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Calidad Educativa Vasca

El pasado 26 de julio el Gobierno central aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación, para su remisión al Congreso. Su polémica elaboración puede ser calificada, como mínimo, de surrealista y no cabe esperar demasiadas mejoras en su tramitación parlamentaria dada la actual correlación de diputados. Junto con la Ley Orgánica de Universidades y la Ley de la Formación Profesional y de las Cualificaciones, completa la trilogía de iniciativas legislativas educativas emprendidas por Aznar. Este artículo pretende exponer el previsible efecto sobre la educación vasca de esta Ley, cuya génesis se ha demorado más por la complejidad de la materia a abordar, que por el rigor en su proceso de consenso dentro de la comunidad escolar.

La Ley apela a un bello, y reiterado, concepto de calidad y a una “cultura del esfuerzo”, ideas generales con las que todos podemos estar de acuerdo. Lo cierto es que sus promotores poca ejemplificación de “esfuerzo” han demostrado en democratizar su gestación. Se ha aprobado el Proyecto en plenas vacaciones escolares, y fuera del periodo de presidencia europea, lo que proclama el poco entusiasmo que provoca, la contestación social que espera y su difícil “venta” ante la opinión pública. Entre las numerosas protestas, en Euskadi cabe recordar la multitudinaria manifestación del 4 de mayo a favor de un Sistema Educativo Propio, bajo el doble lema de “STOP a la Ley de Calidad del PP” y “Por una Educación Nuestra y Solidaria”.

Con un espíritu de evaluación constructiva, que los educadores debemos cultivar ahora más que la crítica pura que estimulamos hace dos o tres décadas por demandas del momento, expondremos los aspectos válidos, y otros no tanto, que hay como en cualquier propuesta. Como cuando se juzga el comportamiento del alumnado, conviene reseñar primero los aspectos negativos (conductas a corregir) y, luego destacar los elementos más positivos (salvando a las personas).

Las objeciones son, a nuestro entender, múltiples. La primera y sustancial para la realidad educativa vasca es que se trata de una Ley uniformadora, que además de invadir competencias asumidas (ya se ha anunciado la interposición de recursos de inconstitucionalidad) y de ignorar incluso la realidad bilingüe de casi la mitad del alumnado español, se dirige principalmente a corregir situaciones educativas superadas en Euskadi, como se describe a continuación.

La educación vasca, por los factores básicos como financiación, equilibrio de redes, grado de concertación o ratio profesorado/alumnado, se puede equiparar con los sistemas europeos más avanzados, que poco tienen que ver con los de algunas autonomías del Estado, con trasferencias tardías, y cuyos indicadores históricos de calidad están desgraciadamente postergados. La justificación misma de la Ley partió del “fracaso escolar”, aunque en la redacción final se ha obviado el término, que se cifra en más de un 25 % en el promedio del Estado Español, y que es muy inferior en Euskal Herria: Un 19 % en la CAPV (con un sistema plenamente bilingüe) y menos aún en Navarra.

Asimismo la Ley propone, como una de sus medidas más relevantes, que la gratuidad de la nueva etapa de Educación Infantil, ahora sólo en el tramo 3-6 años. Esta meritoria iniciativa puede mejorar la baja escolarización española, pero nada dice en Euskadi donde la escolarización es universal no sólo en esta etapa, sino incluso desde los 2 años. Algo similar sucedió con la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) al escolarizar hasta los 16 años: esto ya había acontecido hacía años en Euskadi.

Debe saber la ciudadanía vasca, que la extensión de la escolarización en Euskadi en ambos extremos de edad discente, en 0-2 años y en porcentaje de universitarios es comparable y favorablemente con las sociedades europeas y norteamericanas más avanzadas, encabezando todas las series del Estado. Nuestro debate no es la concertación del 3-6 años, ni el 2-6 siquiera, sino cómo asegurar las plazas de 0-2 años para aquellas familias que lo desean y que optan por ello más que en ninguna otra sociedad del mundo.

Así mismo, en los aspectos curriculares las indicaciones de la Ley para adelantar el estudio de una lengua extranjera y de las nuevas tecnologías en Educación Infantil, o la potenciación en Primaria de las áreas instrumentales (Lengua y Matemáticas), las Lenguas Extranjeras son ya realidades en Euskal Herria. En este sentido, la consideración de asignatura troncal de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) es otra ocasión frustrada, que sí ha otorgado Blair en el Reino Unido. Esta administración ha declarado a la enseñanza como 'el desafío fundamental' de los próximos diez años, y destinado hasta el 5,6% del PIB (superando a la media europea), con un incremento del 50% de la inversión por alumno en ocho años. Cuando en la actualidad sólo el 4,4% del PIB se dedica a la educación en el promedio español, se haría realidad el binomio de “reforma y dinero”, evitando el mismo error que cometió la LOGSE en 1990.

En Euskadi, la financiación educativa global, comparable a la media europea, no es lo más perentorio, aunque sí su reordenamiento presupuestario junto a innovaciones organizativas y un nuevo “acuerdo educativo”, previsto en el Programa de Gobierno de Ibarretxe, tras el “pacto escolar” suscrito en 1992.

La visión centralista que inspira toda la Ley, provoca su pésima hechura. Trata de homogeneizar a un modelo único unos sistemas escolares tan heterogéneos en las distintas comunidades autónomas que justamente comete el error que pretende combatir: aplicar una política de igualación a la baja. Como sucedió con la Ley de FP, evoca el mito del posadero Procusto, que ajustaba el huésped a la cama con el expeditivo procedimiento de estirarle o cortarle miembros y cabeza.

La limitación que impone un artículo de divulgación no exime de enunciar otros errores organizativos: la supresión de la promoción automática en ESO, de forma que se repetirá el curso con más de dos asignaturas suspensas, no compensada con criterios para el profesorado a fin de comprender la gravedad y el coste familiar y social que significa cada repetición, de escasa eficacia en muchos casos; la imposibilidad de aceleración que permita aventajar al grupo de coetáneos; los posibles efectos de discriminación, clasificación y segregación social del alumnado; la especialización de algunos centros públicos en los itinerarios menos prestigiosos que podría provocar su segmentación, lo que se agudizaría si se yugulase la financiación pública; la división del profesorado por no favorecer la carrera docente y por “resucitar” el cuerpo de catedráticos; el freno a la participación de las familias; la devaluación adicional de la Formación profesional, a la que retrotrae a tiempos pasados;…

Finalmente la lista de “oportunidades perdidas”, puede constituir, por sí misma, la mayor objeción a la Ley: El nulo avance hacia un verdadero Espacio Europeo de la Educación; la falta de un moderno tratamiento para una “educación en valores”; el “cierre en falso” entre la asignatura de religión y su alternativa; la no provisión adicional de recursos para la enseñanza de idiomas y de las TIC; el escaso avance en el tratamiento de las necesidades educativas especiales; la conculcación de los derechos lingüísticos del alumnado extranjero en las comunidades bilingües con programas de aprendizaje sólo de la lengua española; …

Y después de toda esta lluvia de reprobaciones, ¿cuáles son los aspectos favorables que se prometían? Abreviadamente y sin exponer todos los matices que merecería cada caso: La Prueba General de Bachillerato o reválida, con una 'parte oral' de la lengua extranjera, mejorando una Selectividad con tribunales mixtos (Profesorado Público de Secundaria-Universidad), que ni aseguraba la coordinación entre la universidad y la secundaria, ni constituía una evaluación propia del sistema preuniversitario para homologar conocimientos y contrarrestar tendencias indeseadas en las calificaciones; los itinerarios formativos que regularicen el abanico de fórmulas de refuerzo -que de hecho ya se han desplegado en Euskadi- para la atención a la diversidad de la ESO; la reducción a tres modalidades en los dos cursos de Bachillerato; el fomento de la lectura;…

Otras posibilidades podrían vislumbrarse con una aplicación inteligente de la Ley. Como se señala en su preámbulo, “las reformas educativas han dejado de ser acontecimientos excepcionales, y se han convertido en procesos relativamente continuados de revisión, ajuste y mejora”. En este sentido, confiamos que la crisis, entendida como oportunidad, servirá para perfeccionar el Sistema Educativo Vasco, no tanto por las virtualidades de la Ley como por nuestro esfuerzo propio.

Valoración final. Como el ingeniero del chiste, que ni veía la botella medio llena como el optimista, ni medio vacía como el pesimista. Simplemente creía que estaba mal diseñada (a doble tamaño del necesario).
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Cinco retos educativos para Euskadi

Proponemos cinco retos para la educación vasca en la iniciada legislatura, señalándose posteriormente (en un post que pronto publicaremos) cinco condiciones imprescindibles que parecen necesarias para la consecución de los objetivos enunciados, resaltando un elemento que ha faltado en toda la historia del autogobierno de las últimas década, el Liderazgo Educativo

Las metas encadenadas que debería anunciarse desde Lehendakaritza en los  próximos días podrían ser, sugerimos, las siguientes:
  1. Disponer de una primera Ley de Educación Vasca alcanzada con un amplio acuerdo en el parlamento vasco. Esto, con seguridad, requeriría previamente el siguiente empeño.
  2. Lograr un nuevo Acuerdo Escolar, heredero del Pacto Escolar de 1992 que fructificó en la Ley de Escuela Pública Vasca y la Ley de Cuerpos Docentes, y que ha sido muy positivamente valorada por toda la comunidad educativa. A su vez, y para equilibrar las redes escolares, convendría anterior o simultáneamente la próxima meta.
  3. Establecer una nueva organización de la Red Pública de Escuela Vasca, agrupada bajo un organismo público que bien podría denominarse Hezikidetza.
  4. Todos los avances debieran socializarse bajo una amplia campaña de difusión que transmitiese y posicionase a la ciudadanía vasca en pro de la prioridad de la educación, en todos sus ámbitos y edades, con solución universal. Sólo movilizando a familias y sociedad por por la interculturalidad, el plurilingüismo, la formación y la cultura se instala un país en los niveles de felicidad y convivencia a los que hemos de aspirar.
  5. Apostar por el éxito escolar universal, (en las enseñanzas básicas y obligatorias) de todas las alumnas y alumnos. Ya no basta que una sociedad ofrezca un pupitre a cada escolar, sino que ha de asegurar que - a lo largo de su trayectoria de escolarización- cada miembro del alumnado descubrirá su talento personal y elegirá su opción vital para convertirse en una persona integralmente formada (y ello también significa, con un destino profesional factible). 
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Premisas para un Acuerdo Escolar en Euskadi

Han transcurrido muchos años desde el "Pacto Escolar" de 1992, plasmado en dos leyes de "Escuela Pública Vasca" y "Cuerpos Docentes Propios" en 1993.  Aquel acuerdo se planificó, y parecía demasiado entonces, para prolongarse durante siete años, hasta 1999. Quienes participamos en aquellas gestiones internas, aún conservamos las hojas de cálculo (en FrameWork III) con aquellas proyecciones, donde se establecían aportes macroeconómicos.

