Tras cuarenta y tres años en la educación, en la universidad, en la administración educativa, en el sindicalismo y en la innovación social, ya de jubilado y abuelo no puedo entender cómo hemos llegado al absurdo de que un centenar de miles de alumnas y alumnos se quede sin clase durante todo un mes, desde el 7 de noviembre hasta el 5 de diciembre de 2019.
Conozco, respeto e, incluso admiro, a muchos de estos agentes con una responsabilidad directa en este gravísimo hecho que limita el prioritario derecho a la educación de las y los escolares, y que altera profundamente a sus familias.
Ya sabemos que todas las partes tienen razones legítimas y argumentos para defender sus posiciones:
Diez años sin renovar el Convenio Laboral para este profesorado, financiación sin margen de maniobra para las patronales
Kristau Eskola y
AICE-IZEA, colateralidad de la
administración educativa,...
Pero todo
el sistema educativo está para servir al alumnado y a las familias. Esa es la última y la primera, la única razón de su existencia. La madurez de quienes educamos, desde las aulas, pero también desde los sindicatos, las patronales y la administración, debe demostrar que negociando y concediendo se puede evitar lo que sería un dislate que no se merece esta sociedad.
Apelo a que bajo una
mediación neutral (¿por qué no el mismo Lehendakari o persona en quien delegue?) y
con el plazo límite del 6 de noviembre se sienten todas las instancias implicadas a
consensuar un acuerdo, bajo la presión de la mirada de una infancia y una juventud a las que no podemos defraudar.
