asuntos culturales firmados entre el Estado español y la Santa Sede. Naturalmente, estos Acuerdos sólo eran válidos para la enseñanza de la Religión católica por lo que el texto de la LOGSE se hacía extensible a otros posibles Acuerdos que se pudieran establecer entre el Estado español y otras confesiones religiosas que vinieron después. La LOCE, por su parte supone una configuración jurídica de la enseñanza de la Religión: La existencia de un Área de Religión se establece en cumplimiento del precepto constitucional que obliga a los poderes públicos a garantizar la libre educación religiosa y moral de los ciudadanos. La base jurídica no está, pues, en los Acuerdos sino en la propia Constitución.

Pero hay dos puntos débiles en la ordenación legal de la enseñanza de la Religión diseñado en la LOCE. Se trata, en concreto, de la Evaluación de la asignatura, y del profesorado responsable de impartir los programas de Religión Confesional como No Confesional. Los Decretos sobre el currículo de la LOGSE convirtieron la Religión en una asignatura no evaluable. Se argüía que una vivencia no debía ser objeto de evaluación académica. Quien así argumentaba entonces, desconocía que la naturaleza de la enseñanza escolar de la religión, se diferenciaba -al menos oficial y teóricamente- de la catequesis desde 1979. Para evitar la discriminación académica se estableció que la nota de religión no concurriese a la hora de establecer la nota media a efectos supra-curriculares.

Creemos que suprimir la evaluación es desnaturalizar el carácter de disciplina escolar de un área de conocimiento. La valoración con notas ofrece una función reguladora y orientadora en la propuesta y en el logro del aprendizaje. Eliminar la evaluación equivaldría a hacer inoperantes las metas del aprendizaje. Cualquier menoscabo de la evaluación de la nueva área de Sociedad, Cultura y Religión llevaría irremediablemente a convertirla en una asignatura ‘maría’, reducto de mojigaterías bienintencionadas más propias de beaterio que de la institución escolar. Por ello, nuestra opinión es que esta área curricular debe ser evaluable, con informe a las familias como en cualquier otra asignatura, pero no computable a efectos extraacadémicos de expediente escolar, tales como la obtención de Becas o de Selectividad (o Prueba General de Bachillerato), como en la etapa LOGSE, dado que las diferentes opciones no confesional o confesionales en sus distintas religiones ofrecen variantes que no pueden asegurar un criterio equitativo, más aún por la procedencia múltiple de su respectivo profesorado.

Éste es el segundo problema que afecta al área de Sociedad, Cultura y Religión en la escuela: la cuestión del profesorado. El profesorado actual que imparte Religión Confesional se rige ante todo por los Acuerdos establecidos entre el Estado español y las diferentes Confesiones religiosas. Pero la situación legal es distinta según se trate de los profesores de la Religión Católica, o de los profesores de Religiones pertenecientes a las Confesiones judía, islámica o evangélica, que son las que en este momento tienen un concierto con el Estado. Los profesores de Religión católica son propuestos cada año por la jerarquía católica y establecen una relación contractual con las administraciones educativas. En general, en estos Acuerdos la enseñanza de la Religión en la escuela no se considera como parte del currículo, y en consecuencia no existen ni requisitos, ni derechos en el régimen de este profesorado. Es evidente, a la vista de los datos que la normalización de la situación del profesorado de Religión Confesional constituye un requisito indispensable para la normalización real y efectiva de la asignatura.

Parece legítimo, por una parte, que los responsables de las diferentes confesiones religiosas mantengan competencias en la gestión del currículo y el nombramiento, valoración y seguimiento de los profesores que imparten la enseñanza de su confesión religiosa. Pero, desde la nueva situación de la enseñanza de la Religión y desde los fines de la escuela es igualmente exigible que se trata de una responsabilidad compartida con el Estado, o mejor con los Gobiernos autonómicos que ya disponen de plenas competencias educativas, en una situación de trasferencias escolares muy diferente de la que regía en 1979. Por tanto, la Administración Educativa no puede inhibirse de su responsabilidad en un especie de subcontrata acordada con las jerarquías religiosas. Una de las fórmulas para compartir esta responsabilidad entre el Estado y las Confesiones Religiosas podría ser el modelo vigente en Italia. Allí los profesores de Religión deben de acreditar su preparación en materia de Religión y Moral y su Didáctica específica, ante las autoridades religiosas; y deben de probar su competencia pedagógica escolar ante las autoridades educativas. Sólo en el caso de demostrar su competencia ante las dos instancias una candidatura puede tener acceso a la función pública como profesorado de Religión. Así mismo, la Administración Educativa debe asegurar por su parte que este profesorado debidamente homologado disponga de unas condiciones laborales y salariales similares a las del resto de los componentes de los claustros docentes.