El Pacto Escolar de 1992 fue inicialmente suscrito únicamente por EAJ-PNV y el PSE-EE, sumándose como tercer apoyo la red de Kristau Eskola. Las motivaciones y los protocolos fueron los propios del momento, con un equilibrio gubernamental inédito, y algunos problemas acuciantes en las redes escolares. Aquel pacto, del que se puede aprender algo aún cuando el contexto es radicalmente diferente, pivotó sobre varias temáticas: la convergencia entre redes para su enmarque en dos formatos de titularidad (pública y concertada, aparte de la anecdótica privada), el ajuste a la implantación de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE, que comenzó a implantarse en 1992), la necesidad de regular los cuerpos docentes transferidos, así como la puesta en marcha del sistema de los tres modelos lingüísticos, actualmente en vigor. 

El devenir de los años conformó un extraño meandro en la historia de la educación vasca, que jamás ha dispuesto de una "Ley de Educación Vasca", a diferencia de todas las demás comunidades autónomas del Estado, la mayoría de las cuales recibió las competencias educativas mucho más tarde.

Desde 1993 ha habido tímidas peticiones, de retomar la búsqueda de un nuevo y amplio Acuerdo Escolar en Euskadi. También figuró en varios Pactos de Legislatura de gobiernos mixtos presididos por EAJ-PNV con gestión departamental de EA, pero donde fue evidente que nunca interesó a este partido minoritario promover este debate, ni le fue demandado por nadie.

Durante la última década, comenzando hacia 2003 se escucharon periódicamente algunas peticiones de retomar la búsqueda de una convergencia en un tema tan estratégico como susceptible de sufrir retrocesos en materia de autogobierno educativo. Por ejemplo, en septiembre del año 2006 el PSE pedía un nuevo "Pacto escolar" a EAJ-PNV, y a EA que gestionaba el Departamento de Educación. En septiembre de 2011 son las ikastolas de Ikastolen Elkartea quienes solicitaban al PSE, a la sazón gestionando educación un acuerdo escolar.

Deben darse las condiciones precisas, en una conjunción no producida ni sentida en los veinte años durante los cuales si ha habido pactos globales, ni se han sentado nuevas bases de marco legislativo para relanzar la educación en la CAPV. Podríamos enumerar algunas premisas necesarias, quizá no suficientes, para que se inicie en 2013 alguna negociación en este ámbito:
  • Un liderazgo directo desde Lehendakaritza que fije este objetivo para la actual legislatura.
  • Una dedicación continua desde la titular del Departamento de Educación, Política Lingüística Cultura y Cultura.
  • Un ámbito de encuentro con los principales partidos políticos, aceptando el marco de debate y los temas a incluir en el acuerdo.
  • Un foro profesional con patronales educativas, sindicales, profesorado y representantes de las familias.
  • Un calendario acordado del proceso que establezcan hitos intermedios para ir acotando acuerdos que sumen agentes e instancias escolares.
  • Una fórmula de comunicación que vaya socializando el debate y la progresión, acorde con las tendencias de transparencia propias del siglo XXI.
Mesa Redonda Educación Vasca 
La imagen inferior corresponde a una reciente Mesa Redonda con partidos políticos.

Cuestionario sobre la LOMCE

Extracto del cuestionario-base de nuestra entrevista (y segunda parte de la entrevista) realizada Idoia Alonso, especializada en educación en el diario DEIA,  sobre Anteproyecto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). 
La imagen es de Pablo Viñas, también de DEIA. Se tomó en el centro Askartza Claret, ante la urgencia de la publicación, y cuando íbamos a recoger a nuestro nieto. El libro, para  que nos identificase el fotógrafo una lluviosa tarde, es el último informe del Consejo Escolar de Euskadi, "La Educación en Euskadi, 2008-2010", una valiosa fuente de información.
Seguirá un post extenso con nuestras posiciones, que se remitió previamente para establecer un cuestionario. Más entradas sobre la LOMCE.
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- Desde el punto de vista técnico, ¿cómo definiría la LOMCE?
La LOMSE es, técnicamente, un anteproyecto mal redactado y socializado, carente de un diagnóstico elaborado, pobremente abierto a aportaciones, discordante entre sus objetivos y sus propuestas, desconocedor de la pluralidad educativa y lingüística del Estado, y –me temo- conducente a una regresión pedagógica. Todo apunta que habría que reabrir un clima más profesional, más abierto, menos impositivo y menos regulador para evitar la oposición total que se ha desatado. 

- ¿Cree que el contenido y las medidas que propone se corresponden con los objetivos de mejorar el nivel educativo y reducir el fracaso escolar? ¿Por qué? 
Por muchas de las razones que hemos expresado anteriormente, que demuestran la contradicción entre lo deseado y lo programado. Por ejemplo, se habla del alumnado como razón y eje, y de la búsqueda del éxito escolar, pero las propuestas conducen un mayor fracaso escolar, con una segregación prematura de quienes se rezaguen, en lugar de reforzar su aprendizaje. Se insiste en las pruebas normalizadas externas, pero se minusvaloran las evaluaciones del profesorado continuas y contextualizadas. Se alaba la autonomía de centro, pero se reduce el peso de la comunidad educativa (familias,…) en su gestión. 

- ¿La escuela vasca corre el riesgo de que baje el nivel? 
No y sí. Me explico: Una Ley, por muy general que sea, ni sube ni rebaja el nivel, y menos de forma automática y a corto plazo. Pero sí puede afectar, de modo grave y negativo, si se aplicase la LOMCE en sus términos actuales. Por los efectos perversos de clasificar al alumnado, generar más fracaso, centrarse superar en las “reválidas”, y unificar objetivos y estrategias. 

- ¿Las reválidas externas que plantea por parte de un órgano independiente cuenta con las suficientes garantías para el alumnado euskaldun? 
La redacción actual no ofrece detalle, ni garantiza por tanto, un correcto y justo tratamiento lingüístico de dichas pruebas. Y menos aún si, como si se confirmase el actual artículo 29.4 donde se señala: “Los criterios de evaluación –esto es lo nuevo y peor- y las características de las pruebas serán establecidas para todo el Sistema Educativo Español por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que también diseñará las pruebas y establecerá su contenido para cada convocatoria” . 

- ¿Cree factible que se aplique esta legislatura (estatal, supongo, fin de 2015)? 
Difícilmente, porque el calendario fijado, aunque se aprobase en este semestre de 2013 y con el retraso del último borrador, prevé que –sin considerar las pruebas con carácter diagnóstico- la primera prueba general sería para 2º de Bachillerato en el curso 15-16. Lo negativo es que el marco de la LOMCE, si no se renegociase, podría mediatizar y yugular un posible Acuerdo Educativo en Euskadi. Aunque, la alternativa ideal sería avanzar y materializar una Ley de Educación Vasca, con amplio consenso social y educativo.   

- Una de las principales críticas que persigue a la LOMCE es que ofrece café para todos... 
No deseamos una reforma que, con pruebas normalizadas diseñadas desde la lejanía centralizadora, aumente una selección prematura que margine a más alumnado. Por el contrario, necesitamos complementar con evaluaciones externas la evaluación continua interna y contextualizada, a fin de minimizar el fracaso escolar, actuar con refuerzo educativo inmediato y eliminar la tasa de abandono escolar de la población joven. 

- ¿Dónde quedan conceptos como la educación individualizada? 
La LOMCE amenaza convertirse en una cama de Procusto que cortará los pies, o la cabeza, a quien destaque o no se ajuste a esa norma promedio. No puede pedirse un mismo traje que se adapte a todo un inmenso universo de alumnado. ¿La polarización del debate en lo identitario es buscado? El debate generado es poco pedagógico, nada racional, se alientan descalificaciones nada educadas ni construcctivas, resulta demasiado corporativo, desperdiciando la oportunidad de aportar estrategias. ¿Quién piensa en el alumnado? 

- Y entre tanta descalificación, ¿hay algo positivo en la Ley Wert? 
El equipo de Wert acierta cuando explicita y denuncia las debilidades del sistema educativo, aunque lo haga bajo la hipótesis de que es uniforme, dado que coexisten aspectos comunes,… aunque con gravedades nada comparables. Hay que rebajar las tasas de abandono escolar escandalosas, el escaso rendimiento del uso de TIC allí donde por Escuela 2.0 se aplicaron, es inaceptable una proporción de alumnos excelentes, de apenas el 3%, lo que supone la tercera parte de la media de la OCDE. También es necesario reducir la tasa de repetición, que en el Estado supone que, a los 15 años, casi el 37% del alumnado haya repetido curso al menos una vez. 

- ¿Qué opina del apoyo explícito a los centros que segregan por sexo? 
En la LOMCE hay cabida para propuestas de educación diferenciada, con respaldo legítimo de algunas familias y que la UNESCO en su “Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza” de 1960 salvaguarda específicamente en su artículo 2a. 

