Que el mundo es injusto es algo obvio. Y los salarios lo son, especialmente en el sector privado. Cabría esperar que en la reglamentada cosa pública hubiese algo más de racionalidad. No es el caso. De hecho, actúa un sistema de castas derivado del tamaño de la administración dependiente: Cuanto más grande, peor sueldo. A igualdad de titulaciones y funciones la peor es
la administración central, luego la autonómica, después la local, luego la foral,… Lo óptimo es ser funcionario en los propios parlamentos o personal de sociedades públicas minúsculas.
En el País Vasco, sin llegar a que uno de
cada cuatro trabajadores sea funcionario como en Extremadura o como
Andalucía con más funcionarios que Euskadi, Cataluña y Madrid juntas), los sueldos dependen de si los abona el Estado a sus funcionarios (17.000 sólo en la CAPV), el Gobierno Vasco (62.000 entre docentes preuniversitarios, sanitarios, ertzainas,…, y los 5.100 de la Administración General), los Ayuntamientos (24.000), las Diputaciones Forales (6.000),…
Así se producen aberraciones como que un profesor universitario (Adm. Central) perciba menos que uno de Secundaria (Adm. Autonómica), que un administrativo de cualquier parlamento gane más que un diplomado en una autonomía, o que el
Presidente de la Diputación de Palencia cobre más que el del Estado. Todo esto sin mencionar
las diferencias entre comunidades autónomas, y otros casos como los centenares de directivos de Cajas de Ahorro vascas, algo público también, que ganan más que el Lehendakari, o Consorcios públicos (de Agua,…) donde hasta el último subalterno gana más que los Catedráticos de Universidad. ¿No tendríamos que hacer algo al respecto?