En cuanto al profesorado de Religión No Confesional, encomendar, sin más esta asignatura, al profesorado de Ciencias Sociales o Filosofía sin haber recibido una preparación específica sería un acto de irresponsabilidad. Por tanto, consideramos conveniente que se estableciesen unos mínimos de competencia profesional para que los profesores de estas áreas se responsabilicen de la Religión No Confesional. Para ello se articularían cursos de habilitación específica para el profesorado en ejercicio, y un área propia en la formación inicial impartida en las Facultades Universitarias o en los Centros de Formación del Profesorado, definiendo los estudios conducentes a la obtención de un “Certificado en Ciencias de la Religión No Confesional”.
A modo de síntesis final, concluiríamos que la presencia de la religión en la escuela es un caso paradigmático de problemática educativa, que sobre la base de una realidad asentada en décadas anteriores obliga a un esfuerzo de innovación para prestar un óptimo servicio a la sociedad y a las familias de cada etapa histórica. Son condicionantes de peso la presencia curricular en formato de una asignatura confesional optativa y un núcleo significativo de profesorado especializado en condición precaria e inestable. En un sistema educativo que se re-escribiese desde cero, quizá fuera preferible una única área curricular troncal, común, no confesional, obligatoria, evaluable y computable que persiguiese objetivos cognitivos, actitudinales y afectivos de educación en valores éticos, impartida por especialistas en “Sociedad, Cultura y Religiones”, que se complementarse por voluntarias catequesis externas o incluso internas, pero optativas y en horario extraescolar, aunque fuesen programadas regularmente por centros escolares con ideario religioso.

Por último, la enseñanza de la(s) Religión(es) posee entre otras, una función de integración social, sobre todo en una sociedad multi-religiosa. Para ello serían necesarios unos pactos básicos de las Confesiones entre sí y con la Administración Educativa, orientados a la aceptación de principios comunes que garanticen la contribución de estas enseñanzas a la función integradora de la sociedad intercultural. El primer acuerdo iría orientado a garantizar dos objetivos: Primero, que todos los alumnos tengan la posibilidad de adquirir unos conocimientos mínimos de las religiones diferentes a la opción confesional cuyo currículo está siguiendo. Y, segundo, garantizar el ejercicio del diálogo y el intercambio entre alumnos de diferentes confesiones, y su participación en proyectos sociales comunes. Ello supondría, evidentemente, una renuncia expresa a cualquier planteamiento proselitista o apologético, aunque no excluye, naturalmente, la adecuada justificación racional de las propias opciones de fe. Cada Religión debe ser plenamente consciente de que la escuela es un espacio público compartido con el resto de las confesiones religiosas y con opciones agnósticas, donde se forma conjuntamente una comunidad escolar con creyentes de distintos credos y con quienes no profesan ninguna Religión.

Miembros de la Asociación de Profesorado http://www.irakasten.org/
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Eskola eta erlijioa

Mikel Agirregabiria / Pedro Pablo Arrinda
Erlijioaren irakaskuntzak bestelako estatutu eta helburuak ditu orain, LOCE Hezkuntza Kalitatearen Lege Organiko berria dela medio. Artikulu honetan, Rafael Artatxo irakasleak bildutako datuetan oinarriturik, aldaketa horiek aztertu ditugu eta Euskal Hezkuntza Sisteman erlijioaren irakaskuntza berritzeko bidea proposatzen dugu. Espainiako Estatuan, 25 urteko trantsizio politikoaren ondoren, erlijioaren irakasgaia konpondu gabeko kontu bat da. Francoren agintaldian, erlijio katolikoa guztiei nahi eta nahi ez erakutsi beharreko irakasgai bat izan zen. 1978ko Konstituzioak, aldiz, erlijio askatasuna funtsezko eskubidetzat jo zuen eta gurasoei seme-alaben heziketa erlijioso eta morala aukeratzeko askatasuna eman zien; Konstituzioak dio, gainera, eskubide horiek botere publikoek babestu behar dituztela (27.3 artikulua). Egoera hori zela, 1979ko urtarrilaren 3an, Estatuak eta Vatikanoak irakaskuntzari buruzko akordioak egin zituzten. Eta hiru kontu berri ekarri zituzten: 1.) Ikastetxe guztietan irakasgaia derrigorrezkoa izatea erabaki zuten, baina hautazkoa izan behar zuen ikasleentzat (edo haien familientzat), eta eskolan inor ez zen baztertu behar irakasgaiari heltzea edo muzin egitea erabakitzeagatik. 2.) Irakasleek ez zuten zertan erlijioa irakatsi. 3.) Eskolan erlijioa irakatsi beharreko irakasleak aukeratzeko eskubidea Elizari aitortu zitzaion. Akordio horiek, beraz, Erlijio katolikoaren ordezko irakasgai bat ekarri zuten, batetik, eta Elizak zuzenean aukeratutako irakasle sail bat, bestetik. Irakasleok, ustez, boluntarioak ziren, zeukaten titulazioa zeukatela katekisten artetik aukeratutakoak. Gerora, «boluntario» sail horretatik, kontratu berezia zuen irakasle talde bat sortu zen, Funtzio Publikoaren legeek ziotenaz bestera.