- ¿Las reformas que se proponen mejorarán el nivel educativo? 
En cuando a la competencia lingüística (y otras) se entremezclan, intencionadamente, objetivos con metodologías. Establezcamos consensuadamente niveles finales y parciales mínimos, y no entremos en inmersión o no. La propuesta de la diferenciación curricular del curso 4º de ESO es un engendro, nacido de no saber cómo satisfacer, aunque sea de un modo excéntrico el compromiso electoral del PP de un Bachillerato de tres años. Y es que esta medida significaría o retrasar en un año la salida hacia Grados Superiores de FP o la Universidad –inasumible en coste- o cursar obligatoriamente todo el alumnado un curso de Bachillerato. 

- ¿La LOMCE es un señuelo político del PP no hablar de otros temas de calado como la crisis, la corrupción política o el paro? 
 Hay aspectos, como el calendario de aplicación, que ha ido cambiando en los tres borradores, pero que no tendrá efectos académicos antes del curso 16-17. Por otro lado, está el encarecimiento que puede significar el 4º de ESO con dos modalidades totalmente diferentes, que hace que un grupo actual pueda diversificarse con sólo un coste de 9 horas docentes, podría pasar a 30 o de los 3 ó 5 Bachilleratos. 

- Entonces, ¿cree que después de todo la LOMCE no se aplicará esta legislatura? 
 Este mismo calendario, válido en el caso de aprobarse la LOMCE en este semestre de 2013, parece haberse retrasado un año, y no tendrá efectos académicos (sí de diagnóstico) hasta el curso 16-17. No obstante, parece la reforma de 2º de Bachillerato sería aplicable en el 15-16 (fuera ya de la legislatura actual en el Estado). 

- Y mientras tanto, ¿qué debería hacer el Parlamento Vasco para contrarrestar los efectos de la LOMCE? 
El Parlamento Vasco, inexcusablemente, debe promulgar y proclamar en esta legislatura autonómica una primera Ley de Educación Vasca, consensuada con amplio respaldo político y social. Nuestros referentes de excelencia y equidad deben ser los máximos de la OCDE, porque nuestra inversión educativa es de las más altas del mundo (en valores absolutos, no sólo relativos al PIB, sino incluso en valores absolutos), si bien no hay que desconocer el nivel educativo-cultural de nuestros ancestros (algo que siempre pesa en los resultados comparativos). 

- A ciertos sectores la oferta lanzada por la consejera Uriarte a Wert les ha descolocado. ¿Qué opina usted? 
 Más razonable que la posición de Isabel Celaá, que junto a las CC.AA. socialistas pidió la retirada del anteproyecto, parece más política y educativa la actitud, igualmente firme, pero dialogante, que ya ha mostrado la nueva consejera Cristina Uriarte, apelando a lo establecido en el Estatuto de Gernika. 

- Desde su punto de vista, ¿cómo se debería abordar la reforma educativa en Euskadi? 
 Habría que alcanzar un acuerdo estable que transcienda la coyuntura política para el 2020, ó 2030, trabajando por décadas,… Es necesario cerrar un “pacto escolar” para superar la leyes de Escuela Pública Vasca y Cuerpos Docentes Propios están agotadas, y siguen sin cubrir el conjunto de la Educación no universitaria. Además, no son garantes de estabilidad para el futuro ni siquiera a corto plazo. 

- ¿Un pacto escolar entre quienes? 
 Un pacto no sólo entre los principales partidos políticos, ni siquiera con todos los partidos políticos, sino convenciendo a la ciudadanía, a los agente. Ya no sirve, y menos en educación, las Leyes Orgánicas, ni los Boletines Oficiales ante los riesgos ciertos de que avancen los desafíos de la desescolarización de la sociedad. 
 
Conversación en Twitter: #LOMCE.
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Modelos lingüísticos en la educación vasca

Una reflexión ante el compromiso asumido por el Parlamento vasco para que el Gobierno estudie, junto con todos los agentes de la comunidad escolar, una reforma de los modelos lingüísticos en la enseñanza antes de febrero de 2007. Este debate debiera basarse en criterios socioeducativos más que en prejuicios ideológicos o políticos.

Situación actual.

- La "Ley Básica de Normalización del Uso del Euskara" del 24-11-1982 establecía en su artículo 17 que “El Gobierno adoptará aquellas medidas encaminadas a garantizar al alumnado la posibilidad real, en igualdad de condiciones, de poseer un conocimiento práctico suficiente de ambas lenguas oficiales al finalizar los estudios de enseñanza obligatoria,…”. Todo ello con independencia del modelo A, B ó D elegido libremente por las familias. Este mandato institucional se mantiene incumplido 23 años después, si bien es de reconocer que ha sido la Educación, la comunidad escolar, las familias, el profesorado y el alumnado quienes más se han esforzado por su consecución,… aún no alcanzada plenamente.

Comparecencia de la Consejera de Educación ante la Comisión de Educación del Parlamento Vasco

 

La Consejera de Educación del Gobierno Vasco, Cristina Uriarte, ha presentado esta mañana en el Parlamento las principales líneas de actuación de su Departamento de cara a la XI. legislatura.

Ante la Comisión de Educación, y acompañada por los viceconsejeros y viceconsejeras de Educación, Formación Profesional, Universidades e Investigación, y Administración y Servicios – Maite Alonso, Jorge Arévalo, Adolfo Morais y Olatz Garamendi- , la Consejera Uriarte ha resumido los aspectos más reseñables de la pasada legislatura junto con las líneas estratégicas de su Departamento durante el periodo 2017-2020.

Pacto por la Educación

Entre los principales retos, la Consejera ha querido subrayar la necesidad de impulsar un nuevo Pacto por la Educación, como paso previo a la aprobación de una nueva Ley Vasca de Educación: “Quiero subrayar que para nosotros, la educación es un reto de país, un reto colectivo. Si tuviera que quedarme con un titular resaltaría éste, la XI. legislatura se caracterizará por el diálogo, por el contraste de ideas, por la voluntad de aunar sensibilidades, por la búsqueda de consensos, todo ello en aras a llegar a un acuerdo que sea fiel reflejo de lo que nuestro sistema educativo entienda ha de ser pautado, todo ello pivotando sobre la idea, de lo que es compartido por todos y todas, una escuela equitativa, inclusiva, plural, de calidad, hacia la excelencia.(…) De cara a esta legislatura impulsaré la búsqueda del dialogo, del consenso para llegar al acuerdo, a un pacto que requiere la colaboración y participación de toda la comunidad educativa”.

La estabilidad del profesorado redunda directamente en la calidad de la enseñanza. Por ese motivo, la Consejera Uriarte ha adelantado que durante la nueva legislatura, convocará Ofertas Públicas de Empleo todos los cursos. De ese modo, permitirán, además de lograr una mayor estabilidad del sistema, y por ende, una mejora en la calidad educativa, un mayor bienestar en tantas familias.

Esta periodicidad, unida al número de jubilaciones que se prevén, redundará, a su vez, en el rejuvenecimiento de las plantillas. 

La formación del profesorado seguirá siendo elemento fundamental en la nueva legislatura. Adecuar y actualizar el perfil docente a las necesidades del Sistema Educativo Vasco. En esa línea, el Departamento dará inicio a la evaluación del profesorado, como herramienta de apoyo y orientación a la formación continua de maestros y profesoras. Se profundizará asimismo en el liderazgo de los equipos directivos.

Con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a la enseñanza, y como defensa del modelo vasco de protección social, Cristina Uriarte ha señalado que garantizará y facilitará el acceso a las becas a todas las familias que cumplan los requisitos. Se destinarán en torno a 55 millones de euros anuales, cifra que se incrementará si la demanda así lo requiriera. 

Dentro de las acciones dirigidas a dotar al Sistema Educativo Vasco de herramientas para mantener una escuela inclusiva, el Departamento de Educación presentará un Plan contra el acoso escolar. Un marco de referencia que sirva de guía a los centros educativos, con un abordaje integral no solo de la prevención y detección, sino también en la coherencia de la intervención ante este tipo de situaciones. Una problemática ante la que ya se han desarrollado iniciativas, como por ejemplo, el acuerdo alcanzado con el Departamento de Seguridad para informar y orientar a los centros educativos ante situaciones como el acoso o el cyberbullying.

Ley de Formación Profesional y V. Plan Vasco de FP

En relación a la Formación Profesional, la Consejera de Educación ha subrayado la necesidad de seguir adecuándose a los nuevos tiempos, con el objetivo de continuar siendo referente internacional. Para ello, remitirá al Parlamento el Proyecto de Ley de Formación Profesional, que durante la legislatura se complementará con la presentación del V. Plan Vasco de FP.

Haciendo referencia a la Formación Dual, Uriarte ha señalado que el Departamento seguirá apostando por esta fórmula, en coordinación con el sector empresarial y los agentes sociales. Y se ha marcado un reto: que en 2020, el 50% de los estudiantes de FP puedan formarse en la Formación Profesional Dual.

Seguirá reforzando el emprendimiento, la FP seguirá apostando por formar al alumnado más autónomo posible. Para ello, prevé que más de 40.000 estudiantes obtengan formación en cultura emprendedora a través del Programa “Ikasenpresa”. Además, el programa “UrratsBat” posibilitará que los centros de FP impulsen la creación de más de 350 empresas por parte de estudiantes de Formación Profesional. 

Pero además de ayudar en la creación de empresas, la Formación Profesional de Euskadi seguirá apoyando a las Pymes, en su reto por mejorar y adecuarse a los nuevos tiempos. En los próximos 4 años, cerca de 1500 Pymes contarán con el asesoramiento de centros de FP para poner en práctica aspectos innovadores siguiendo las políticas establecidas por el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, y en colaboración con otras instituciones.

Y en relación al euskera, el Departamento de Educación se compromete a seguir trabajando para que el alumnado que haya cursado sus estudios de secundaria en euskera, tenga garantizado que pueda seguir sus estudios de formación profesional también en euskera. El objetivo es que para 2020, el 50% del alumnado de formación profesional curse sus estudios en euskera.

Plan Universitario e impulso a la investigación

El impulso al Sistema Universitario Vasco seguirá siendo uno de los principales retos. Tras analizar los resultados obtenido en el Plan Universitario en vigor, durante la legislatura se elaborará el IV. Plan Universitario 2019-2022, que definirá las líneas de trabajo de los ejes fundamentales: la excelencia y la formación, la internacionalización, la transferencia del conocimiento y los resultados de la investigación.

Unos retos para los que el Gobierno Vasco seguirá avanzando en su objetivo de alcanzar el 1,5% del PIB en gasto de enseñanza superior, con financiación mixta público-privada.

La investigación seguirá contando con el impulso necesario, y en ese sentido la Consejera Uriarte ha señalado que se producirá un incremento anual del 5% de los recursos destinados a la política científica y a la investigación.

También la definición de la nueva estrategia en relación a los BERC – centros de investigación básica de referencia- para el siguiente periodo 2018-2021 será uno de los retos a destacar. Centros de reconocido prestigio que seguirán contando con el impulso del Gobierno Vasco.

Durante los próximos años, el Departamento de Educación desarrollará el modelo vasco de carrera profesional investigadora, tras la reciente aprobación del programa “Research Associate” que completa el itinerario investigador. Esta acción se desarrollará coincidiendo con la elaboración del nuevo Plan Estratégico de Ikerbasque, para el periodo 2018-2021. 

Por otra parte, la XI. legislatura acogerá el desarrollo de un modelo de estudios universitarios propio, en coordinación con las universidades del Sistema Universitario Vasco. En él, se impulsarán titulaciones en las que la internacionalización, la relación con la empresa y la calidad de la formación serán los ejes fundamentales.

Educación para la Paz

· Una Educación en Valores Éticos.

Las continuas reformas escolares que han supuesto significativas mejoras, también han originado inesperados efectos indeseables. El prolongado análisis de los modelos sugeridos por los agentes educativos y las variaciones curriculares, metodológicas y organizativas, han eclipsado un debate previo sobre qué valores éticos y humanísticos ha de transmitir un moderno sistema educativo formal. En este punto no resulta ocioso reseñar que, aun­que sea obvio, los valores y principios son de elección y aceptación personal. Por tanto, se trata de un tema eminentemente subjetivo, aunque entendemos que no por ello resulta vana la reflexión en común para la adopción de una ética de mínimos que se aprenda y enseñe también en el ámbito de la comunidad educativa.

Ningún educador proclamaría jamás que el alumnado debe redescubrir las bases de la matemática o de la ciencia para no condicionar su propia visión o limitar su creatividad, sino que sólo un sólido conocimiento del saber histórico sobre la materia permite crecer. Si esto es tan palmario, ¿por qué esa corriente de no cultivar los aspectos éticos de la personalidad huma­na, y dejar su desarrollo a la simple y supuesta “espontaneidad”, que no existe en una realidad de influencias sociales? Bajo la supuesta “libertad de elección de valores”, que sólo se enmascara la renuncia de algunos a la formación ética, la ausencia de formación ética conduciría, en la mayoría de los casos, a la adopción de los valores más generalizados, los de la frivolidad del consumismo presente en los poderosos medios de comunicación, que los exponen como la única motivación consistente de la felicidad universal.

Reconoceremos a la Alfabetización Ética a través del sistema educativo como uno de sus primeros fines, para la integración de los alumnos en el sistema sociocultural al que per­tenecen y que está regido por unos códigos morales preexistentes. Para ello es fundamento básico la transmisión de los principios éticos imperantes, para que en un proceso de construcción autónoma de valores, sean libremente asumidos por los escolares, a fin de asegurar su subsiguiente continuidad y/o transfor­mación dentro de la responsabilidad inalienable que les incumbe como generación futura. Subrayemos que el quehacer más importante de la edu­cación es descubrir la adecuada rela­ción que cada siguiente generación establecerá entre la libertad de elección personal y los valores socialmente consensuados por sus antecesores, en un proceso histórico continuo de perpetuación y renovación.

Entendamos que los principios éticos deben figurar en los proyectos educativos y ser enseñados en las programaciones, siguiendo una activa metodología calidoscópica de continuas iniciativas para la transmisión y construcción de valores que constituye el intitulado “currículum oculto”, para su adquisición y apropiación por el alumnado, a través de la reflexión y maduración propia mediante una serie de hábitos y actuaciones de despliegue solidario con su entorno más próximo. Los modelos derivados de las figuras de alumnado- tutor, de voluntariado, y de un maximizado protagonismo en la participación escolar pueden servir de cauce para este proceso.

Toda actuación humana se fundamenta en el código de valores de quien la ejecuta. En la esencia moral de toda persona se gestan su comportamiento, su felicidad y su destino. Si se acepta la proposición anterior, ¿cómo podría nadie propugnar su exclusión de entre las materias obligatorias de la educación? Educar, en definitiva, es entusiasmar con valores. Entendemos como una educación de calidad ética es aquella que aspira a instalar en lo más íntimo del discente un código de valores “inherente a su persona”, y no sólo a dotarle de recursos cognitivos, afectivos y actitudinales, para poder asegurar que su autonomía vital y profesional será plena. Sin ese código de claves éticas, todo lo demás sería insuficiente y accesorio. Quizá sea más efectivo en educación disentir de la ingenuidad de Rousseau (“Los hombres nacen necesariamente buenos”) y seguir a Locke y Hobbes: “Nacemos como un potencial enemigo para con el prójimo”. Sólo la socialización y la educación, nos elevan al paraíso de la convivencia. Nunca renunciaremos a educar en valores.

· Una Educación vasca para la Paz y para la Convivencia.

La educación vasca debe promover a ultranza la tolerancia y respeto mutuo, reconociendo la significación de la declaración universal de los derechos humanos y de las liberta­des fundamentales individuales y colectivas, para fa­vorecer la convivencia plural en democracia. Urge la aceptación del pluralismo ideológico de todos los integrantes de la comunidad educativa, dentro de un clima escolar de respeto que no suponga ni discriminación ni proselitismo. Se otorga especial importancia a la Educación para la Paz y al valor del diálogo como vía de entendimiento y consecución de un clima de tolerancia y respeto, aprendiendo a defender las opiniones propias y a respetar las opiniones ajenas, comprometiéndose a la dialéctica de mayoría-minoría en la consecución de acuerdos. La emergencia de contravalores ideológicos como la violencia, nos obliga a rescatar formulaciones en negativo, que suponíamos periclitadas, como las propuestas de no-violencia. Educar en la paz y en el respeto a la diferencia y a la vida exige el impulso de todas las instituciones, y singularmente de las instancias educativas. Un impulso que, debe estar acompañado de actitudes hondamente democráticas, comprometidas y pedagógicas con tolerancia y diálogo, evitando la permanente crispación, el desencuentro y la descalificación.

La educación para la Paz alcanza un valor máximo en el caso de Euskadi por el esfuerzo colectivo realizado en las últimas décadas en la prosecución de la conciliación, y de la normalización política. La sociedad y la escuela vasca están especialmente sensibilizadas y han consumado un interminable proceso de búsqueda de negociación para poner fin a las manifestaciones de violencia. El reconocimiento a las víctimas por todas las formas de terrorismo, desgraciadamente aún no extinguidas, y el respeto a todos los derechos humanos deben ser las bases de construcción de un sistema educativo que instale en todo el estudiantado un rechazo cabal y somático a cualquier recurso violento, apelando siempre a los caminos éticos de participación social y política que la civilización contemporánea nos proporciona. El repudio a las actitudes militaristas o totalitarias, de imposición de la voluntad será una constante educativa, asentada sobre la práctica cotidiana en el escenario escolar con vías de diálogo y de resolución por sistemas democráticos.

El aprendizaje educativo de los Derechos Humanos, como muestra del nivel alcanzado por la Humanidad en su desarrollo personal y colectivo, será un elemento curricular presente en la Enseñanza Primaria y Secundaria Obligatoria. En los contenidos y desarrollos curriculares, adscritos a los valores o a materias como la Filosofía y las Ciencias Sociales, se señalarán los valores humanísticos y los diferentes planos de la lógica democrática, la social, la moral y la política. Ya la Ley de la Escuela Pública Vasca incluían entre los fines del Sistema Educativo Vasco: “Impulsar el desarrollo en libertad de la personalidad y la formación integral de los alumnos, asentados en los valores que hacen posible la convivencia democrática, fomentando, entre otros, la capacidad crítica, la igualdad, la justicia, la participación, el respeto, el pluralismo y la libertad de conciencia, la solidaridad, la inquietud social, la tolerancia y el respeto mutuo, así como la defensa de los derechos humanos”.

· Una Educación que erradique y repudie cualquier forma de violencia escolar.

El escenario escolar, junto al entorno familiar y de barrio, son los primeros espacios testigos e inductores de conductas intemperantes u ofensivas, que deben ser corregidas y repudiadas con prontitud y ejemplaridad. La tolerancia con la diversidad y con la libertad de las opciones personales sólo tiene un límite intraspasable: el mismo derecho para los demás. La libertad de expresión, debe ser modulada y corregida en su caso, por criterios de respeto a los derechos humanos de toda la comunidad educativa. Toda forma de agresividad o coacción, de modo verbal, físico o psicológico, debe quedar desterrada desde sus primeras manifestaciones, inculcando un exquisito trato entre los componentes de todos los estamentos escolares.

Creemos que la juventud vasca, justamente por la historia reciente y remota de Euskadi, es un referente social de implicación y participación en procesos de búsqueda de la paz. Sin embargo, según el informe CINDES sobre la violencia juvenil en la Comunidad Autónoma del País Vasco, elaborado a instancias del Parlamento Vasco, todavía resta un 8,1% de la juventud vasca que puede ser considerado violento, de los que un 2% (18.000 jóvenes) defienden estas actitudes por “razones” políticas. La educación quizá ha primado el estímulo de la crítica, no siempre constructiva, y pueden advertirse carencias de valores compensatorios, basados en la tolerancia. La comprensión de los demás y la necesaria fraternidad entre las personas, son valores esenciales que el sistema educativo debe implantar en la personalidad ética de los educandos.