LOGSE legea etorri zen gero, baina ez zuen konpondu, ez modu itxurosoan behintzat, ez irakasleen kontua, ez erlijioa ikasketa planetan sartzekoa. Ikasketa planetan ez sartzeko, hiru argudio erabili ziren erlijioaren kontra: batetik, pribilegiozko egoera bat sortuko zen, Vatikanoaren eta Estatuaren arteko akordioek beste talde erlijiosoei aitortzen ez zietena aitortuko ziotelako talde jakin bati, Estatua ez baitzen konfesionala; bestetik, zenbait ikaslek (katolikoek) pribilegio hori izateko, gainerako ikasleak irakasgai bat gehiago izatera behartuko zituzten, Erlijioa edo haren ordezkoa izatera alegia, eta, azkenik, erlijioa ezin bide zen eskolako irakasgai hutsera ekarri, funtsean hori baino gehiago zelakoan. Hala, bada, LOCE legeak, bigarren xedapen gehigarrian, Gizartea, Kultura eta Erlijioa irakasgaia sortu du ikasle guztientzat, nahitaezkoa. Bi aukera daude, hala ere, horren barruan: irakaskuntza erlijioso konfesionala eta konfesionalaz besteko irakaskuntza erlijiosoa. Lehenengoan, sineste guztien erlijio eta moral ikastaroak ematen dituzte; bigarrenean, munduko kultura handien oinarri erlijiosoari buruzko programa bat lantzen dute.

Zer alde dago, beraz, oraingo legearean (LOCE) eta LOGSEren artean? Bateko, irakasgaiaren egitura bestelakoa da. LOCEk Gizartea, Kultura eta Erlijioa esparrua sortu du ikasketa planetan, eta sinestunak izan, sinesgabeak izan, guztientzat da nahitaezkoa irakasgaia. Konfesionala izan, konfesionalaz bestekoa izan, biak ikasketa plan beraren bi aukera dira. LOGSErekin, ikasle batzuek Erlijioa ikasten zuten; gainerakoek, aldiz, haren ordezko zerbait lantzen zuten. Besteko, Gizartea, Kultura eta Erlijioa irakasgaian ateratako notak ikaslearen eskola dosierrean ageri dira orain, izen horrekin. LOGSErekin, arestian aipatutako akordioei esker lantzen zen erlijioa; akordio horiek, ordea, erlijio katolikoari buruzkoak ziren bakarrik, baina LOGSEk beste erlijioak irakasteko ere baliatu zituen. LOCEren arabera, aldiz, erlijioarentzako tartea nahitaezkoa da, Konstituzioak hala aginduta; hala, herritarrek nahi duten heziketa erlijioso eta morala izateko modua egitera behartzen ditu Konstituzioak botere publikoak. Oinarri juridikoa, beraz, ez dago akordioetan, Konstituzioan bertan baizik.

Gure ustez, LOCEren arau sailak bi ahulgune ditu: irakasgaiaren ebaluazioa eta eskolak eman behar dituzten irakasleak, hain zuzen ere.

LOGSErekin, Erlijioa irakasgaitik kendu egin zituzten azterketak, 1979tik erlijioaren eskolako irakaskuntza mota eta kristau ikasbidea teorian, behintzat bat ez zirela jakin gabe. Azterketak kentzean, gure ustez, jakintza arlo horren irakasgai izaera ezabatu zuten, nolabait. Notak banatzeak irakaskuntzan jarraibideak eta arauak ezartzen laguntzen du. Horregatik, guk uste dugu irakasgai honen bi aukeretan azterketak egin behar direla eta gurasoei txostena bidali behar zaiela, gainerako irakasgaietan egin ohi den moduan. Baina, gure ustez, ez litzateke kontuan hartu behar eskola dosierrean sartzeko, bekak lortzeko eta Selektibitatearen ordezko Batxilergoko Proba Orokorra egiteko; izan ere, aukera konfesionala eta konfesionalaz bestekoa izanik eta konfesionalaren barruan hainbat erlijio izanik, ez da ziurtatzen irizpide zuzena erabiliko denik.
Horixe da Gizartea, Kultura eta Erlijioa irakasgaiak duen bigarren arazoa, irakasleena. Gaur egun horiek Espainiako Estatuaren eta erlijioen arteko akordioek diotenari jarraitzen diete, batez ere. Haien egoera juridikoa ez da bat; erlijio bakoitzaren baitan dago. Hala, ez da bera erlijio katolikoko irakasleen egoera eta judaismokoena, islamekoena eta ebanjelismokoena. Erlijio katolikoko irakasleak Eliza katolikoak proposatzen ditu urtero, eta haiek kontratu bidezko lotura izaten dute hezkuntza arloko administrazioarekin. Ondo iruditzen zaigu erlijioetako arduradunek ikasketa planean eskua sartzeko aukera izatea eta beren erlijioa irakatsi behar dutenak hautatzean eta haiei azterketak egitean zer esana izatea. Baina, eskolaren helburuak kontuan hartuta, aldi berean, exijitu egin beharra dago Estatuaren edo, zehatzago, hezkuntza alorreko eskumenak dituzten erkidego autonomoetako gobernuen ardura ere badela; ez alferrik, 1979koaren aldean, eskumen aldetik oso bestelakoa da hezkuntza arloko egoera. Beraz, Hezkuntza Administrazioak ezin dio muzin egin duen ardurari erlijio bakoitzeko buruekin azpikontratu modukoak eginez. Italian indarrean duten ereduari erreparatu eta hona ekartzea litzateke ardura hori partekatzeko modua: han, Erlijioa eta Morala irakasgaia emateko jantzita daudela erakutsi behar diete Erlijio irakasleek buru erlijiosoei; baina, aldi berean, eskolak emateko gai direla frogatu behar diete hezkuntza arloko buruei. Bi horiek frogatzen badituzte lor dezakete bakarrik irakasle postua. Era berean, Hezkuntza Administrazioak ziurtatu behar du irakasleok, behar bezala homologaturik, gainerako irakasleen pareko soldatak eta lan baldintzak dituztela.

Konfesionalaz besteko irakaskuntza erlijiosoko irakasleei dagokienez, arduragabekeria galanta da gaia erakusteko lana Gizarte Zientzietako eta Filosofiako irakasleen esku uztea prestakuntza berezia jaso ez badute. Hala, gure ustez, beharrezkoa da dagoeneko eskolak ematen dituzten eta irakasgaia eman nahi duten irakasleentzat propio ikastaro bereziak antolatzea, eta uste dugu, batetik, atal berezi bat sortu beharko litzatekeela irakasle eskoletan eta fakultateetan, ikasketak hasi bezain pronto irakasgaia lantzeko, eta, bestetik, konfesionalaz besteko irakaskuntza erlijiosoko nolabaiteko irakasle agiria ateratzeko aukera eman beharko litzatekeela, horretarako zen ikasi behar den zehaztuz.

Hezkuntza arloan arazo asko daude eta Erlijioaren kontua horren adibide argia da. Urteetan irakatsi izan da erlijioa, baina berritzeko ahaleginak egin beharra dago, unean uneko gizarteari, ikasleei eta gurasoei zerbitzu onena emango badie. Bi oztopo ditu, baina: bata, ikasketa planetan irakasgai konfesional bat izatea eta hori hautazkoa izatea; bestea, irakasle taldea nabarmena eta oso espezializatua izatea eta lan egoera kaskarrean egotea. Beharbada, hobe izango litzateke ikasle guztientzat irakasgai bakarra jartzea eta hura konfesionala ez izatea, nahitaezkoa izatea, azterketak egitea eta eskola dosierrean kontuan hartzea, baina ikasitakoa balio etikoetan oinarritua egotea, eskolak Gizarteak, Kulturak eta Erlijioak sailean jantzitako irakasleek ematea eta, hala nahi dutenentzat, eskola horiek eskolaz kanpoko orduetan kristau ikasbideko kanpoko edo barruko boluntarioek osatzea.