Así pues, queda mucha tarea educativa por realizar a fin de asegurar definitivamente una formación ética para la PAZ de la totalidad del alumnado, antes de concluir la etapa obligatoria. Recordemos las palabras de Gandhi, “Si queremos enseñar la verdadera paz en este mundo, y si queremos librar una verdadera guerra contra la guerra, tendremos que empezar por los niños” y la cita del Gilles Lipovetsky: “El Siglo XXI será ético, o no será”. Eduquemos para la PAZ en la tolerancia y en la solidaridad.

Futuro educativo de Euskadi tras el 21O #100i4e

Estamos a siete semanas de la convocatoria electoral en Euskadi (y en Galicia) el 21 de octubre de 2012, y en el comienzo de un nuevo curso académico. Y corresponde hablar de futuro y de educación. Cada nuevo ejercicio, como este curso 12-13, es una gran oportunidad de reinventar la educación. El triste año 2012 , y la crisis general sentida (fuerte subida del IVA, perspectivas negras en economía, depresión laboral generalizada,...) nos estimula a responder con una escuela innovadora que ofrezca esperanzas verosímiles para toda la sociedad a corto, medio y largo plazo.

Somos muchas las personas interesadas en educación que creemos que la enseñanza formal ha de orientarse y revalorizar el aprendizaje para que se produzca dentro y fuera del entorno escolar, dentro y fuera de los limitados calendarios y horarios lectivos. Conviene que la ciudadanía aproveche esa inmensa oportunidad del período prelectoral para promover un debate abierto sobre todos los aspectos involucrados en la primera y principal inversión social: la educación.

Hemos de reflexionar y comprometer a todas las formaciones políticas, a fin de que se involucren en la educación y lo designen como un tema trascendente de primer orden, convergiendo que es necesario e imprescindible más que nunca que se genere un pacto educativo sostenible entre los principales y diferentes partidos. Todo con ánimo de concertar grandes acuerdos de país para mantener toda la inversión educativa, algo que siempre resultará fructífero, aunque tarden en percibirse algunos de sus efectos (quizá los económicos).
Para animar la reflexión general, aportamos una primera participación con algunas ideas generales y seguimos un hashtag en Twitter #100i4e (Cien Ideas para la Educación). Comenzaremos con diez sugerencias iniciales, que pueden ser o no compartidas, matizadas,... en los comentarios o en #100i4e.
  1. La educación es tan importante que no puede quedar sólo en manos de la política, o de la administración, o de patronales y sindicatos, o del profesorado, o del alumnado, o de las familias,... Es un tema clave de la totalidad de la ciudadanía, que debe ser vigilante con cuánto requiere y cómo ser gestiona, como la mejor inversión social.
  2. Todo el sistema educativo debe primar y centrarse en el alumnado (y en las familias mientras el alumnado sea menor de edad) como el núcleo de atención sobre el que articular las propuestas de aprendizaje. Toda la acción de la docencia y de la administración ha de estar al servicio del alumnado. Nuestra razón de ser y a quien servimos es el alumnado (y sus familias).
  3. Consideramos que la pluralidad de ofertas escolares (con diversidad de titularidades, modelos pedagógicos,...) es un elemento muy valioso y característico de la educación vasca. Esta peculiaridad da dinamismo a nuestro sistema e impulsa la mejora en la gestión. Esa pluralidad debe protegerse con medidas que apoyen la adecuación a las demandas del alumnado (y de sus familias), que son las que deben regir la planificación educativa.
  4. Para que la red de titularidad pública, la mayor de las actuales, actúe como una red educativa (como Kristau Eskola, Partaide,...) debe estar organizada como una “Hezikidetza”, poniendo en juego la totalidad de sus recursos humanos, de modo que la administración educativa (con alguna semejanza con la sanitaria) vele por el conjunto de la educación vasca con unos conciertos generales a sus diferentes redes escolares.
  5. Una educación del siglo XXI debiera asegurar como un nuevo derecho humano el éxito escolar (en las enseñanzas básicas y obligatorias) de todas las alumnas y alumnos, ofreciendo centros diversificados con modelos variados que sean del agrado y permitan elegir a las familias (incluso, y especialmente, en un sistema público no homogéneo). También es preciso vincular más al profesorado con el éxito académico del alumnado a su cargo.
  6. El profesorado y las direcciones escolares son las piezas esenciales para que una sociedad se dote de una correcta y eficiente educación, con una amplia capacidad de autonomía a nivel de centro, departamento, etapa,... La formación inicial y continuada, así como la carrera profesional, son aspectos a cuidar en la organización de la enseñanza.
  7. La evaluación constante, combinada (externa e interna) y contextualizada debe garantizar la equidad y la calidad de todo el alumnado, de todas las aulas, de todos los centros, de todas las redes, así como de la administración, inspección, servicios de apoyo,...
  8. Las competencias (como la de aprender a aprender), los lenguajes naturales (euskera, castellano, inglés,...) y los metalenguajes matemático, científico, tecnológico y digital son la columna vertebral del currículo de las primeras etapas educativas. Para su debida consecución deben establecerse niveles y objetivos perfectamente definidos antes de finalizar las sucesivas etapas escolares.
  9. La educación digital debe transformar y mutar la escuela que recibimos del siglo XIX, potenciando nuevas realidades de aprendizaje con una comunidad abierta por el cauce de un Internet omnipresente y accesible a través de dispositivos móviles (smatphones, tablets,...) a nuestro alcance en todo momento y lugar. Su generalización abrirá el entorno escolar a las familias y al conjunto de la sociedad, que podrá participar por nuevas vías.
  10. Es urgente un amplio "Acuerdo Escolar" que abarque a todo el sistema educativo vasco, algo no alcanzado tras 30 años de autogobierno, y que complete el "pacto escolar" de 1993 (que sólo cubría la mitad del sistema con una "Ley de la Escuela Pública Vasca" y que estaba programado durar, a lo sumo, para siete años).
¿Alguien más se suma a este decálogo? ¿Qué le falta o qué le sobra? ¿Detallamos más? Lo haremos en próximos posts. Lanzamos el debate como un meme dirigido a toda la comunidad educativa, dentro o fuera de Euskadi, buscando la innovación educativa. ¿Alguien recoge el guante?

Más entradas sobre las 100 Ideas para la Educación, también en Twitter #100i4e, y en blogs como el de Josu Sierra (antecedente del debate),... Las imágenes corresponden a centros escolares más bellos del mundo.

LOE: La Olvidada Educación

Un eclipsado debate tras 8 Leyes Orgánicas educativas aprobadas en 25 años. Demasiadas reformas para seguir distanciados de la Europa más avanzada.

La educación es una tarea generacional, prolongada a lo largo de la vida, que afecta intensivamente a los más jóvenes, en un inigualable esfuerzo colectivo donde participan familias, profesorado, alumnado y el conjunto de la sociedad. Todo ello requiere un marco político y administrativo consensuado, con vocación de larga permanencia en el tiempo para garantizar el máximo aprovechamiento de tan ingentes recursos humanos y materiales.

La educación es responsabilidad de la familia, que delega en la enseñanza parte de sus funciones. La formación se estratifica en etapas, desde la educación infantil hasta la formación profesional o la universidad, y en planos de actuación abarcando desde el autoaprendizaje, el aula, el centro, la red o el sistema global. En el Estado español, con las competencias educativas transferidas a las Comunidades Autónomas, una nueva Ley Orgánica de Educación (LOE) ha despertado un doble debate, interno entre docentes y público donde se enfrentan algunas visiones opuestas (asignatura de religión, concertación de centros privados,…).

El proyecto de LOE presentado por el Ministerio de Educación y Ciencia para su tramitación en el Congreso ha sido calificado de muchas formas, según la perspectiva de los analistas. Puede definirse como un texto reducido, no excesivamente pormenorizado ni intervencionista, que busca soslayar los mayores escollos con los sectores más influyentes sin negar su inspiración “socialista”. Quizá la LOE sea una concreción del “talante Zapatero”, que -con paradojas y contradicciones- busca la máxima mayoría parlamentaria.

Repasemos algunas inconsistencias. En la exposición de motivos, declara que las evaluaciones internacionales recientes, como PISA (trianual) y TIMMS (cuatrianual), ponen de manifiesto que es posible combinar calidad educativa con equidad en su acceso, pero la LOE ni propone mecanismos urgentes de mejora (que obligarían a una mayor inversión), ni menciona las “devastadoras conclusiones del Informe Pisa” que denuncia el Consejo de Estado de Educación, máximo órgano consultivo que en su preceptivo dictamen proclama: “Parece como si el anteproyecto tratara sólo de modernizar el sistema educativo y no de corregir tendencias a la baja calidad que son de dominio público y preocupan a la sociedad…”.

Entre las incoherencias, sobresalen algunas. Propone el carácter “complementario” de las redes escolares pública y concertada, porque reconocer la “subsidiariedad” sería impresentable en nuestra realidad educativa continental, aunque luego en el articulado separe tajantemente entre centros públicos y centros sostenidos con “fondos públicos” (que incluiría a los privados concertados). Igualmente se pregona la autonomía de los centros docentes, pero no se facilitan instrumentos para ello en la escuela pública. Presume como gran novedad un área de “educación para la ciudadanía”, sin que se sepa quién impartirá tan difuso y discutible contenido.

En su última redacción ha incorporado el “esfuerzo individual de los alumnos”, como uno de los principios de la educación y como uno de sus fines “el mérito y el esfuerzo personal”. Este eslogan de la LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Educación) era uno de los aspectos más rescatables de la ley del PP, y aunque el PSOE se negaba a destacar su presencia, al final la obviedad se ha impuesto. Afortunadamente en la disposición final primera se pregona que el primer deber básico de los alumnos es… estudiar (lo que lamentablemente parece pertinente por un inexplicable olvido muy extendido).