Erlijio(ar)en irakaskuntzak herritarrak erlijio anitzeko gizartean integratzeko zeregina dauka, besteak beste. Horretarako, ezinbestekoa da erlijioek beren artean eta Hezkuntza Administrazioarekin oinarrizko itun bat egitea, eta itun horrek kultura anitzeko gizartearen funtzio integratzailea bermatuko duen irakaskuntza ekarriko duten oinarri komunak onartzeko behar luke izan. Hala, ikasle guztiek beste erlijioei buruz oinarrizkoa ikasiko lukete eta erlijioen arteko hartu-emanak ziurtatuko lirateke. Noski, horrek eskolako guztien ikasketa planean proposamen proselitistak egiteari uztea ekarriko luke. Erlijio bakoitzak jakin behar du eskola denontzako lekua dela eta gainerako erlijioekin eta aukera agnostikoekin partekatu beharrekoa dela, hau da, bertan elkarrekin eskola komunitatea osatzen dutela suerte guztietako sinestunek eta inolako erlijiori jarraitzen ez diotenek.

Modelos lingüísticos en la educación vasca

Una reflexión ante el compromiso asumido por el Parlamento vasco para que el Gobierno estudie, junto con todos los agentes de la comunidad escolar, una reforma de los modelos lingüísticos en la enseñanza antes de febrero de 2007. Este debate debiera basarse en criterios socioeducativos más que en prejuicios ideológicos o políticos.

Situación actual.

- La "Ley Básica de Normalización del Uso del Euskara" del 24-11-1982 establecía en su artículo 17 que “El Gobierno adoptará aquellas medidas encaminadas a garantizar al alumnado la posibilidad real, en igualdad de condiciones, de poseer un conocimiento práctico suficiente de ambas lenguas oficiales al finalizar los estudios de enseñanza obligatoria,…”. Todo ello con independencia del modelo A, B ó D elegido libremente por las familias. Este mandato institucional se mantiene incumplido 23 años después, si bien es de reconocer que ha sido la Educación, la comunidad escolar, las familias, el profesorado y el alumnado quienes más se han esforzado por su consecución,… aún no alcanzada plenamente.

LOE: La Olvidada Educación

Un eclipsado debate tras 8 Leyes Orgánicas educativas aprobadas en 25 años. Demasiadas reformas para seguir distanciados de la Europa más avanzada.

La educación es una tarea generacional, prolongada a lo largo de la vida, que afecta intensivamente a los más jóvenes, en un inigualable esfuerzo colectivo donde participan familias, profesorado, alumnado y el conjunto de la sociedad. Todo ello requiere un marco político y administrativo consensuado, con vocación de larga permanencia en el tiempo para garantizar el máximo aprovechamiento de tan ingentes recursos humanos y materiales.

La educación es responsabilidad de la familia, que delega en la enseñanza parte de sus funciones. La formación se estratifica en etapas, desde la educación infantil hasta la formación profesional o la universidad, y en planos de actuación abarcando desde el autoaprendizaje, el aula, el centro, la red o el sistema global. En el Estado español, con las competencias educativas transferidas a las Comunidades Autónomas, una nueva Ley Orgánica de Educación (LOE) ha despertado un doble debate, interno entre docentes y público donde se enfrentan algunas visiones opuestas (asignatura de religión, concertación de centros privados,…).

El proyecto de LOE presentado por el Ministerio de Educación y Ciencia para su tramitación en el Congreso ha sido calificado de muchas formas, según la perspectiva de los analistas. Puede definirse como un texto reducido, no excesivamente pormenorizado ni intervencionista, que busca soslayar los mayores escollos con los sectores más influyentes sin negar su inspiración “socialista”. Quizá la LOE sea una concreción del “talante Zapatero”, que -con paradojas y contradicciones- busca la máxima mayoría parlamentaria.

Repasemos algunas inconsistencias. En la exposición de motivos, declara que las evaluaciones internacionales recientes, como PISA (trianual) y TIMMS (cuatrianual), ponen de manifiesto que es posible combinar calidad educativa con equidad en su acceso, pero la LOE ni propone mecanismos urgentes de mejora (que obligarían a una mayor inversión), ni menciona las “devastadoras conclusiones del Informe Pisa” que denuncia el Consejo de Estado de Educación, máximo órgano consultivo que en su preceptivo dictamen proclama: “Parece como si el anteproyecto tratara sólo de modernizar el sistema educativo y no de corregir tendencias a la baja calidad que son de dominio público y preocupan a la sociedad…”.

Entre las incoherencias, sobresalen algunas. Propone el carácter “complementario” de las redes escolares pública y concertada, porque reconocer la “subsidiariedad” sería impresentable en nuestra realidad educativa continental, aunque luego en el articulado separe tajantemente entre centros públicos y centros sostenidos con “fondos públicos” (que incluiría a los privados concertados). Igualmente se pregona la autonomía de los centros docentes, pero no se facilitan instrumentos para ello en la escuela pública. Presume como gran novedad un área de “educación para la ciudadanía”, sin que se sepa quién impartirá tan difuso y discutible contenido.

En su última redacción ha incorporado el “esfuerzo individual de los alumnos”, como uno de los principios de la educación y como uno de sus fines “el mérito y el esfuerzo personal”. Este eslogan de la LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Educación) era uno de los aspectos más rescatables de la ley del PP, y aunque el PSOE se negaba a destacar su presencia, al final la obviedad se ha impuesto. Afortunadamente en la disposición final primera se pregona que el primer deber básico de los alumnos es… estudiar (lo que lamentablemente parece pertinente por un inexplicable olvido muy extendido).

El porcentaje de contenidos básicos de las enseñanzas básicas, 55% en las Comunidades Autónomas con lengua cooficial y 65% para las restantes, ha sido otro punto de polémica política artificial en prensa. Los educadores sabemos que la realidad escolar del siglo XXI exige un núcleo planetario absolutamente común (no en el Estado, ni en Europa siquiera), que es lo que se mide en las evaluaciones internacionales (matemáticas, ciencias, primera lengua,…). Igualmente sólo alguien ajeno a la práctica docente puede negar la indispensable adecuación curricular que desde la escala no sólo autonómica, sino de centro, de profesorado, de aula y de cada miembro del alumnado ha de programarse.

Otra espinosa controversia se centra en la enseñanza de la religión. La disposición adicional segunda comienza desacertadamente: “La enseñanza de la religión se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre el Estado español y la Santa Sede,…”. Pareciera que la enseñanza religiosa no fuese una frecuente demanda familiar, de un alto porcentaje de madres y padres que la consideran esencial. Su deseo legítimo, al igual que el de quienes prefieren que sus hijos e hijas no reciban enseñanza confesional alguna, debe ser garantizado, al igual que los derechos de los docentes de estas materias. La opción más aceptable sería una materia de oferta obligatoria en todos los centros en sus versiones confesional (de todas las iglesias con representación significativa) y no confesional, para la aceptación voluntaria por parte de las familias. Debiera ser evaluada didácticamente para su notificación familiar, aunque no computable a ningún efecto académico (becas, promoción,…). El apartado 3º, que otorga a la entidad religiosa la condición de empleador y establece el pago delegado, no parece satisfacer ni al profesorado implicado, ni a las jerarquías eclesiásticas, por lo que parece inviable semejante variación unilateral de empleador cuando ni el receptor ni los trasferidos lo asumen. También sería de justicia la equiparación académica y salarial de este colectivo que reúne a más de 17.000 docentes en el Estado.

Entre sus cualidades, la LOE se destaca porque simplifica la proliferación de leyes educativas y de sus correspondientes reglamentos emitidos desde 1990, derogando -además de otras leyes menores- la LOGSE (Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990), la LOPEG (Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes de 1995), y la LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Educación de 2002). La litigada LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación de 1985), corrigiendo algunos de sus excesos, queda drásticamente reducida a una cincuentena de artículos (de sus 63 artículos iniciales), e incluso también son abolidos o reformulados muchos apartados de los artículos vigentes por la disposición final primera del anteproyecto. Desafortunadamente, el anteproyecto delira cuando, en su apartado 5º de la citada disposición, introduce un disparatado y encubierto derecho a la huelga del alumnado menor de edad, que ni respeta las responsabilidades, derechos y deberes de los padres, ni mejora la participación discente en la organización escolar. Debería suprimirse este enunciado, sin perjuicio de recoger adecuadamente el derecho de reunión en el centro escolar, respetando los horarios de actividad y los derechos de cuantos constituyen la comunidad educativa, previa comunicación a la dirección o de acuerdo con ella.

Las preconizadas “evaluaciones de diagnóstico”, al finalizar el segundo ciclo de Primaria (10 años) y al concluir el segundo curso de la Secundaria obligatoria (14 años), pueden ser reconocidas como puntos positivos por su carácter formativo y orientador, sin la estricta connotación de reválida (que la LOCE promulgaba) y que al medir currículos (y no competencias) podría condicionar y uniformar excesivamente la necesaria autonomía docente para atender a la diversidad discente. De este modo, queda una medición objetiva de la Primaria, antes de su tercer ciclo, y otra graduación en la crítica edad intermedia de la ESO, cuando en 3º parece que muchos de nuestros estudiantes encuentran súbitamente todos los obstáculos en lo que parecía un generalizado progreso modélico. Más dudosa es la supresión de la PGB (Prueba General de Bachillerato), prevista en la LOCE y común en toda la Unión Europea (salvo en Grecia y Portugal).