El porcentaje de contenidos básicos de las enseñanzas básicas, 55% en las Comunidades Autónomas con lengua cooficial y 65% para las restantes, ha sido otro punto de polémica política artificial en prensa. Los educadores sabemos que la realidad escolar del siglo XXI exige un núcleo planetario absolutamente común (no en el Estado, ni en Europa siquiera), que es lo que se mide en las evaluaciones internacionales (matemáticas, ciencias, primera lengua,…). Igualmente sólo alguien ajeno a la práctica docente puede negar la indispensable adecuación curricular que desde la escala no sólo autonómica, sino de centro, de profesorado, de aula y de cada miembro del alumnado ha de programarse.

Otra espinosa controversia se centra en la enseñanza de la religión. La disposición adicional segunda comienza desacertadamente: “La enseñanza de la religión se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre el Estado español y la Santa Sede,…”. Pareciera que la enseñanza religiosa no fuese una frecuente demanda familiar, de un alto porcentaje de madres y padres que la consideran esencial. Su deseo legítimo, al igual que el de quienes prefieren que sus hijos e hijas no reciban enseñanza confesional alguna, debe ser garantizado, al igual que los derechos de los docentes de estas materias. La opción más aceptable sería una materia de oferta obligatoria en todos los centros en sus versiones confesional (de todas las iglesias con representación significativa) y no confesional, para la aceptación voluntaria por parte de las familias. Debiera ser evaluada didácticamente para su notificación familiar, aunque no computable a ningún efecto académico (becas, promoción,…). El apartado 3º, que otorga a la entidad religiosa la condición de empleador y establece el pago delegado, no parece satisfacer ni al profesorado implicado, ni a las jerarquías eclesiásticas, por lo que parece inviable semejante variación unilateral de empleador cuando ni el receptor ni los trasferidos lo asumen. También sería de justicia la equiparación académica y salarial de este colectivo que reúne a más de 17.000 docentes en el Estado.

Entre sus cualidades, la LOE se destaca porque simplifica la proliferación de leyes educativas y de sus correspondientes reglamentos emitidos desde 1990, derogando -además de otras leyes menores- la LOGSE (Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990), la LOPEG (Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes de 1995), y la LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Educación de 2002). La litigada LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación de 1985), corrigiendo algunos de sus excesos, queda drásticamente reducida a una cincuentena de artículos (de sus 63 artículos iniciales), e incluso también son abolidos o reformulados muchos apartados de los artículos vigentes por la disposición final primera del anteproyecto. Desafortunadamente, el anteproyecto delira cuando, en su apartado 5º de la citada disposición, introduce un disparatado y encubierto derecho a la huelga del alumnado menor de edad, que ni respeta las responsabilidades, derechos y deberes de los padres, ni mejora la participación discente en la organización escolar. Debería suprimirse este enunciado, sin perjuicio de recoger adecuadamente el derecho de reunión en el centro escolar, respetando los horarios de actividad y los derechos de cuantos constituyen la comunidad educativa, previa comunicación a la dirección o de acuerdo con ella.

Las preconizadas “evaluaciones de diagnóstico”, al finalizar el segundo ciclo de Primaria (10 años) y al concluir el segundo curso de la Secundaria obligatoria (14 años), pueden ser reconocidas como puntos positivos por su carácter formativo y orientador, sin la estricta connotación de reválida (que la LOCE promulgaba) y que al medir currículos (y no competencias) podría condicionar y uniformar excesivamente la necesaria autonomía docente para atender a la diversidad discente. De este modo, queda una medición objetiva de la Primaria, antes de su tercer ciclo, y otra graduación en la crítica edad intermedia de la ESO, cuando en 3º parece que muchos de nuestros estudiantes encuentran súbitamente todos los obstáculos en lo que parecía un generalizado progreso modélico. Más dudosa es la supresión de la PGB (Prueba General de Bachillerato), prevista en la LOCE y común en toda la Unión Europea (salvo en Grecia y Portugal).

El retardo de los itinerarios hasta 4º de la ESO es oportuno y paneuropeo, cuando aparecen tres materias de modalidad y algunas optativas, retrasando el prematuro adelanto de la LOCE. Igualmente resulta conveniente la suavización en el número de asignaturas no superadas para promocionar de curso, porque nuestro retardo medio no mejora ni la calidad ni la equidad, y porque son más efectivas las medidas de refuerzo dirigidas hacia la superación final. El clamor contra la “promoción automática” ni es exacta, ni se corresponde con la reglamentación de los países de referencia educativa.

El reagrupamiento en tres bachilleratos de Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales, y Artes es acertado. La fusión en el primero de ellos de los antiguos Bachilleratos de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud junto al de Tecnología era necesaria, y debería servir para incrementar el flujo hacia esta modalidad. Únicamente entre las materias comunes del Bachillerato, previstas en el artículo 34, debería incorporarse el metalenguaje omnipresente de una “Matemática Aplicada”.

Las insuficiencias de la LOE son variadas. El avance que supone la declaración de carácter educativo de los dos ciclos de Educación Infantil (superando el anacrónico nombre de Preescolar que reitera el PP), queda desdibujado por no abordar este período en tres ciclos bianuales (como todo el resto de la educación hasta el diseñado en el Espacio Europeo de Educación Superior). La espuria razón para este lastre es la inercia anterior y la insuficiente financiación dedicada a esta etapa, que da lugar a discrepancias totales entre Administraciones Educativas donde se retarda Andalucía (única con tasas de escolarización menor del 90% de la población de 3 años), mientras el País Vasco supera el 90% incluso de la infancia de 2 años. La gratuidad promulgada por la LOE del segundo ciclo de Infantil (3-6 años) es una mejora sólo para las Comunidades más retrasadas, mientras que las demandas sociales en edades más precoces ya se desbordan en las Comunidades mejor financiadas. En esta etapa, la subsidiariedad de la concertada se manifiesta en el artículo 15, en donde se garantizan una oferta suficiente en los centros públicos (además sólo con un incremento progresivo desde la situación actual), mientras que apenas se esboza que “podrán establecerse conciertos con centros privados”.

Son meramente declarativas y sin previsiones las apuestas por la mejora de los idiomas (foráneos y oficiales), que la LOE sigue sin apoyar más decididamente, o el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación, donde nuestro retraso pedagógico comparado es deprimente. Igualmente las bibliotecas escolares quedan simplemente citadas y no incentivadas.

La participación de las familias podría acrecentarse asegurando, en función de la edad del alumnado, porcentajes no inferiores a un tercio de padres adicionalmente a un sexto de alumnos, en el artículo 126 sobre la composición del Consejo Escolar, para mostrar quiénes son los destinatarios que justifican todo el servicio educativo.

Respecto a la equidad escolar, el creciente alumnado (propio y extranjero) con necesidad específica de apoyo educativo por origen o minusvalía (sensorial, síquica o motora), e incluso el de altas capacidades intelectuales, sigue en la ambigüedad o en la inseguridad al asegurarse que las dotaciones para centros públicos y concertados serán las mismas (artículo 72), mientras que simultánea y posteriormente en el artículo 112, de medios materiales y humanos, se distinga sutilmente entre sus apartados primero y siguientes. Inicialmente se menciona expresamente a los “centros públicos” como aquéllos que deben ser dotados por las Administraciones Educativas, mientras en los restantes párrafos sean los “centros” genéricos los que atiendan a alumnado de educación especial,… Este artículo debiera incorporar el detalle de referirse en todo momento a los “centros sostenidos con fondos públicos”.

Preocupante resulta el matiz establecido en el artículo 84, relativo a la admisión de alumnos, donde se cita que “las Administraciones educativas realizarán una programación adecuada de los puestos escolares gratuitos que garantice el derecho a la educación”, pero sin mencionar la libertad de elección que corresponde a las familias. En ese mismo artículo, falta la inclusión de un criterio que facilite la continuidad pedagógica en un mismo centro, tanto en el caso de titularidad pública como no pública. En el artículo 88, sobre garantías de gratuidad, sigue sin aparecer el coste de los servicios complementarios de transporte y comedor, que debieran recibir un tratamiento similar en todos los centros sostenidos con fondos públicos.

Tampoco se acomete en esta oportunidad un refuerzo de la formación inicial del profesorado de enseñanza infantil, primaria y secundaria. La convergencia de las condiciones laborales, profesionales y económicas del profesorado y del personal no docente, tanto de centros públicos como concertados, queda en el limbo de los deseos, con una confusa cita en el apartado 117.4 donde turbiamente se sugiere “posibilitar la equiparación gradual de la remuneración (del profesorado concertado) con la del profesorado estatal (sic)”. Como si no existiesen diferencias salariales, incluso entre funcionarios docentes (respecto al “profesorado estatal”, sólo el redactor sabrá a qué se refiere en niveles no universitarios). Por último, en el capítulo del profesorado, la disposición transitoria segunda podría extenderse más allá del 4-10-2010 el régimen de jubilación voluntaria de los mayores de 60 años, a fin de rejuvenecer las plantillas docentes.

Lo peor es el mantenimiento de un sistema educativo basado en la oferta, y no en la demanda familiar (artículo 109. 2). La misma consideración de la educación como “servicio público”, quedaría mejor expresada como “servicio esencial” o de “interés general”, con independencia de la titularidad pública o concertada del centro elegido por los progenitores (situación a la que más se acerca en el Estado la Comunidad Autónoma Vasca, por tradición y financiación). El progreso hacia un sistema cooperativo, prestado por centros públicos y otros de iniciativa social, se entorpece cuando se desiguala por titularidad, como en el artículo 122.3 donde se concede que sólo los centros públicos podrán obtener recursos complementarios. Esto es apropiado y novedoso, pero debiera abrirse en las mismas condiciones a todos los centros “sostenidos con fondos públicos”.