El retardo de los itinerarios hasta 4º de la ESO es oportuno y paneuropeo, cuando aparecen tres materias de modalidad y algunas optativas, retrasando el prematuro adelanto de la LOCE. Igualmente resulta conveniente la suavización en el número de asignaturas no superadas para promocionar de curso, porque nuestro retardo medio no mejora ni la calidad ni la equidad, y porque son más efectivas las medidas de refuerzo dirigidas hacia la superación final. El clamor contra la “promoción automática” ni es exacta, ni se corresponde con la reglamentación de los países de referencia educativa.

El reagrupamiento en tres bachilleratos de Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales, y Artes es acertado. La fusión en el primero de ellos de los antiguos Bachilleratos de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud junto al de Tecnología era necesaria, y debería servir para incrementar el flujo hacia esta modalidad. Únicamente entre las materias comunes del Bachillerato, previstas en el artículo 34, debería incorporarse el metalenguaje omnipresente de una “Matemática Aplicada”.

Las insuficiencias de la LOE son variadas. El avance que supone la declaración de carácter educativo de los dos ciclos de Educación Infantil (superando el anacrónico nombre de Preescolar que reitera el PP), queda desdibujado por no abordar este período en tres ciclos bianuales (como todo el resto de la educación hasta el diseñado en el Espacio Europeo de Educación Superior). La espuria razón para este lastre es la inercia anterior y la insuficiente financiación dedicada a esta etapa, que da lugar a discrepancias totales entre Administraciones Educativas donde se retarda Andalucía (única con tasas de escolarización menor del 90% de la población de 3 años), mientras el País Vasco supera el 90% incluso de la infancia de 2 años. La gratuidad promulgada por la LOE del segundo ciclo de Infantil (3-6 años) es una mejora sólo para las Comunidades más retrasadas, mientras que las demandas sociales en edades más precoces ya se desbordan en las Comunidades mejor financiadas. En esta etapa, la subsidiariedad de la concertada se manifiesta en el artículo 15, en donde se garantizan una oferta suficiente en los centros públicos (además sólo con un incremento progresivo desde la situación actual), mientras que apenas se esboza que “podrán establecerse conciertos con centros privados”.

Son meramente declarativas y sin previsiones las apuestas por la mejora de los idiomas (foráneos y oficiales), que la LOE sigue sin apoyar más decididamente, o el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación, donde nuestro retraso pedagógico comparado es deprimente. Igualmente las bibliotecas escolares quedan simplemente citadas y no incentivadas.

La participación de las familias podría acrecentarse asegurando, en función de la edad del alumnado, porcentajes no inferiores a un tercio de padres adicionalmente a un sexto de alumnos, en el artículo 126 sobre la composición del Consejo Escolar, para mostrar quiénes son los destinatarios que justifican todo el servicio educativo.

Respecto a la equidad escolar, el creciente alumnado (propio y extranjero) con necesidad específica de apoyo educativo por origen o minusvalía (sensorial, síquica o motora), e incluso el de altas capacidades intelectuales, sigue en la ambigüedad o en la inseguridad al asegurarse que las dotaciones para centros públicos y concertados serán las mismas (artículo 72), mientras que simultánea y posteriormente en el artículo 112, de medios materiales y humanos, se distinga sutilmente entre sus apartados primero y siguientes. Inicialmente se menciona expresamente a los “centros públicos” como aquéllos que deben ser dotados por las Administraciones Educativas, mientras en los restantes párrafos sean los “centros” genéricos los que atiendan a alumnado de educación especial,… Este artículo debiera incorporar el detalle de referirse en todo momento a los “centros sostenidos con fondos públicos”.

Preocupante resulta el matiz establecido en el artículo 84, relativo a la admisión de alumnos, donde se cita que “las Administraciones educativas realizarán una programación adecuada de los puestos escolares gratuitos que garantice el derecho a la educación”, pero sin mencionar la libertad de elección que corresponde a las familias. En ese mismo artículo, falta la inclusión de un criterio que facilite la continuidad pedagógica en un mismo centro, tanto en el caso de titularidad pública como no pública. En el artículo 88, sobre garantías de gratuidad, sigue sin aparecer el coste de los servicios complementarios de transporte y comedor, que debieran recibir un tratamiento similar en todos los centros sostenidos con fondos públicos.

Tampoco se acomete en esta oportunidad un refuerzo de la formación inicial del profesorado de enseñanza infantil, primaria y secundaria. La convergencia de las condiciones laborales, profesionales y económicas del profesorado y del personal no docente, tanto de centros públicos como concertados, queda en el limbo de los deseos, con una confusa cita en el apartado 117.4 donde turbiamente se sugiere “posibilitar la equiparación gradual de la remuneración (del profesorado concertado) con la del profesorado estatal (sic)”. Como si no existiesen diferencias salariales, incluso entre funcionarios docentes (respecto al “profesorado estatal”, sólo el redactor sabrá a qué se refiere en niveles no universitarios). Por último, en el capítulo del profesorado, la disposición transitoria segunda podría extenderse más allá del 4-10-2010 el régimen de jubilación voluntaria de los mayores de 60 años, a fin de rejuvenecer las plantillas docentes.

Lo peor es el mantenimiento de un sistema educativo basado en la oferta, y no en la demanda familiar (artículo 109. 2). La misma consideración de la educación como “servicio público”, quedaría mejor expresada como “servicio esencial” o de “interés general”, con independencia de la titularidad pública o concertada del centro elegido por los progenitores (situación a la que más se acerca en el Estado la Comunidad Autónoma Vasca, por tradición y financiación). El progreso hacia un sistema cooperativo, prestado por centros públicos y otros de iniciativa social, se entorpece cuando se desiguala por titularidad, como en el artículo 122.3 donde se concede que sólo los centros públicos podrán obtener recursos complementarios. Esto es apropiado y novedoso, pero debiera abrirse en las mismas condiciones a todos los centros “sostenidos con fondos públicos”.

Resulta aberrante el apartado 3 del artículo 109: “En la programación de la oferta de plazas, las Administraciones educativas armonizarán (sic) las exigencias derivadas de la consideración de la educación como servicio público, con los derechos individuales de alumnos, padres y tutores. Asimismo, conciliarán (sic) la libertad de elección de centro con el principio de equidad, atendiendo a las limitaciones materiales derivadas de la capacidad de los centros y de las consignaciones presupuestarias existentes y al principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos (sic)”. Discrepamos profundamente de que la economía impida derechos fundamentales, o que éstos queden restringidos por inciertas razones de supuesta eficiencia. Nefastamente, en la redacción actual el Estado parece erigirse como único titular originario del derecho a la educación, quedando las familias y los centros educativos reducidos a concesionarios de tal derecho. A todos nos conviene que los padres defendamos nuestro derecho a escoger el tipo de educación que preferimos, incluida la formación moral y religiosa que responda a nuestras convicciones.

Nadie discute la necesidad de una reforma educativa, cuando los datos negativos se acumulan en informes internacionales o en comparativas de fracaso escolar. El optimismo para que podamos competir con los mejores debe partir del máximo realismo sobre nuestra posición de partida, así como de un amplio y comprometido enfoque comunitario. Una Pedagogía del Éxito entraña que las familias y los educadores mantengan expectativas positivas sobre las capacidades de sus hijos y alumnos, para afrontan motivada y conjuntamente tan decisiva tarea, solventando los problemas crónicos con ilusión y apoyo social.

Concluyendo: Conviven en el Estado sistemas educativos muy diferenciados que la LOE debiera impulsar y desarrollar mirando hacia lo mejor de Europa, nunca uniformar por abajo. En general, nuestras posiciones educativas son mediocres o insuficientes respecto a la Unión Europea, y entre los países de la OCDE. No es algo de extrañar, dado que socio-culturalmente, económicamente y en esfuerzo educativo (interés familiar y porcentaje del PIB) no destacamos especialmente hasta la fecha.

Sólo cuando la ciudadanía presiona electoralmente, los poderes públicos y los dirigentes políticos otorgan la merecida atención, prioridad y recursos a la educación, a la universidad y a la investigación. Es el tiempo de los hechos. Rige un lema magistral: 'Si alguien cree que la educación es cara, que pruebe con la ignorancia'. Nuestro futuro individual y colectivo, a corto, medio y largo plazo, depende básicamente de nuestra apuesta educativa. Ojalá el debate sobre la LOE nos permitiese advertir la trascendencia de lo que está en juego.

Versión final en: http://mikel.agirregabiria.net/2005/loe.htm