Resulta aberrante el apartado 3 del artículo 109: “En la programación de la oferta de plazas, las Administraciones educativas armonizarán (sic) las exigencias derivadas de la consideración de la educación como servicio público, con los derechos individuales de alumnos, padres y tutores. Asimismo, conciliarán (sic) la libertad de elección de centro con el principio de equidad, atendiendo a las limitaciones materiales derivadas de la capacidad de los centros y de las consignaciones presupuestarias existentes y al principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos (sic)”. Discrepamos profundamente de que la economía impida derechos fundamentales, o que éstos queden restringidos por inciertas razones de supuesta eficiencia. Nefastamente, en la redacción actual el Estado parece erigirse como único titular originario del derecho a la educación, quedando las familias y los centros educativos reducidos a concesionarios de tal derecho. A todos nos conviene que los padres defendamos nuestro derecho a escoger el tipo de educación que preferimos, incluida la formación moral y religiosa que responda a nuestras convicciones.

Nadie discute la necesidad de una reforma educativa, cuando los datos negativos se acumulan en informes internacionales o en comparativas de fracaso escolar. El optimismo para que podamos competir con los mejores debe partir del máximo realismo sobre nuestra posición de partida, así como de un amplio y comprometido enfoque comunitario. Una Pedagogía del Éxito entraña que las familias y los educadores mantengan expectativas positivas sobre las capacidades de sus hijos y alumnos, para afrontan motivada y conjuntamente tan decisiva tarea, solventando los problemas crónicos con ilusión y apoyo social.

Concluyendo: Conviven en el Estado sistemas educativos muy diferenciados que la LOE debiera impulsar y desarrollar mirando hacia lo mejor de Europa, nunca uniformar por abajo. En general, nuestras posiciones educativas son mediocres o insuficientes respecto a la Unión Europea, y entre los países de la OCDE. No es algo de extrañar, dado que socio-culturalmente, económicamente y en esfuerzo educativo (interés familiar y porcentaje del PIB) no destacamos especialmente hasta la fecha.

Sólo cuando la ciudadanía presiona electoralmente, los poderes públicos y los dirigentes políticos otorgan la merecida atención, prioridad y recursos a la educación, a la universidad y a la investigación. Es el tiempo de los hechos. Rige un lema magistral: 'Si alguien cree que la educación es cara, que pruebe con la ignorancia'. Nuestro futuro individual y colectivo, a corto, medio y largo plazo, depende básicamente de nuestra apuesta educativa. Ojalá el debate sobre la LOE nos permitiese advertir la trascendencia de lo que está en juego.

Versión final en: http://mikel.agirregabiria.net/2005/loe.htm

Acuerdo EAJ-PNV y PSE para Gobierno Vasco

 
Bajo el título de "PILARES PARACONSTRUIR UNA EUSKADICON MÁS Y MEJOR EMPLEO,MÁS EQUILIBRIO SOCIAL,MÁS CONVIVENCIAY MÁS Y MEJOR AUTOGOBIERNO", los temas educativos se concentran en el apartado 2.2, titulado 2.2. Una Educación de excelencia para garantizar el equilibrio social.
Reúne lo educativo 9 principios inspiradores y 16 compromisos. Los 16 concreciones acordadas se enuncian como:
  1. Pacto educativo para una nueva Ley Vasca de Educación. Sobre la base de la experiencia adquirida, nos comprometemos a alcanzar un pacto Educativo que termine configurándose en una nueva Ley Vasca de Educación, con el objetivo de estructurar y reforzar la estabilidad y la calidad de la educación vasca, avanzando hacia la excelencia en las próximas décadas. Un pacto que reconozca el papel esencial de la Escuela Pública y su carácter laico, establezca las bases regulatorias para la financiación del conjunto del Sistema educativo, y prepare los cambios materiales y metodológicos para el desarrollo de la innovación tecnológica del mismo.
  2. Plurilingüismo. 
  3. Garantizar la Igualdad en el acceso a la educación.
  4. Calidad Educativa: equidad + excelencia. 
  5. Formación y estabilidad para el profesorado. 
  6. Impulsar el prestigio social de la profesión docente. 
  7. Lograr un mayor equilibrio, cohesión social, interculturalidad y convivencia en nuestros centros educativos. 
  8. Ampliar las infraestructuras educativas de enseñanzas primarias y secundarias. 
  9. Impulsar la modernización tecnológica de la enseñanza. Una modernización tecnológica basada en el apoyo a la creación y difusión de materiales didácticos y contenidos educativos impresos y digitales abiertos (REA), principalmente en euskara, coherentes con el planteamiento didáctico y metodológico del Plan Heziberri 2020. El objetivo es continuar con la transformación tecnológica-pedagógica del conjunto de los centros para mejorar sus proyectos educativos y la construcción de la comunidad virtual de aprendizaje en red.
  10. Ley de Formación Profesional Vasca.
  11. Desarrollar el marco vasco de cualificaciones y especializaciones profesionales en el ámbito de la formación profesional.
  12. Universidad: Seguiremos haciendo una apuesta inequívoca por el desarrollo del sistema universitario vasco, especialmente de la UPV/EHU, mejorando sus recursos para la formación, la investigación y la transferencia de conocimientos. 
  13. Desarrollo de la política científica e investigadora universitaria y promoción del talento. 
  14. Apuesta por la internacionalización del sistema universitario vasco. 
  15. Reforzar la política de Becas en la carrera investigadora. 
  16. Impulsar los programas universidad-empresa. 

Acuerdo educativo vasco: Debate con parlamentarios

De acuerdo con la convocatoria de Kristau Eskola en pro de un acuerdo educativo vasco, hemos podido acercarnos sólo una hora a la Mesa final, de los portavoces parlamentarios de la Comisión de Educación en el Parlamento Vasco: Arantza Aurrekoetxea (Euzko Abertzaleak-Nacionalistas Vascos), Vicente Reyes (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak), Iñaki Oyarzábal (Popular Vasco-Euskal Talde Popularra), Mikel Basabe (Aralar), Juanjo Agirrezabala (Eusko Alkartasuna), Mikel Arana (Ezker Anitza-IU) y Gorka Maneiro (UPyD).

Entre periodistas parlamentarios se suele decir, y lo sabemos de buena fuente, que no seas tan profuso y difuso como los portavoces educativos. Y esto ha parecido corroborarse hoy. Se les ha pedido una ronda de tres minutos, y sólo los cinco primeros que han intervenido han necesitado el triple para decir lo que hemos recogido en el vídeo superior (en euskera y castellano).

Hace tres años, otra Mesa redonda sobre la Educación Vasca convocada por Partaide (la segunda gran patronal de la enseñanza concertada vasca), tuvo lugar muy cerca con los mismos o parecidos portavoces. Los de EAJ-PNV, PSE-EE y PP eran exactamente los mismos. Incluso en el PP, el mismo Juan Carlos Castaño hubo de sustituir al inicialmente programado Iñaki Oyarzábal. Puede verse el vídeo de aquella anterior ocasión, donde los partidos intervinieron de menor a mayor representación.

Han pasado demasiados años desde el "Pacto Escolar" de 1992, y la educación vasca sigue sin una Ley que la regule en su totalidad (sólo queda la Ley de Escuela Pública Vasca de 19 de febrero de 1993). Parece que sólo Kristau Eskola y Partaide, en los últimos años han animado a un debate macro-educativo que no parece recibir el interés de los principales partidos políticos. Las razones pueden ser múltiples, pero probablemente una de los principales obstáculos sea la incapacidad de llegar a unos mínimos acuerdos (incluso en una materia tan estratégica).
Acuerdo educativo vasco: Debate con parlamentarios
Ante lo que parecía, y es una humilde opinión, cubrir el expediente y pasar página, hemos grabado los primeros 40' y seguido con nuestras cotidianas obligaciones que nos reclamaban en otro lugar. En la única foto, anexada sobre estas líneas, aparece el último de los portavoces a quien no hemos podido grabar.

[Actualización: Conclusiones de esta Mesa por partido en la web oficial del Simposio.]

Diez tendencias, previsiones y propuestas educativas

El debate educativo es escaso en nuestros tiempos, y aún más extraño si no está trufado de intereses políticos, económicos, corporativos, sindicales,... Abundan las opiniones contundentes, descalificatorias de quienes no piensan exactamente igual, propiciadas por la defensa de colectivos que no son exactamente los destinatarios del esfuerzo social que debiera estar dirigido solamente por la búsqueda de lo mejor... para el alumnado

Todo el mundo parece saber de educación, porque -y esto es bien cierto- todas las personas han recorrido trayectos educativos y, en muchos casos, han debido decidir sobre la educación de los suyos. Pero no es tan habitual disponer de una perspectiva más general, abierta y completa sobre la complejidad del extenso sistema educativo. Y, lo que es peor, aún habiendo muchos actores que sí disponen de tal capacidad, no todos ellos son capaces de hablar y escribir con sinceridad sobre sus conclusiones, por las consecuencias que se derivarían de su atrevimiento.

Con ánimo de aportar algunas ideas sobre la materia, en época de inicio de año, en plena madrugada, pensando quizá más como abuelo que como educador, con el máximo de honestidad, sin buscar ningún provecho personal, y sin temer nada por la franqueza, enumeraremos los que creemos son vectores de innovación educativa, enunciando la proyección, la predicción y la proposición en cada apartado.

Procuraremos equilibrar las expectativas en estas diez tendencias, previsiones y propuestas educativas, enfocadas hacia las enseñanzas básicas. Seremos relativamente optimistas en las tendencias, que quizá no se produzcan con la celeridad que señalamos. Corregiremos con algo de pesimismo las previsiones, porque son muchas las décadas en las que la inercia de los mecanismos educativos han frenado la innovación. Y, a modo de centralidad, intentaremos ser realistas en las propuestas, muchas veces iniciales o parciales, que convendría adoptar con urgencia. Esas medidas corresponderán no sólo a los poderes públicos y a la administración escolar, sino al conjunto de la ciudadanía.

Son visiones que se solapan, se entrecruzan y se potencian unas con otras, apuntando convergentemente hacia un futuro que podemos imaginar.
  1. Primacía del aprendizaje sobre la enseñanza. Si el siglo XX algún día será reconocido por ser la centuria de la educación, sin duda el siglo XXI lo será del aprendizaje (incluido el aprendizaje invisible) o de la "educación expandida". Esta querencia es tan perceptible como imparable, pero se enfrenta a toda una era de escolarización con currículos y estructuras diseñadas en el XIX y un profesorado del XX. La trayectoria a seguir es la apuesta decidida desde las familias y la sociedad por la conjunción del aprendizaje formal (en un sistema educativo renovado) con el creciente aprendizaje  informal y no formal. Este complemento educacional (el calendario escolar apenas cubre a lo sumo entre 950 ó 1.050 horas anuales de las 8.760 posibles), creciente por la implicación de otras instituciones y la digitalización que lo favorece, habrá de contar con mejor reconocimiento, validación y acreditación (como ya sugieren algunas Directrices de la UNESCO). En este concepto cabe la irrupción de emprendizajes que potencien los aprendizajes en horarios y calendarios suplementarios, bajo pautas lúdicas canalizadas por redes sociales en las distintas competencias a desarrollar.
  2. Creciente trascendencia (y debate) social de la educación. A pesar de que sus efectos siguen el lento ritmo de la naturaleza que exige paciencia y perseverancia, la educación y el aprendizaje son tan importantes que no pueden quedar sólo en manos de la política, o de la administración, o de patronales y sindicatos, o del profesorado, o del alumnado, o de las familias,... Es un tema clave de la totalidad de la ciudadanía, que debe ser vigilante con cuánto requiere y cómo ser gestiona, como la mejor inversión social. Por desgracia, la educación raramente es una prioridad cuando se analiza a corto plazo (la tragedia de la política), pero debe ser una constante sometida a la crítica y a la mejora continua. Hay demasiado desconocimiento, simplificación y condescendencia con nuestra eficacia escolar, con el logro de la equidad y la calidad académica que se alcanza. Convendría más examen sosegado, autocrítico, constructivo, ilusionante,... sobre el rendimiento del esfuerzo que la sociedad dedica a su educación.
  3. Todo el sistema educativo debe primar y centrarse en el alumnado (y sus familias mientras el alumnado sea menor de edad). Porque el alumnado es el núcleo de atención sobre el que articular las propuestas de aprendizaje. Toda la acción de la docencia y de la administración ha de estar al servicio del alumnado. Los derechos profesionales o laborales de los agentes escolares han de estar subordinados a su razón de ser: el alumnado (y sus familias). Esto ha de traducirse en un seguimiento docente más continuado, de forma que se fije el profesorado a etapas discentes (bianuales, como mínimo), involucrándose y responsabilizándose de modo más estrecho con el éxito escolar de cada alumno o alumna. 
  4. Una educación del siglo XXI debiera avalar como un nuevo derecho humano el éxito escolar universal (en las enseñanzas básicas y obligatorias) de todas las alumnas y alumnos. Ya no basta que una sociedad se contente con ofrecer un pupitre a cada escolar, sino que ha de asegurar que - a lo largo de su trayectoria de escolarización- cada miembro del alumnado descubrirá su talento personal y elegirá su opción vital para convertirse en una persona integralmente formada (y ello también significa, con un destino profesional factible).  Para todo lo cual deben generarse centros educativos diversificados con modelos variados que sean del agrado y permitan elegir a las familias (incluso, y especialmente, en un sistema público no homogéneo). También es preciso vincular más al profesorado con el éxito académico del alumnado a su cargo, secuenciando las metas competenciales a alcanzar en cada etapa. Al igual que un padre o una madre no acepta que alguno de sus hijos e hijas quede atrás, el profesorado comprenderá las circunstancias particulares del alumnado y buscará un camino que le lleve al máximo de sus potencialidades.
  5. Una cultura de evaluación constante se abrirá paso en todo el sistema educativo. Porque sólo una evaluación combinada (externa e interna) y contextualizada, general de todos los protagonistas (alumnado) y agentes, podrá garantizar la equidad y la calidad de todo el alumnado, de todas las aulas, de todos los centros, de todas las redes, así como de la administración, inspección, servicios de apoyo,... Siempre se consideró, pero luego no se aplicó, la diferenciación entre quien instruye (ahora diríamos mejor conduce el aprendizaje) y quien evalúa el proceso. Las evaluaciones diagnósticas, las evaluaciones externas, basadas en competencias y en contenidos, y desde la Educación Primaria, pueden ser un instrumento válido y esencial de mejora que establezca los refuerzos necesarios para que todo el alumnado progrese en conjunto, porque los desniveles se corrigen cuando son pequeños. Así se eliminarían, y a ultranza, las repeticiones de curso que se han demostrado inútiles.
  6. El currículum formal ha de concentrarse en los lenguajes y metalenguajes, para el limitado calendario de la educación formal. Las competencias (como la de aprender a aprender), los lenguajes naturales (euskera, castellano, inglés,...) y los metalenguajes matemático, científico, tecnológico y digital son la columna vertebral del currículo de las primeras etapas educativas. Para su debida consecución deben establecerse niveles y objetivos perfectamente definidos antes de finalizar las sucesivas etapas escolares. Los Boletines Oficiales, o las Leyes Orgánicas como la LOMCE, deben establecer niveles mínimos finales de las distintas etapas educativas, tales como el nivel de conocimiento de los idiomas oficiales o extranjeros, y según un baremo objetivo y mensurable. Y pueden hacerlo a escala de Estado, o mejor a nivel incluso continental, como el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). Pero no han de entrometerse en las metodologías pedagógicas para alcanzar dichos niveles, por razones tan obvias como la singularidad del alumnado, que hace difícil recomendar estrategias de aplicación general.
  7. La educación digital (reducación o sarezkuntza) debe transformar y mutar la escuela actual, potenciando nuevas realidades de aprendizaje transmedia con una comunidad abierta por el cauce de un Internet omnipresente y accesible a través de dispositivos móviles (smatphones, tablets,...), que debiera estar a nuestro alcance en todo momento y lugar. Su generalización abrirá el entorno escolar a las familias y al conjunto de la sociedad, que podrá participar por nuevas vías. Estas tecnologías han producido efectos inimaginables hace pocos años en las poderosas "industrias de la información", y muestran la misma oportunidad (y potencialidad de crisis) en las "instituciones de la formación". Su vertiginosa evolución (o red-volución) determina que lo que pudo ser una medida positiva como la distribución masiva de netbooks en Primaria y Secundaria ya no sea posible. Simple y llanamente, porque el mercado ha dejado de fabricarlos en favor de las tabletas digitales, lo que supone una vuelta a un super-pizarrín que pone en entredicho toda la historia de libros de texto, pesadas mochilas, diccionarios,... Y ya no caben excusas de costes, porque su abaratamiento (en continente y contenido) hace inexorable una inmediata tabletización con textos multilingües (tan beneficiosos para alumnado y familias), acceso inmediato y duradero, movilidad, inclusión digital universal,...
  8. Atención a la pluralidad de ofertas escolares (con diversidad de titularidades, modelos pedagógicos,...). El derecho a la educación, y al éxito educativo, reside en el alumnado, y en sus familias en tanto aquel es menor de edad. Debe ser objeto de atención y extremo cuidado el favorecer la multiplicidad de elección escolar, siempre que encuentre refrendo por parte de quienes se matriculan. Es una peculiaridad que puede dinamizar la innovación, mejorar la gestión y permitir la cooperación. Esa pluralidad debe protegerse con medidas que apoyen la adecuación a las demandas del alumnado (y de sus familias), que son quienes deben regir la planificación educativa. Para que la red de titularidad pública, la mayor de las actuales, actúe como una red educativa (como otras concertadas como Kristau Eskola, Partaide,...) debiera quedar organizada como una “Hezikidetza”, poniendo en juego la totalidad de sus recursos humanos. Así, la administración educativa general (con alguna semejanza con la sanitaria) velaría por el conjunto de la educación vasca mediante programas y conciertos a través de sus diferentes redes escolares, cuidando que la red de titularidad pública sea garante de la escolarización universal.
  9. Reordenación y aprendizaje permanente del profesorado, de las direcciones escolares, y del conjunto de los servicios de apoyo e inspección, así como de la administración educativa. El profesorado y las direcciones escolares, en pro de una máxima responsabilidad y autonomía de centros, son las piezas esenciales para que una sociedad se dote de una correcta y eficiente educación, con una amplia capacidad de autonomía a nivel de centro, departamento, etapa,... y de colaboración intrared o interredes escolares. La formación inicial y continuada, así como la carrera profesional, son aspectos a cuidar en la organización de la enseñanza, a fin de reconvertir a docentes en knowmads (nómadas del conocimiento). La administración debe simplificarse al tiempo que se hace más abierta y transparente para familias y agentes educativos. Los recursos humanos destinados a la educación han de reagruparse en torno a las aulas y los centros, actuando en proximidad máxima con el alumnado a fin de promover su éxito, en formatos presenciales o virtuales para compensar desigualdades socio-culturales de las familias a las que pertenezcan. Pervive demasiada estructura y jerarquía cuando nos encaminamos hacia un escenario de "Educación 3.0", basado en un aprendizaje más horizontal (entre iguales), un conocimiento aplicado contextualmente, unas relaciones menos jerarquizadas (en redarquías),...
  10. Urge un amplio "Acuerdo Escolar". En el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco que abarque a todo el sistema educativo vasco, algo no alcanzado tras 30 años de autogobierno, y que complete el "pacto escolar" de 1993 (que sólo cubría la mitad del sistema con una "Ley de la Escuela Pública Vasca" y que estaba programado para durar, a lo sumo, siete años). La génesis de este Acuerdo, extensible también a nivel de Estado y de Europa, debe propiciar una mínima regulación de modo que se confíe en las comunidades escolares que alientan cada centro, pero fijando metas medibles de resultados discentes. Ya han pasado 20 años desde el "pacto escolar" y han cambiado, afortunadamente mejorado, las condiciones. Ahora no basta una negociación sólo entre dos partidos, ni siquiera a escala exclusivamente política. Un nuevo acuerdo debe dimensionarse socialmente, escuchando especialmente a los agentes escolares -y en primer lugar a los prescriptores como lo son las familias-.